El Reino de España tiene 350 diputados en el Congreso y 265 senadores, pero además 1.256 diputados autonómicos cuya función casi siempre se limita a duplicar o triplicar burocracias, lo que legislan las dos primeras cámaras, y lo que ordena la UE.
Congreso y Senado tienen ya exceso de legisladores, puesto que gran parte de las directivas se aprueban en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo hacen innecesario su trabajo.
Añadamos, pues, los 1.256 diputados de las 17 autonomías discutiendo por separado, por ejemplo, leyes sobre las características técnicas de los ascensores.
Sumando Congreso, Senado y asambleas autonómicas, 1.871 políticos, más los asesores y mamandurrios de cada uno, justifican sus sueldos discutiendo sobre ascensores para elaborar leyes que unos expertos habían preparado en la UE, aplicables a aparatos que son similares.
Y así, casi todo. Muy poca legislación puede ser diferente hoy en España o las CC.AA. de la de los 27 países de la UE.
España seguirá siendo un país dominado por parásitos políticos mientras los españoles no denuncien que con una decena de diputados cada asamblea regional tendría más que suficiente para legislar los asuntos locales.
Ahora, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, presenta como sumamente ambiciosa su idea de reducir de 75 a 61 los diputados autonómicos.
Siendo Galicia una comunidad histórica con otro idioma junto con el castellano, con diez para el apoyo a las particularidades culturales sobraba, pero nacionalistas y socialistas se oponen.
En Madrid van más allá y el PP quiere reducir a la mitad los 120 diputados autonómicos, cuando con otra decena era suficiente para sus 6,5 millones de habitantes, y en Castilla-La Mancha el PP también propone otra reducción.
Pero las autoproclamadas fuerzas progresistas se oponen en nombre del progreso.
Quizás tengan razón: ¿cómo iban a progresar muchos políticos si fuera de esos parlamentos no sabrían de qué vivir?
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