Papúa Nueva Guinea debate reanundar las ejecuciones

La pena de muerte nunca fue abolida en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, la máxima condena no se aplica desde 1954, cuando bajo la administración colonial australiana 67 personas fueron ejecutadas en la horca. El gobierno actual ha anunciado que el Parlamento debatirá de forma inminente las modificaciones legales que facilitarán la reanudación de las ejecuciones casi 60 años después. Al menos 10 condenados corren peligro de ser ejecutados si el trámite llega a buen puerto.
El fiscal general presentará esta semana el proyecto de ley y además está previsto que se debata otro para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital a delitos como la violación y el asesinato relacionados con la brujería. El 28 de enero pasado ya anunció que había 10 personas condenadas a muerte en Papúa Nueva Guinea. Con posterioridad, el primer ministro también declaró que se está estudiando el método del pelotón de fusilamiento. El Gobierno lo considera “más humano y menos caro que otros métodos” y tiene la intención de construir un centro de ejecuciones anexo a una nueva cárcel que se edificará en un lugar remoto.
Estas medidas forman parte de un paquete de actuaciones encaminadas a resolver la situación de orden público que atraviesa el país, tras las célebres y brutales violaciones de mujeres y homicidios relacionados con la brujería. La ley actual sólo permite la condena a la horca en los casos de traición, piratería con uso de fuerza y asesinato con premeditación.
Entre el 14 y el 15 de mayo pasados se celebró una protesta de ámbito nacional sin precedentes que adoptó la forma de “haus krai” (velatorio) en contra de los elevados niveles de violencia contra las mujeres en Papúa Nueva Guinea. Los líderes de la misma declararon “no apoyar la pena de muerte y los medios violentos e inhumanos de castigo, que atentan contra la dignidad inherente a la persona y contra los principios y valores cristianos de igualdad y dignidad para todas las personas”.
En los últimos años, con excepción de ocho condenas a muerte en tres casos diferentes denunciadas en Papúa Nueva Guinea desde 2009, la región de Oceanía no ha registrado ejecuciones ni condenas a muerte. Estas cifras proceden de los casos notificados en Papúa Nueva Guinea, aunque puede haber otros casos en los que se haya impuesto la pena capital y que no hayan sido denunciados.
La última ejecución conocida en la región de Oceanía fue en 1982 en Tonga. Nauru, Papúa Nueva Guinea y Tonga son abolicionistas en la práctica, mientras que Fiyi sólo conserva la pena capital para delitos militares. El resto de los países de Oceanía son abolicionistas para todos los delitos, y sus leyes no contemplan la aplicación de la pena capital para ningún delito.