PAH, democracia e injusticia

Pocos ciudadanos habrá hoy que no conozcan o no hayan oído hablar sobradamente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o de la plataforma Stop Desahucios. Lamentablemente para todos, y vergonzosamente para el gobierno español, estas plataformas están realizando una labor social encomiable supliendo lo que las instituciones públicas no quieren o son incapaces de ofrecer. ¿Quién no conoce algún caso en el que la PAH o Stop Desahucios se hayan movilizado para evitar un desahucio, para encontrar una solución a una situación injusta? Prácticamente cada día escuchamos una noticia en el que estos colectivos han actuado con el único objetivo de conseguir un aplazamiento, una revisión de los términos de la hipoteca, un alquiler social o, en todo caso, para evitar in extremis una injusticia flagrante. Sin ir más lejos, hoy he leído que en Tarazona Stop Desahucios han conseguido paralizar la expulsión de su hogar de una mujer y su hija, a pesar de la ley que "respaldaba" la exigencia de un exmarido maltratador. O quién no recuerda el desahucio de Carmen, una mujer de 85 años del barrio de Vallecas de Madrid, víctima de unas leyes insensibles con el sufrimiento y la dignidad humanas. Ese desahucio llenó las páginas de muchos periódicos gracias a la acción del entrenador y la plantilla del Rayo Vallecano, pero fueron los integrantes de la PAH y de Stop Desahucios quienes salvaron a Carmen de ser arrojada a la calle.

En demasiadas ocasiones he oído una frase muy recurrente en políticos cercanos al poder: la democracia es el imperio de la ley. Efectivamente, es así, pero falta completar la frase. Porque cualquier ley no es justa por el simple hecho de ser ley. La justicia, ya sea como institución o como código social, no es justa per se. Para que la justicia sea justa necesita algo más que ser escrita en un código y defendida con independencia, esas son condiciones necesarias en democracia, aunque no suficientes. La justicia democrática necesita haber sido aceptada por todos, o al menos por una mayoría, y aceptada como una regla que nos ayudará a ser más libres, a vivir más seguros y a tener las mismas posibilidades de ser felices a todos. Es decir, la justicia en el mundo actual solo se puede entender desde la seguridad, la libertad y la equidad. Y desde este punto de vista las leyes españolas no son justas. Evidentemente, una afirmación como ésta debe justificarse muy bien, pero en este caso no es necesario que busque muchos argumentos, puesto que la PAH y Stop Desahucios se encargan cada día de mostrarnos las injusticias de un sistema que no es capaz de preservar la seguridad de las personas, la libertad de pensamiento y expresión, y la equidad entre sus ciudadanos. Cada acción de estos colectivos es una bofetada en la cara a políticos, instituciones, bancos y empresas. Cada una de sus acciones es una demostración de la vergüenza en la que deberían ahogarse, si fueran democráticos.
Si echamos un vistazo a la página web de la PAH, veremos que han sido capaces de paralizar más de 1.135 desahucios y que han realojado a más de 1.180 personas. Las herramientas que han utilizado son muy simples, aunque no por ello menos valiosas: la sensibilidad social y la solidaridad. Pues bien, leamos esos datos de otra manera: el Estado Español tiene más de 2.000 motivos para avergonzarse. Cuando los ciudadanos deben suplir al estado para protegerse a sí mismo es que el estado es absolutamente inútil o, lo que es más peligroso, no es democrático. ¿Cómo puede un gobernante que ostenta el poder de todo un estado verse señalado y avergonzado por sus propios ciudadanos sin que sea capaz de reaccionar? Pues eso exactamente es lo que está pasando en la actualidad. Y, siendo así, me avergüenzo de este estado "democrático", aunque también debo decir que me enorgullezco de tener cerca a conciudadanos que ante la injusticia responden con la solidaridad.