Otra vez el tema expropiaciones

SIN RESPUESTA

Expropiaciones: la causa, frenada en una Sala Penal

Tiene, por lo menos, 18 planteos sin resolver. La gran mayoría ingresó en 2013 y no hay novedades.Por Leonardo Domínguez - Diario De CuyoMientras la discusión por la supuesta incomodidad que genera en algunos jueces intervenir en la causa de las expropiaciones se agudiza, el proceso quedó estancado en la Cámara Penal. La Sala II, integrada por Juan Carlos Peluc, Eduardo Gil y José Vega, tiene desde el año pasado una pila de planteos presentados por los acusados del caso y no los ha resuelto. Entre ellos están las apelaciones a los procesamientos, que aún no se terminan de sustanciar, y un recurso de excarcelación de Santiago Graffigna que debió ser prioridad y diligenciarse en no más de dos meses.
La llamada megacausa, donde se investiga una millonaria estafa al Estado en juicios de expropiaciones, tiene como procesados a Graffigna (el más complicado), la exmagistrada Rosalba Marún, el exfiscal de Estado Mario Díaz, el exempleado de Recursos Hídricos Néstor Ruiz, la experito oficial Ana Melvin y 6 exintegrantes del Tribunal de Tasaciones. Todos, por distintos motivos, han recurrido ante la Sala II de la Cámara Penal para que sean revisadas las decisiones que tomó María Inés Rosselot, quien estuvo a cargo de la investigación hasta el mes pasado. 
La mayor parte de los recursos fue formulada el año pasado y sin embargo, la Sala II no se ha expedido. Según fuentes judiciales, hay al menos 18 planteos que están pendientes de resolución. En marzo de 2013 ingresó uno de nulidad presentado por Marún, en julio entró una apelación a la denegatoria de la excarcelación de Graffigna y en septiembre fue el turno de las 11 apelaciones a los procesamientos, a lo que hay que sumar cuatro planteos más hechos por Marún. Además, en enero último ingresó una apelación del principal implicado insistiendo con su detención domiciliaria.
Cuando a los jueces del fuero Penal les preguntan por la morosidad del sistema judicial, se justifican diciendo que están superados por la falta de personal y que le dan prioridad a las causas con detenidos. Así todo, hace 9 meses que está en estudio si un preso podrá salir o no. Abogados y jueces consultados aseguraron que la resolución de un recurso de ese tenor es prioritaria y que debería llevar unos dos meses o 70 días como máximo, sencillamente porque está en juego de la libertad de una persona.
Algo parecido pasa con las apelaciones a los procesamientos. Hace siete meses que ingresaron a la Sala II y sus miembros ni siquiera las han terminado de sustanciar, a pesar de que la razonabilidad de los profesionales dicta que esa parte del proceso no debería ir más allá de cuatro o cinco meses. La sustanciación es correrle traslado a las partes para que den su opinión acerca del planteo y con todos esos elementos, los camaristas recién se pueden sentar a analizar cómo resolver. 
La suerte de la causa está muy atada a lo que digan la Sala II acerca de los procesamientos. Si los confirman, los imputados pueden recurrir a la Corte o aceptar ir a juicio oral y público. Si los revocan, el fiscal y la querella pueden intentar dar vuelta esa decisión en el máximo tribunal.
Las demoras y el freno de la causa en segunda instancia han despertado quejas de parte de la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en nombre de la provincia, y de los abogados defensores. Estos últimos recuerdan cada vez que pueden que todo acusado tiene derecho a ser sometido a un proceso en un plazo razonable y hasta han presentado escritos pidiendo que se respeten los plazos. 
El accionar de los jueces fue motivo de un fuerte cruce esta semana. En una entrevista exclusiva con este diario, a días de haberse jubilado, Rosselot aseguró que algunos tienen miedo de actuar en el caso de las expropiaciones y desde el Colegio de Magistrados salieron a negarlo en duros términos. Así afloró la vieja polémica de si hay magistrados que prefieren sacarse la brasa caliente de encima, por tratarse de un proceso en el que el Gobierno está de un lado y personas de renombre y muy conocidas en Tribunales del otro.
Las dudas vienen del año pasado. Cuando los abogados comenzaron a apelar las medidas de Rosselot, en la Cámara Penal hubo una catarata de inhibiciones de sus miembros por tener amistad con imputados. Se excusaron los siete camaristas que estaban en actividad y armar un tribunal llevó meses. Finalmente, a tres de ellos les rechazaron la inhibición y la Sala II quedó compuesta por Vega, Gil y Peluc, los que deben dictar resolución en los recursos que están acumulados.