Para hechar a correr

Finalmente hemos conocido la propuesta de reforma fiscal de la que Rajoy y Montoro llevan mucho tiempo hablando, y todo y que una reducción de impuestos siempre debe ser bienvenida no solo por lo que nos ahorramos a nivel individual sino por el efecto beneficioso que normalmente tiene sobre la economía del país, en este caso, como en todos, el PP nos toma por idiotas (aunque quizás tienen razón y lo somos, porque muchos tragan). 

Lo más beneficioso de esta reforma fiscal va a ser la rebaja en la retención por IRPF sobre las nóminas de asalariados o facturación de autónomos, porque va a aumentar la renta disponible y en consecuencia favorecerá el consumo. Pero junto a este efecto beneficioso hay otros factores que han sido vendidos por el gobierno Rajoy como espectaculares cuando su efecto va a ser poco significativo o incluso puede llegar a anularse totalmente.

Tanto Montoro como Rajoy han destacado la sustancial rebaja del IRPF que supone esta reforma fiscal, hasta el extremo que el Presidente, en uno de sus ya típicos comentarios esperpénticos, la ha calificado como de “fortísimo contenido social”, y sin duda es cierto que una rebaja de este estilo, si no es tramposa, ayuda a remontar la economía y tiene un impacto positivo sobre el consumo y el empleo. Pero, si es así, y así lo cree el gobierno ¿por qué subieron casi todos los impuestos, algunos de manera salvaje, hace cuatro días, y por qué no han aplicado antes esta reforma fiscal?, o más evidente todavía, ¿Por qué retrasan su entrada en vigor al primero de Enero 2015?, sobre todo cuando aplican la reforma a partir del momento de su publicación en el B.O.E., que se producirá en pocas semanas, pero solo en lo que se refiere al nuevo impuesto, en mi opinión ignominioso y definidor del verdadero talante del PP, sobre las indemnizaciones por despido. La respuesta a estas preguntas es simple y sencilla: el empleo y los efectos beneficiosos de una política fiscal adecuada les importan un bledo y medio, y lo único que persiguen con la reforma fiscal es compensar la caída de sus votantes ofreciendo una aparente rebaja fiscal que en realidad, jugando con plazos y algunos trucos, resulta ser mucho menos de lo que dicen.

Por cierto, ante las críticas al nuevo impuesto sobre las indemnizaciones por despido Montoro afirmó que, al estar exentos los primeros 2.000 € por año trabajado, el 80% de los despedidos no tendrían que pagarlo. A 45 días de indemnización por año trabajado no me salen los números ni de lejos, a menos que los sueldos y salarios españoles ya estén al nivel de los chinos.

De entrada no entendía la estrategia del gobierno Rajoy, porque todos los asalariados y autónomos van a estar muy contentos a partir de 1/1/15 porque se reducirá su retención por IRPF, pero antes del 30 de Junio 2015, al presentar y abonar la declaración anual del IRPF correspondiente al 2014, se darán cuenta de que todo ha sido una tomadura de pelo, al menos parcial, cuando se enteren que buena parte, o quizás todas, las deducciones de que disfrutaban han desaparecido, porque nadie que no sea un profesional va a leerse un proyecto de Ley de 67 páginas de las que la exposición de motivos y el artículo primero ocupan 58. La realidad será que la renta adicional obtenida gracias a la rebaja de la retención por IRPF desaparecerá en gran parte, y por desgracia para el PP este descubrimiento se producirá antes de las elecciones del otoño 2015. Pero después pensé que no será tan grave, porque si el PP invariablemente nos toma por tontos es por algo y al fin y al cabo la reducción en la retención del IRPF va a continuar, y de solventar el problema de la declaración del 2014 ya se encargarán la caverna mediática apoyada por algún discurso de Rajoy o Cospedal diciendo que la culpa es de los de siempre porque “Teniendo presente la evolución actual de las magnitudes económicas y la incidencia de la forma especial y determinante de la coyuntura social, nuestro gobierno optimiza los resultados de la actividad económica actual y garantiza la plena participación en la gestión social”, nadie entiende nada y asunto solucionado.

El gobierno Rajoy corre otro riesgo, que a pesar de los truquillos, a consecuencia de la reforma fiscal se reduzcan sus ingresos y se ponga en peligro el cumplimiento del techo de déficit para el 2015, pero también en este caso disponen de una solución brillante: en España el gobierno central controla los ingresos del Estado (excepto en dos CCAA) y las CCAA soportan los principales gastos que afectan a la ciudadanía, resultado: el gobierno central del PP es quien le ha rebajado los impuestos a los ciudadanos mientras los de las CCAA, no todos del PP, son los que les recortan servicios sociales, y a las CCAA del PP ya les solucionaran el problema de una manera u otra, porque para algo las leyes en España deben acomodarse a lo que interesa al PP.

En este país cada día hay más razones para salir corriendo. El aforamiento aplicado a multitudes es una peculiaridad hispana reservada a los miembros más importantes de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.  Pero resulta que el Rey abdica y al gobierno Rajoy no se le ocurre otra cosa que en vez de suprimir el privilegio a los más de 10.000 aforados, lo aumenta con casi toda la familia real, entre los que el único que ocupa un cargo en el ejecutivo es el Rey, lo hace además con carácter vitalicio y retroactivo, contra la opinión de todos los partidos con representación parlamentaria, abusando de su dictadura ¡huy perdón! mayoría absoluta, y pasándose la Constitución y el Reglamento del Congreso por donde le da la gana. Por si alguien no se había enterado todavía en España las leyes pueden ser grilletes que tapen la boca a la ciudadanía, flexibles como un chicle hinchable o no aplicables, según la opinión y el interés del PP en cada caso, y por supuesto sin que la forma de aplicarlas en un caso signifiquen impedimento alguno para que en otro caso idéntico y con la misma base jurídica se apliquen de forma diametralmente opuesta si así interesa a los propietarios de la Justicia del Reino de España.

Por cierto, con la nueva imputación de la infanta Cristina, la Fiscalía del Estado vuelve a actuar por enésima vez de manera opuesta a su función, que no es en absoluto actuar como defensores de los miembros de la familia real.

Para decorar mejor el panorama el Ministerio de Fomento ha aplicado las maneras franquistas del PP al sistema aeroportuario del País, fijando definitivamente, después de privatizarla en el 49%, como gestor exclusivo de los aeropuertos españoles a AENA, que será el único caso de empresa europea de gestión de aeropuertos que disfruta de un monopolio, en contra de todas las recomendaciones e instrucciones de organismos europeos, pero que si conviene al PP pueden saltárselos y chotearse de ellos, todo sea por defender a Barajas de la desleal competencia de otros aeropuertos españoles. Y con los puertos han hecho lo de siempre, castigar al eficaz y premiar al mal gestionado, con el agravante que cuando la nueva regulación esté en marcha puede darse el caso que los eficaces puertos de Barcelona, Tarragona y Sagunto, localizados en CCAA que reciben el peor de los tratos en el reparto de recursos del gobierno central, estén financiando puertos del País Vasco, que disfruta de concierto económico. ¡Inconmensurable e indescriptible!.

Mientras tanto en Catalunya, según una encuesta de El Periódico, ERC sigue creciendo como la espuma y ya están a nivel de ganar las elecciones de calle sin llegar, todavía, a la mayoría absoluta, y esta vez no parece ser solo a costa de CiU. Coincidiendo con esta encuesta el Sr. Fernández Díaz, nuestro indescriptible e inexplicable Ministro del Interior, catalán de pro, y siguiendo el método que tan buenos resultados ha dado …al independentismo, afirmaba en una conferencia en Madrid que en caso de ser independiente Catalunya sería pasto del terrorismo más terrible. De momento ningún independentista le ha preguntado si esta barbaridad la dice porque ya está planificando los ataques.

Para completar el cuadro de un país para echar a correr, os adjunto un artículo publicado en La Vanguardia el lunes 23, en el que Borja de Riquer describe la forma totalmente opaca con que han tratado y tratan los archivos históricos los gobiernos de España, mientras hablan y legislan sobre transparencia, en el que además aparecen varios ejemplos de hasta qué punto para el PP el cumplimiento de las leyes está totalmente condicionado a su conveniencia. ¿Realmente todavía queda en España alguien que no está convencido que a nivel económico, político y social, se tiene que cambiar casi todo?. Acabo con otro sensacional chiste-discurso de Batllori de La Vanguardia del 25/6.