Pandereta de país

Algunas veces he dicho que la independencia por la que todos deberíamos estar luchando es para librarnos del montón de fantoches que nos gobiernan, de la maldita Oligarquía, mandarlos a todos a su casa y volver a empezar. 

La última barbaridad no creo que hubiese ocurrido en la primera época del franquismo, la que acabó poco después de la muerte del dictador, no porque las cosas se hiciesen entonces con mucha más seriedad que en la actual segunda época franquista, sino porque eran más listos.

Aunque el asunto, una vez más tiene que ver con el problema catalán, en realidad se refiere a un problema mucho mayor, el desastre de Administración Pública que padecemos, que se salta todas las normas, escritas y no escritas, y solo se guía por las instrucciones, no escritas y cambiantes, que emanan de los líderes supremos del actual franquismo.

Por si no os habéis enterado, hacia mediados de Febrero un grupo de unos 35 jueces catalanes publicaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. El manifiesto ni siquiera puede considerarse como una defensa explícita del tal derecho, y se limita a dejar claro que ni la Constitución ni ninguna otra norma dejan fuera de la Ley el intentar realizar una consulta por métodos legales. Es decir, se referían a lo que muchos decimos: que la tal consulta no es ilegal y no está explícitamente desautorizada por norma legal alguna.

A pesar que incluso podría calificarse el mencionado manifiesto como un documento sobre técnica jurídica, parece ser que los franquistas no saben leer porque la reacción de la caverna mediática ha sido, como siempre, histérica y muy desproporcionada, y parece que tampoco saben contar porque hablan de 33 jueces aunque en realidad son 35, pero está claro que para saber cuántos son se ha de haber leído el manifiesto. Que yo sepa nadie los ha tachado todavía de terroristas, aunque no me extrañaría, porque han sido calificados como independentistas, delincuentes, conspiradores, subversivos, etc. y Manos Limpias los ha denunciado frente al Consejo General del Poder Judicial por “falta disciplinaria muy grave de falta de respeto y acatamiento a la Constitución”, o sea que tenemos una Constitución y unas leyes rarísimas porque el hecho que unos jueces den su opinión sobre la legalidad de un acto es contrario a la Constitución y a todas las normas de la judicatura.

Pero el periódico La Razón acaba de ponerle la guinda perfecta a este pastel de la España Una, Grande y Libre: en su edición del lunes 3 de Marzo publicó un artículo titulado  “La Conspiración de los 33 Jueces Soberanistas”, cuyas dos páginas adjunto (para leerla haced clic sobre la página), en que no solo se vertían todo tipo de acusaciones e insultos a los jueces que se habían atrevido a incomodar y contradecir al Régimen, llegando al extremo ridículo de acusarlos de “subvertir el marco jurídico y pisotear la moral judicial“, sino que además publicaban la fotografía de los 33, y ahora viene lo grave: ¡¡las fotos de 25 de ellos eran las del DNI!!.

Los datos personales que se entregan a cualquier persona o institución están protegidos por la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, que desarrolla un Derecho Fundamental, el de protección de los datos personales, que como a tal está contemplado y protegido por la Constitución. La única conclusión válida a esta barbaridad es que los que utilizan la Constitución para obligar a los demás a hacer lo que ellos quieren en realidad se hacen sus necesidades fisiológicas sobre la Ley Fundamental cuando son ellos quienes deben cumplirla. Es decir, los franquistas no aplican la leyes sino que las usan, lo que supone que según a quien o a que se apliquen las leyes tendrán unos efectos u otros bien distintos e incluso contrapuestos. Es decir: ¡Aquí mando yo! y lo demás es el caos. Por eso Rajoy en vez de tener la decencia de decir alto y claro que no quiere ni oír hablar de referéndums, soberanismos o diálogos porque no le da la gana, se protege detrás de leyes inexistentes, por eso Manos Limpias denuncia a los 35 jueces con la falsa acusación de actuar de manera anticonstitucional, pero jamás denunciará a La Razón por no respetar un derecho fundamental que si está contemplado en la Constitución, y por eso La Razón ha cometido un delito contra la Protección de Datos cuando en su página web resumen las obligaciones básicas que establece la mencionada Ley y dicen comprometerse a cumplirlas.

Es extremadamente grave que unas fotos entregadas al Ministerio del Interior como datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos hayan acabado apareciendo publicadas en La Razón, y es la guinda de otro pastel maloliente: el incesante flujo de datos e información desde los Ministerios de Interior y Justicia hacia determinados periódicos de la capital. Pero es igual de grave que un periódico que conoce perfectamente la Ley y en su página web se compromete a cumplirla le importe todo un bledo y las publiqué. Pero tranquilos, hemos perdido absolutamente la sensibilidad y ya solo importa aquello que el Régimen decide, y como es habitual, tampoco va a ocurrir nada en este caso.

Según la mencionada Ley 15/1999 cometen delito penal tanto el que cede información personal de terceros como el que la recibe en el caso que haga uso de ella, por esto los jueces cuya foto del DNI ha sido publicada por La Razón han presentado la denuncia correspondiente contra el periódico y exigen una investigación para aclarar la forma en que las fotos llegaron a manos del periódico, pero en realidad están llevando a cabo una actuación muy discreta porque lo muy grave de este asunto es que la responsabilidad sobre las mencionadas fotos es en realidad del Ministerio del Interior que es quien recibió las fotos sujetas a Protección de Datos, o sea que de alguna manera el Ministerio ha cometido un delito penal. Por esto creo que estamos llegando al extremo que ya no se sabe si este es un país de pandereta o una pandereta de país.