No lo dicen muchos medios de comunicación porque están comprados por el gobierno, pero la España de Pedro Sánchez es ya el mayor problema que afronta la Unión Europea, que ahora ha decidido investigar a fondo la denuncia de más de 2.500 jueces (la mitad de los que hay en España) al gobierno por poner en peligro el Estado de Derecho y la independencia judicial. Pero esa no es la única preocupación de Europa con respecto a España, a la que vigila constantemente porque no se fía de su gobierno. Hay conflictos con el trato a los medios de comunicación, el reparto de subvenciones, los casos de prevaricación oculta, los planes para repartir los fondos especiales europeos, los conflictos con las autonomías, las reformas laboral y fiscal, la corrupción generalizada y decenas de denuncias por abuso de poder y corrupción, además de miles de cartas de ciudadanos vejados por el gobierno que no paran de llegar a las instituciones europeas sobre un sinfín de irregularidades, casi siempre relacionados con corrupción y comportamientos tiránicos del poder, mientras el tribunal de Estrasburgo condena a España por torturas. Es probable que si muchos medios de comunicación comprados, sobre todo las cadenas de televisión, que son las más influyentes, no silenciaran la situación real del gobierno, éste ya habría tenido que dimitir y convocar elecciones, desahuciado por una ciudadanía que sentiría indignación y asco por lo que están haciendo con España. ---
El asunto es grave. Bruselas investigará la denuncia de los jueces por el asalto al poder judicial de Pedro Sánchez, lo que constituye toda una humillación para España y una descalificación en toda regla del gobierno.
Ante el cúmulo de denuncias e irregularidades, Europa se plantea, incluso, la posibilidad de suspender el envío a España de los fondos especiales aprobados para ayudar a los países a recuperarse de la tragedia del COVID, nada menos que 140.000 millones de euros. Bruselas tiene cada día más claro que el gobierno español, profundamente divorciado del grueso de la ciudadanía, que le rechaza, no es de fiar.
La mayoría de las denuncias de particulares y de asociaciones que llegan a las instituciones europeas se refieren a casos de corrupción y de abuso fiscal. La obsesión del gobierno por incrementar los impuestos está provocando una oleada de denuncias y mensajes de protestas dirigidos a la Comisión, al defensor del pueblo, al Parlamento y a otras instituciones comunitarias.
Gran parte de esas cartas terminan en el cesto de los papeles inútiles, pero van dejando huella y demuestran, ante Europa, que Sánchez y los suyos no han sabido ganarse a su pueblo y que España está inundada por una poderosa ola de rechazo a la gestión del gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez.
El núcleo está en los fondos especiales que España debe recibir de Europa, un asunto complejo porque ni la oposición, ni gran parte de la sociedad civil, ni los países del norte de Europa, ni las mismas instituciones europeas se fían de Sánchez y desde algunas de esas partes se pide que los fondos queden retenidos hasta que Sánchez demuestre que es de fiar.
Es evidente que Europa no se fía de Moncloa y ha exigido a Sánchez, por carta, que cree la comisión independiente, con personal cualificado y fiable, que controle las ayudas comunitarias, como el presidente prometió el pasado año a Von der Leyen. Pero Sánchez se resiste porque necesita administrar esos fondos como un monarca absoluto para fortalecer su poder y comprar votos y voluntades suficientes para permanecer en la Mocloa.
Para Pedro Sánchez y su gobierno, estas dudas visibles y la falta de confianza de Europa debería ser motivo de vergüenza y también de dimisión, pero el sanchismo ama tanto el poder que se mantiene aferrado a los sillones y privilegios incluso cuando la tormenta del descrédito y la desconfianza le humilla, acosa y zarandea.
La proyectada subida de impuestos es otro asunto conflictivo que despierta recelos en Europa, donde no se entiende que un país al borde de la ruina, que necesita reactivar su economía, se lance a una reforma fiscal cuyo fin es saquear todavía más los bolsillos de los españoles y provocar cierres y huidas de empresas, que en estos momentos son vitales para recuperar el empleo y una economía al borde del colapso.
Pronto veremos por España desfilar a los "hombres de negro" europeos, investigadores buscando papeles y entrevistándose con jueces, periodistas, economistas, políticos, activistas y representantes de instituciones fundamentales de la sociedad civil. Su objetivo, vergonzoso para el gobierno, será analizar lo que está ocurriendo en un país que rechaza de manera intensa a sus gobernantes y que los denuncia a diestro y siniestro.
Pero la invasión de los inquisidores europeos será ocultada por los medios amigos del gobierno y el pueblo seguirá ignorando que vive en un país marcado por el infortunio de tener uno de los peores gobiernos del planeta y una democracia hecha trizas y prostituida.
Francisco Rubiales