El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que no había enfrentado una dificultad de hondo calado durante el año y medio que ha estado en su cargo, de repente está sorteando múltiples crisis.
La administración tuvo dificultades para responder a crecientes cuestionamientos sobre una mansión comprada por la primera dama a un contratista del gobierno y ha tratado sin mucho éxito de apaciguar las protestas por la desaparición y probable muerte de 43 estudiantes normalistas.
Aunque las autoridades han ofrecido indicios de que fueron asesinados y calcinados, los familiares no quieren aceptar que los restos quemados y la ceniza encontradas en varias bolsas en un río cercano al lugar de la desaparición sean los de los estudiantes. La PGR tampoco lo declara de manera oficial.
En estos meses de gobierno, el mandatario había tratado de cambiar el discurso oficial del país para alejarlo de la sangrienta lucha que se libra en contra el crimen organizado y centrarlo en una serie de reformas políticas y económicas que su administración logró aprobar en el Congreso.
Pero mientras Peña Nieto se reunía el lunes con su homólogo en China, sus asesores trataban de aclarar las dudas de la compra de la multimillonaria mansión en 2012 a una empresa que resultó ganadora de varios contratos con el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fungía como gobernador.
El portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, negó que se hubiera cometido alguna irregularidad en la firma de un contrato que contemplaba que la empresa vendedora le concedía un préstamo a la primera dama, Angélica Rivera, para comprar la suntuosa vivienda.
Sánchez dijo que Rivera ya tenía dinero para comprar la casa derivado de su "larga carrera profesional" como actriz.
Waithsman y la primera damaLos señalamientos hacia la esposa del Presidente aumentaron cuando su maquillista de cabecera, Alfonso Waithsman, publicó en sus redes sociales que se dirigía a China para acompañar a la comitiva presidencial durante la gira que realizan en dicho país asiático.
La primicia fue publicada el domingo en Aristegui Noticias, el portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui, que afirmó que la compañía que le hizo el préstamo hace parte del Grupo Higa, que también es propietario de otra empresa que era parte de un consorcio liderado por una sociedad China, al que se le adjudicó la construcción de un tren rápido entre ciudad de México y Querétaro.
El consorcio fue el único oferente. Otras compañías se abstuvieron de competir alegando que sólo se contempló un plazo de dos meses para presentar una oferta de un proyecto ferroviario extremadamente complejo.
Tres días antes de que se publicara la historia de Aristegui, el gobierno abruptamente revocó la adjudicación del contrato y anunció que recibiría nuevas ofertas en aras de la transparencia.
La mansión de Rivera, que cuesta siete millones de dólares y tiene 1,415 metros cuadrados, está ubicada en Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Fue construida por Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, y la propiedad está a nombre de esa empresa hasta que, aparentemente, no se pague el préstamo.
De acuerdo con el artículo de Aristegui, al Grupo Higa y a sus compañías afiliadas les fueron adjudicados contratos de construcción de obra pública por valor de 600 millones de dólares en el Estado de México, cuando Peña Nieto fungía como su gobernador.
También dice que un avión chárter de propiedad del mismo grupo transportó a Peña Nieto durante su campaña presidencial en 2012, y que otra de las empresas le imprimió propaganda política durante la campaña. Más preguntas
Sánchez, el portavoz presidencial, dijo que la propiedad limita con otra vivienda que ya tenía Rivera.
"Es importante destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casahabitación", dijo Sánchez.
La explicación fue recibida con escepticismo.
"Esto abre una gran serie de preguntas: si necesitaba un préstamo para comprar una casa, ¿por qué no ir a un banco?", dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. Incluso si la versión del gobierno es cierta, "¿cuándo se dieron cuenta de que se trataba de un gran contratista del gobierno?, ¿no se tuvo que haber puesto una señal de alarma... a que una operación como ésta podría representar un conflicto de intereses?".
Hope cree que si algo similar hubiera ocurrido con el presidente de Estados Unidos, el mandatario "ahora tendría una investigación en el Congreso".
Federico Estevez, profesor de ciencia política de la universidad Tecnológico de Monterrey, dijo que la administración de Peña Nieto ha sido "arrinconada" por los últimos eventos.
Si Peña Nieto "cree que el problema de la violencia en México es similar a la corrupción, que es parte de la cultura, entonces estamos todos jodidos, este gobierno no va a ir a ningún lugar", dijo. "A Peña Nieto se le da bien generar consensos entre élites. Pero este problema ya no pasa por ahí".
Entre tanto, altos funcionarios del gobierno todavía trataban de responder a la conmoción causada por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que primero fueron atacados y detenidos por la policía de Iguala el pasado 26 de septiembre.
El viernes la PGR dijo que miembros de una banda de narcos de Guerrero confesaron haber asesinado a los normalistas, haber descuartizado y quemado sus cuerpos, de los que sólo habrían quedado cenizas y restos de huesos y dientes completamente carbonizados.
Quienes han antecedido a Peña Nieto en su cargo han sobrevivido al cargo toreando escándalo tras escándalo pero los brotes de violencia han socavado los esfuerzos del Peña Nieto de convencer al resto del mundo que México ya dejó atrás su violenta pesadilla.
Los padres de los estudiantes y los activistas que los apoyan se niegan a creer que los normalistas estén muertos y continuaron con sus protestas el lunes. En las últimas semanas han bloqueado las principales carreteras del país y han intentado incendiar edificios gubernamentales.
El lunes, familiares y simpatizantes se enfrentaron a policías federales en Acapulco y luego bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto, lo que obligó a varios turistas a caminar por casi un kilómetro desde sus hoteles a la terminal aeroportuaria.
Muchos tuvieron que hacer la misma caminata de vuelta pues encontraron el aeropuerto cerrado.
(Con información de Associated Press)
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