Como ya habíamos advertido en un artículo anterior titulado Otro desesperado intento USA contra Cuba y Venezuela, un ridículo informe elaborado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) y el Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio, trata de satanizar a Cuba y a Venezuela sobre la base de las siguientes tesis principales: a) en Venezuela existe un estado fallido controlado por un grupo criminal vinculado al narcotráfico y al terrorismo transnacional, implementado por Cuba, b) la entrega por parte del gobierno venezolano de la independencia nacional a Cuba que ha establecido allí un modelo moderno de dominación colonial, c) este esquema de dominación, supuestamente, comete de forma continuada crímenes de lesa humanidad, como son la tortura y el genocidio por la actual hambruna y desastre humanitario que azota a la población, sumado a la violación de los DDHH y la inseguridad ciudadana, d) la intención de vender a Venezuela como una amenaza a sus países vecinos, e) validación del llamado gobierno constitucional de Juan Guaidó, f) vender la falsa matriz de opinión de que el conflicto interno en Venezuela se internacionalizó desde el momento en que se manifestó una supuesta injerencia cubana dentro de esa nación, a la que se suma actualmente Rusia, así como la total justificación para legalizar una acción armada contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Lo interesante de este manipulado informe es que abre las puertas a acciones contra la nación bolivariana bajo la deformada interpretación de instrumentos jurídicos internacionales tales como la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado, la resolución adoptada por la Cumbre Mundial de esa organización en 2005: la Responsabilidad de Proteger y lo estipulado en el Artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas sobre el derecho de todo estado a la defensa individual o colectiva frente a agresiones armadas de otro país, con los que se busca bendecir una intervención militar contra Venezuela a espaldas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Dentro de la estrategia propuesta en el documento –muchas de las acciones ya están en plena implementación– se contempla sumar a la comunidad internacional al bloqueo del acceso a nuevos recursos financieros y de armamentos, la intercepción de cargamentos aéreos y/o navales y la apertura de un corredor humanitario protegido para llevar alimentos y medicinas para la población. Sin embargo, lo más peligroso de este documento es que sus autores apuestan por el uso de la fuerza e incluso la amenaza de uso de la fuerza dejando a un lado una solución negociada. Al respecto, destaca: “Para obtener éxito en una negociación es necesario que la otra parte se convenza de que no tiene a su alcance una “Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado”. Las promesas de amnistía y desbloqueo de cuentas bancarias no son tan persuasivos como preservar la vida. Retirar de la mesa el uso de la fuerza –incluso la amenaza de usarla– solo favorece la reticencia a toda negociación genuina. La pública exclusión previa de esas opciones no contribuye a crear incentivos para que el ejército reconsidere su lealtad al actual régimen criminal”. ”
Los autores del informe, el cual fue entregado el 19 de abril, hace apenas cuatro días, al Congreso norteamericano, particularmente a Rick Scott y Marco Rubio, tiene como propósito recrudecer la guerra mediática contra Venezuela mediante dos premisas básicas: No es posible llegar a un acuerdo negociado con el régimen venezolano sin hacerles sentir miedo creíble a las consecuencias de su rechazo. El uso exclusivo de sanciones económicas no resolverá el fin de la usurpación. (…) Pero la idea de que Maduro puede sostener una guerra prolongada en Venezuela y la región por medio irregulares tiene más que ver con un mantra de propaganda que con la realidad.
Para justificar su agresión inmediata a Venezuela minimizan el costo en vidas y la justifican arguyendo que “solo el pasado año, produjo 23.047 muertes violentas (en comparación con 2.640 en Afganistán en el mismo periodo) –sin contar las miles de muertes como resultado de la hambruna y falta de medicamentos.” A la par comparan el supuesto éxodo de venezolanos como superior al ocasionado en Siria por la guerra, presentándolo como una amenaza a las naciones vecinas.
Otra justificación para la agresión militar es argumentar que la comunidad internacional ha distorsionado el uso de la fuerza contra Venezuela ya que, según los autores, el uso de la fuerza no presupone exclusivamente el empleo de tropas terrestres y ocupaciones prolongadas. Para ellos resultaría más práctica la realización de golpes quirúrgicos contra objetivos gubernamentales y/o implementar zonas de vuelo restringidas para supuestamente proteger entregas de ayuda humanitaria, a la par que usar tropas de élite de gran movilidad que desarrollen acciones selectivas contra los partidarios de Maduro y, lógicamente, la eliminación personalizada de la dirigencia bolivariana mediante ataques con drones y atentados.
Equiparar el uso de la fuerza solo a acciones en gran escala con desembarcos y ocupaciones prolongadas solo tiene el propósito de confundir a incautos y neutralizar a los que desean alguna acción decisiva para sacar del poder a una pandilla de facinerosos que no se marcharán por voluntad propia.
Una gran parte del trabajo de los autores está encaminada a demostrar la presencia de fuerzas especializadas de corte militar y de contrainteligencia desplegadas dentro de las FANB y organismos institucionales, para lo cual acuden a supuestos “expertos” que, como el general venezolano Antonio Rivero y el coronel Julio Rodríguez Salas, se desviven en tratar de desnudar una supuesta presencia militar cubana en Venezuela. Asimismo usaron como fuentes al ex ministro del interior y defensa boliviano, Carlos Sánchez, y el experto norteamericano Douglas Farah.
Los autores de este informe fueron los ya destacados anticubanos Juan Antonio Blanco quien tiene un largo historial al servicio de los enemigos de Cuba y Venezuela al haber fungido como Director de Programas Latinoamericanos de Human Rights Internet, Director Asociado Visitante del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, y luego como Director Ejecutivo del Centro de Iniciativas para América Latina y el Caribe de Miami Dade College trabajando últimamente como Director Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC); Rolando Cartaya quien ha estado vinculado a Radio Martí y a otras entidades encargadas de llevar a cabo la guerra mediática anticubana desde EEUU; Luis Domínguez, connotado fabricante de mentiras sobre revolucionarios cubanos dedicados a la gobernabilidad y a funciones de defensa de nuestro Estado a través de del foro “Secretos de Cuba” y del blog “Cuba al Descubierto”; por último el venezolano Casto Ocando, quien se ha dedicado a inventar supuestas investigaciones de dudosa credibilidad sobre el gobierno bolivariano.
Detrás de este intento, en gran parte obtenido de fuentes públicas dedicadas a la guerra ideológica contra nuestras dos naciones, basado también en las especulaciones de traidores venezolanos y de dudosos expertos en temas de seguridad hemisférica, se pretende ofrecer a la ultraderecha reaccionaria en el Congreso USA y a los halcones aupados por la administración Trump, de un nuevo instrumento para tratar de vulnerar y desvirtuar los vínculos solidarios entre las dos grandes patrias de Bolívar y Martí, azuzar a una guerra de consecuencias incalculables y a reforzar el hegemonismo norteamericano en la región.
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