Palacio Roccatagliata: U$S 150 millones podría costarle a la Ciudad

Las torres abandonadas del
Palacio Roccatagliata

Los comprandores de las paralizadas torres conocidas como Palacio Roccatagliata esperan que la justicia defina si la causa puede ser apelada en la Corte porteña, el Tribunal Superior de Justicia. Mientras, calculan que la Ciudad de Buenos Aires debería afrontar un juicio por más de U$S 150 millones, por haber dado un permiso no apto para la construcción que, en pleno barrio de Coghlan está paralizada.
Por un lado un grupo de compradores que pagó cuotas para obtener una vivienda de jerarquía, representados por un estudio jurídico acusan tanto a los desarrolladores como al Gobierno porteño que en apariencia entregó un permiso de construcción provisorio y comenzó la edificación. Por otra parte dos ingenieros de apellido Fernández
vendieron los lotes a la empresa Palacio Rocattagliata y reclaman 50 departamentos. Un amparo frenó la obra por se supuestamente ilegal en un fallo que confirmó la Cámara porteña el año pasado.
Los compradores quieren que se les devuelva el dinero. Preparan demanda también contra el Gobierno porteño. Desde que la Justicia frenó definitivamente la obra en torno al Palacio Roccatagliata, los compradores buscan la manera de recuperar el dinero invertido, pero por ahora los desarrolladores les dicen que no tiene fondos para hacerse cargo. La obra de dos torres que rodean a la antigua construcción de estilo italiano, del año 1900, que fuera de la familia Roccatagliata, que también fue dueña de la Confitería El Molino, comenzó por 2012; pero la demanda de un exlegislador la detuvo cinco años después, es decir, con la construcción avanzada pera inconclusa. Ahora puede convertirse en otro “Elefante Blanco” en pleno barrio de Coghlan, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la construcción de las torres, una de 13 y otra de 28 pisos en la calle Roosevelt al 3100, el exlegislador Gustavo Vera, denunció que la edificación sería irregular. Se suspendió en 2016, alegando que la obra debería contar con un permiso o cambio de zonificación por parte de la Legislatura porteña y además estaría en contradicción con el Plan Urbano Ambiental. “Las obras realizadas en una parcela de 2.500 metros o más que requieran de normas urbanísticas particulares, deben ser categorizadas como de impacto ambiental con relevante efecto. Esto acarrea la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental con audiencia pública, tal como prevé la Constitución local en su artículo 30. Esto no sucedió en el presente caso”, se indicó. La Cámara de Apelaciones, un año después, en octubre de 2017 ratificó con un fallo unánime que la obra era irregular y que el permiso otorgado por el Gobierno porteño a los desarrolladores fue probado por un supuesto exceso en las facultades de esa administración. Los jueces rechazaron la apelación del Gobierno porteño y de los desarrolladores avalando, como pretendió la demanda, que la obra violaba las normas urbanísticas de la zona. Los compradores reclaman un promedio de U$S 3500 en departamentos desde dos hasta cuatro pisos, todos con detalles de categoría, que fueron pagando, inclusive, con la obra paralizada. Pero, al menos un grupo se encuentra en un proceso de mediación con las firmas, según detalló el abogado Facundo Etchenique. El letrado contó que tuvieron una mediación pero que los desarrolladores no aportaron solución y que, cuando termine ese proceso al que el Gobierno de la Ciudad no se presenta, pedirán una medida cautelar. Creen que los constructores no expusieron argumentos contundentes y, de alguna manera perdieron el reclamo. El diseño de los edificios envuelve al viejo Palacio. Lo desarrollaron KWZ (Kaufman, Wainstein, Zelwianski), Natal Inversiones, Qualis Development S.A., Estudio Brodschi, Juan Carlos y Ezequiel Fernández y Palacio Roccatagliata S.A.
“En Diciembre pasado, cansados de excusas por parte de los desarrolladores decidimos promover las acciones judiciales para defender nuestros derechos”, explican los compradores: sostienen que “el tema no ha sido bien defendido en la Justicia por quienes debían proteger la obra y el dinero de todos los que confiamos en el proyecto por eso iniciamos las mediaciones por daños y perjuicios contra todos ellos y contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Etchenique indicó que una vez que termine la ronda de mediaciones, este mes, presentará las demandas, incluido el Gobierno porteño.
“Sin duda hay también responsabilidad solidaria del Gobierno porteño y por eso también lo vamos a demandar para que responda conjuntamente con quienes nosotros contratamos y nos defraudaron”, completaron los compradores.
Desde el estudio jurídico, por otra parte entienden que “el planteo utilizado por los desarrolladores ha sido incompleto y equivocado y por ello los jueces no tuvieron mas alternativa que dictar la nulidad del permiso de obra” y que “es evidente que Fernández, KWZ y Brodschi se confiaron y subestimaron la cautelar y esto agrava la responsabilidad patrimonial de todos ellos frente a los damnificados”.
Mientras, acota el letrado de los perjudicados “el Tribunal Superior de Justicia porteño analiza si acepta o no la apelación de Palacio Roccatagliata SA KWZ Arquitectura y Desarrollos, Natal Inversiones SA, Estudio Brodschi, Qualis Development S.A y la familia Fernández seguirán desfilando por las mediaciones prejudiciales requeridas por los damnificados como requisito previo al juicio”.