Pasa el tiempo pero la precariedad laboral en buena parte del sector cárnico porcino sigue igual

Pasan los años pero la bucólica y atemporal imagen de decenas de ciclistas, en su mayoría de negra piel, enfilando los caminos o carreteras que conducen a los mataderos donde trabajan o haciendo el camino de vuelta a sus casas tras una larga y dura jornada de trabajo, en sus sencillas y no pocas veces viejas bicicletas, sigue formando parte del paisaje de algunas de las poblaciones de la comarca de Osona a determinadas horas.

Trabajadoras y trabajadores de procedencia muy diversa venidos de tierras lejanas  –como podrían ser aquellas de más allá de los escarpados Andes, el Panjab indio, el este de la vieja Europa, el Magreb o de los países situados al sur del Sahel– con el sueño de tener una mejor vida, y unidos bajo el común denominador de tener el dudoso honor de compartir penurias al trabajar en alguno de esos mataderos de la comarca donde se les valora tanto como a cualquier otra sustituible y prescindible herramienta a utilizar en el proceso de producción.

Ya son muchos los años de penurias, de explotación por míseros salarios, de negárseles los derechos más básicos que se presupone que en los países desarrollados deberían tener garantizados todas y todos los trabajadores, de aguantar los excesos de los patronos, y de gritar a los cuatro vientos su situación sin que nadie hasta la fecha haya conseguido o querido poner fin a esta insostenible situación.

También es triste, aunque su efecto fuera positivo, que diez escasos minutos en un programa de televisión en prime time, como fue el programa Salvados emitido hace ya algunas semanas, lograra visibilizar y sumar más apoyos a la causa de los maltratados trabajadores del sector cárnico que la lucha mantenida por algunos durante años.

El hacer visibles los excesos de una parte de la industria cárnica y la precariedad laboral de algunos de sus trabajadores presuponía que podíamos estar por el buen camino, y con ello conseguir lo que muchos veníamos reivindicando: la implicación de las administraciones, de algunos partidos políticos y de medios de comunicación de mayor tirada o difusión, y que la legalidad comenzara a imponerse a los fraudes de ley que venían dándose en el sector. Desgraciadamente aún nada se ha conseguido ya que las cosas, tal como se está viendo, no son tan fáciles, por mucho que la vulneración de algunas leyes parezca muy evidente y la inspección de trabajo así lo haya constatado.

Después de ponerse de manifiesto como algunos mataderos, como podría ser el caso de Le Porc Gourmet, utilizan el falso cooperativismo como una rentable forma de evitar el tener que contratar a su personal y cumplir con el convenio colectivo del sector y con la obligación de tener que desembolsar un cuantioso montante de dinero en cotizaciones a la Seguridad Social –para perjuicio de todas y todos–, llegó el día en el que descubrimos que por mucho que se haya conseguido introducir algún cambio en la Ley Catalana de Cooperativas (en un ya lejano 28/03/2017), como un parche que garantice algún tipo de mejora en las condiciones de los trabajadores, siempre acabaremos encontrando a quienes siguen burlando la ley o encontrando alternativas que les garantice el poder seguir manteniendo sus privilegios, aunque sea a costa de los derechos de miles de trabajadores.

No tiene sentido que algunas empresas o grupos empresariales se les permita tener a casi el cien por cien de la plantilla que trabaja para ellos subrogada a través de empresas o cooperativas externas. La administración no puede consentir el fraude de ley que supone tener una empresa con una facturación millonaria y sin trabajadores propios, y sin aparente responsabilidad en el trato y condiciones de trabajo de quienes prestan servicios para ellos. Y no tiene sentido que si una comunidad autónoma como Catalunya tiene una ley más rigurosa en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores cooperativistas, se permita la vulneración de la ley catalana de una manera tan sencilla como es rescindiendo contrato con las cooperativas catalanas y subrogando los servicios con una nueva cooperativa domiciliada en otra parte del estado –como así ha hecho el matadero Le Porc Gourmet–.

La actitud de total permisividad del todopoderoso Grupo Jorge (propietario del matadero Le Porc Gourmet), uno de los tres gigantes cárnicos de nuestro país, ante las precarias condiciones laborales que se han venido dando en todas las falsas cooperativas que hasta la fecha han trabajado para él aportándole la casi totalidad de la mano de obra, solamente se puede explicar teniendo en cuenta los beneficios que le genera el reducir al máximo los costes laborales como una excelente oportunidad para llevar a la práctica eso que ha venido a llamarse dumping social: rebajar al máximo los costes laborales para poder ser más competitivos que el resto de sus competidores, aunque sea de manera desleal, y con ello poder hacerse con una posición predominate en el sector.

MSNoferini