Miles de personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) están recibiendo cartas de la Seguridad Social reclamando pagos indebidos correspondientes a los años 2021 y 2022. Estas reclamaciones, que se suman a las ya existentes, han generado una gran preocupación entre los perceptores, muchos de los cuales se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las cartas recibidas por los afectados varían en su contenido.
Algunas incluyen notificaciones de apremio que exigen cantidades desorbitadas sin posibilidad de fraccionamiento, mientras que otras detallan el fraccionamiento de la deuda en cuotas mensuales que, en algunos casos, son tan elevadas que dejan a los perceptores en una situación de precariedad aún mayor.
Un caso particularmente alarmante es el de una madre soltera desempleada con dos hijos menores a cargo. A ella se le reclama una cantidad correspondiente al año 2022 que, de ser descontada de su IMV, la dejaría con apenas 200 euros mensuales para vivir. Esta situación, similar a la de muchos otros perceptores afectados, pone en tela de juicio la eficacia del IMV como herramienta para combatir la pobreza.
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La Seguridad Social justifica estas reclamaciones en la revisión anual del IMV
La Seguridad Social justifica estas reclamaciones en la revisión anual del IMV, que debe realizarse en enero pero que, en algunos casos, se ha llevado a cabo en diciembre. Este retraso ha generado pagos indebidos correspondientes al año de la revisión, que la Seguridad Social ahora reclama.
Sin embargo, los afectados exigen que se aplique el mismo criterio que se utiliza para las infracciones de los perceptores al IMV. En estos casos, la administración solo puede exigir la devolución del dinero recibido durante los 180 días anteriores al error. Los afectados argumentan que, si este criterio se aplica a las infracciones de los perceptores, también debería aplicarse a los errores cometidos por la Seguridad Social.
Para apoyar a los afectados y exigir una solución justa a este problema, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org. La campaña busca que la Seguridad Social aplique el criterio de los 180 días a los pagos indebidos y que se condone la deuda en los casos en que la reclamación sea injusta.
La situación actual es preocupante y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades. Es necesario garantizar que el IMV cumpla su objetivo de combatir la pobreza y no se convierta en una fuente de estrés y angustia para los más vulnerables.
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