José Enrique Abuín Gey “El Chicle” es legalmente el “presunto” aunque confeso asesino de Diana Quer, de 18 años, y que pudo haber hecho igual 16 meses después con otra chica.
Estos días se le juzga por su intento con esa otra joven cuyo forcejeo y la aparición de dos muchachos al oír sus gritos evitaron que la metiera en el maletero de su coche para llevársela, posiblemente violarla, matarla y arrojarla al pozo donde ya estaban el cadáver de Diana.
Ese caso llevó a la detención del depredador y su confesión a recuperar el cuerpo de su víctima el 31 de diciembre de 2017, 497 días después del 22 de agosto de 2016, cuando la secuestró, violó, mató y arrojó al pozo.
Este asesino en serie, que será condenado como mucho a prisión permanente revisable, que no cumplirá si se considera inconstitucional, demuestra que los legisladores, dominados por la corrección política, temen admitir que hay monstruos que no deberían volver a la libertad nunca, que nunca serán rehabilitables.
¿Qué decir, como de “El Chicle”, del violador-asesino de niñas como Mari Luz Cortes, de la que mató a de Gabriel Cruz o del padre o la madre que asesinan a sus hijos?
El Artículo 15 de la Constitución abolió la pena de muerte. La mantiene para las leyes penales militares en tiempos de guerra. No se enmendó la Constitución en ese punto, pero si el Código Penal Militar, que eliminó treinta menciones a esa pena.
Sería deseable que, corrigiéndola, desapareciera de la Constitución, que también se enmendara parte del enunciado del Artículo 25.2: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social (…)”.
Nada de prisión permanente revisable: seres como “El Chicle” no son reeducables ni deben pasar un solo día de lo que les queda de vida en libertad.
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