Investigadoras del Grupo de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Alicante y del Centro de Investigación en salud Laboral (CISAL) acaban de publicar un estudio en la revista Gaceta Sanitaria que da voz a 22 empleadas del hogar procedentes de Colombia, Ecuador y Marruecos, en el que valoran si la nueva legislación se ha traducido en una mejora de sus condiciones laborales.
A partir de varios grupos de discusión con estas mujeres, los resultados ponen de manifiesto que la medida se ha convertido en realidad en una traba para encontrar trabajos regulados.
Todas las participantes en este estudio conocían la existencia de esta nueva regulación y sus potenciales efectos positivos. Sin embargo, el requisito de formalizar un contrato en cada casa se convierte en la práctica en un impedimento para el trabajo por horas, relegando a la inactividad a aquellas empleadas del hogar que en junio de 2011, la fecha límite establecida por la regulación, no lo hubieran conseguido.
La nueva legislación no permite a las trabajadoras del servicio doméstico afiliarse a la Seguridad Social por sí mismas y exige que sean los empleadores los que asuman el coste. Esta medida termina traduciéndose muchas veces en el descuento de su propio sueldo del coste de la cotización. “Desde que comenzó la nueva ley es cuando empiezan a decir ‘te pago la mitad y ahora te pagas tú la otra mitad”, comenta una trabajadora ecuatoriana.
Les bajan el sueldo para pagarles la cotización
Las empleadas del hogar inmigrantes también denuncian la falta de disposición de los empleadores a la hora de cumplir la legislación dándoles de alta y costeando su Seguridad Social. Los factores económicos y los trámites administrativos que supone dar de alta a una persona para trabajar unas horas a la semana han propiciado una disminución de la oferta de empleo. “Mucha gente ha echado a las empleadas que tenían solo dos o tres horas a la semana por miedo a las denuncias”, confiesa otra trabajadora marroquí.
La disminución de sueldos y las dificultades para encontrar trabajo han llevado a algunas mujeres inmigrantes a optar por el empleo irregular. Denuncian que el Real Decreto no corrige la economía sumergida sino que más bien la refuerza, especialmente en aquellas que no tienen permiso de trabajo.
El nuevo marco legislativo también afecta a su estatus migratorio legal, ya que ahora dependen de contratos externos para renovar sus permisos de residencia. Una situación de estrés y precariedad que, alertan las autoras de este estudio, puede afectar a la salud física y psicológica de las trabajadoras inmigrantes del servicio doméstico.
Fotografía - www.elmercuriodigital.net
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