Para dar todos los remedios gratis, el PAMI necesitaría $19.200 millones más por año

Con la campaña para las elecciones en velocidad crucero, los candidatos empezaron a segmentar sus mensajes. Ayer fue el turno de los jubilados, que recibieron de Alberto Fernández, el postulante del Frente de Todos,una promesa impactante: si él es elegido presidente, absolutamente todos los remedios que ellos necesiten serán gratuitos, subsidiados por el Estado.

¿Cuál sería el costo extra de una medida así para el PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados? Fuentes del organismo consultadas por LA NACION hablan de unos $19.200 millones anuales. “Es el copago total que gastan hoy los afiliados, de $1600 millones por mes, proyectado a todo el año”, explicaron. Se trata de una franja de medicación en la que, según el caso, los jubilados pagan con un descuento del 50 al 80% en el caso de patologías crónicas y del 50 al 60% en patologías agudas. El resto ya está cubierta al 100% por ley o subsidiada, aunque el tema es introducido recurrentemente en la discusión política respecto del grado de alcance (o no) de esos beneficios.

El PAMI atiende a unos 4,9 millones de afiliados; es una entidad autárquica que se financia con los aportes de los trabajadores en actividad, a través de la AFIP, y de los propios jubilados, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Su presupuesto anual se acerca a los $200.000 millones (unos $15.000 millones mensuales aproximadamente, según cifras oficiales) y podría recibir, eventualmente, una mayor asistencia del Tesoro Nacional, pero luego debería devolver el dinero. Al menos con la legislación actual.

Es por eso que el debate sobre el costo de subsidiar la gratuidad de todos los medicamentos para los jubilados, y sus fuentes de financiamiento, ya empezó. De hecho, Fernández dijo que promoverá una nueva ley para concretar su promesa y también que mejorará el ingreso de los adultos mayores con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. “El Fondo va a ser para los jubilados, no para darles préstamos, sino para que mejoren sus ingresos”, explicó el candidato kirchnerista.

El FGS fue creado cuando se traspasaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al actual sistema previsional de reparto, en 2008. A fines del primer trimestre de 2019, el valor de la cartera de inversiones era de $1,86 billones. Invierte en títulos públicos nacionales, acciones, proyectos productivos y de infraestructura, fondos comunes de inversión y plazos fijos. En el mismo período, los créditos activos de Anses a jubilados y pensionados acumulaban un monto total de $72.000 millones, según cifras del organismo.

Los equipos técnicos de Fernández y de Sergio Massa, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, ya están trabajando en el tema. Son coordinados por Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana (UMET), propiedad del sindicato de trabajadores de edificios, y miembro del grupo Callao, y Mirta Tundis, diputada nacional por el Frente Renovador y presidenta de la Comisión de Personas Mayores. Cuentan con el asesoramiento de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio de Farmacéuticos.

“No se puede solucionar todo de forma inmediata. En primer lugar, tenemos que ver de dónde se sacan los recursos, pero hay que hacer algo para que los jubilados gasten menos en remedios y que, por lo tanto, el haber les alcance más. Menos en medicación es más dinero en sus bolsillos”, dice Tundis, ante la consulta de LA NACION. “Tengo un proyecto que alcanza a todos los que no pueden: jubilados, pensionados e incluso afiliados de obras sociales, para que reciban un 100% de subsidio en el caso de enfermedades crónicas”, agrega. Tundis no coincide con las cifras del PAMI. “Si uno se maneja con el costo presupuestario del PAMI en medicación, sería de un 25 o 26% más que el actual, pero no estamos hablando del todo, sino solo de los medicamentos para tratamientos crónicos. Vamos a evaluar el costo real”, explica.

Recorte polémico

El PAMI gasta hoy en medicamentos para sus afiliados, por mes y según las últimas cifras a mayo pasado, $4788 millones. El monto se divide en remedios de alto costo, como oncológicos, HIV y hemofilia, (38%), ambulatorio resolución 337 (33%), diabetes (12%) y ambulatorio regular (17%). En los tres primeros segmentos, la cobertura es del 100% (es decir, son gratuitos). A este grupo se suman los discapacitados y los veteranos de guerra.

En el caso de los ambulatorios regulares, el jubilado tiene descuentos de entre 50 y 80% según el medicamento, ya sea para enfermedades crónicas o para agudas. Es decir, existe un copago a cargo del afiliado.

El gobierno de Macri redujo en 2016 el universo beneficiado por la resolución 337, que otorga un subsidio social del 100% a los afiliados que no pueden pagar los medicamentos ambulatorios con descuento. De 1,7 millón pasó a 1,1 millón de beneficiarios, unos 600.000 adultos mayores que entraron en el régimen de copago. El recorte se justificó en que esas personas no estaban en condiciones reales de vulnerabilidad.

Se puso entonces como requisito para seguir en ese grupo tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes mínimos; no estar afiliado a ninguna prepaga, no ser dueño de más de un inmueble ni poseer embarcaciones o autos de menos de 10 años. Esta decisión recibió fuertes críticas de distintos sectores y es la que llevó a que sea frecuente escuchar, en el discurso opositor, que “los jubilados se quedaron sin remedios del PAMI”. Pero en el organismo lo niegan: dicen que se depuró el padrón y que esas personas, si bien ahora pagan una parte, no dejaron de comprar sus remedios. “Seguimos despachando lo mismo que antes: 10 millones de medicamentos por mes”, afirman.