Esta semana comenzó con la eclosión de dos de los casos de corrupción más llamativos de la democracia española, el de Jordi Pujol y su tribu política y familiar nacionalista, que nos esquilmó como mínimo y como se demostrará 3.000 millones de euros, y el de los 45 políticos del PP del sumario Gürtel concluido ya por el juez Ruz, que nos robó como máximo 120 millones.
Casi nadie hablaba de la corrupción generalizada del nacionalismo catalán hasta que Pujol, presidente de la Generalidad 23 años y su Patriarca permanente, confesó este lunes que había ocultado cuatro millones de euros en paraísos fiscales.
Revelación tramposa, según los expertos: es como si hubiera aceptado que él y sus cuates habían robado una tiendecilla, cuando a la misma hora habían asaltado un banco y se habían llevado la caja fuerte rebosante de dinero y joyas.
Los casos Pujol y Gürtel no son equiparables: uno es el de esos megamaleantes de los comics de Batman que roban para ellos, pero engañando con la idea de crear un imperio interestelar, la Supercataluña de los Països Catalans, y el otro es el de unos ladrones con burka que van atracando supermercados.
En ambos casos los delincuentes están protegidos, unos, por el poder corruptor de la ideología nacionalista y por ser cargos públicos, y otros, por el poder corruptor de los cargos públicos convertidos en mafia endogámica de intereses personales, que permiten robar, pero sin evocar patriotismo alguno.
El caso de Pujol y sus cuates es como si en un cuartel de la Guardia Civil, todos los agentes asaltaran a los ciudadanos bajo el lema “Todo por la Patria”; el de los Gürtel es “Todo por la pasta” aprovechando que tenemos cerca la caja del supermercado.
Hay una notable diferencia, pues, y no sólo en las cantidades.
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