En apenas una década, Perú ha conseguido reducir dramáticamente sus niveles de pobreza y encontrar una situación económica de amplia prosperidad. Con una reforma profunda en su sistema económico y la implantación de unos programas sociales eficientes, la riqueza del país ha conseguido ser distribuida de una forma inédita en Latinoamérica. Si bien aún existe un ancho rango de mejora, la estrategia ha sido exitosa y alabada internacionalmente.
Atrás quedan los días en los que el Perú se encontraba en una situación de caos generalizado, no solo por los episodios hiperinflacionarios que sufrieron las finanzas nacionales y que desestabilizaron el orden socioeconómico del país, sino también por el férreo terrorismo practicado por grupos criminales como Sendero Luminoso. Más allá de los toques de queda y la generalizada situación de inseguridad que descontroló la estabilidad del país, el declive económico de la economía peruana ahondaba en la pobreza a más de la mitad de la población.
Perú vivía en la década de los ochenta y los noventa una de las peores crisis económicas y sociales de la Historia de la región latinoamericana. La pobreza extrema era un problema de raíz en las zonas rurales, las cuales no vislumbraban una solución más clara que la de migrar hacia los núcleos urbanos o al extranjero, principalmente a Japón —país con el que comparte un fuerte vínculo histórico— y a Estados Unidos.
Sin embargo, en la presente década y desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas se ha subrayado el gran esfuerzo realizado por los distintos Gobiernos en el Perú para reducir a la mitad el índice de pobreza y conseguir la salida de casi una decena de millones de personas de la llamada línea de pobreza.
Se trata de un caso inédito en América Latina, pues es el país de la región que más rápidamente se ha enfrentado al problema de la pobreza en la última década, según los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también avisa de que dicho índice se puede llegar a estancar si no persisten las mejoras en cuanto a desarrollo inclusivo.
A los ojos de una persona que no hubiera pisado el país en diez años, el estado actual le resultaría irreconocible. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, residió en Lima y experimentó en primera persona esta transformación, que califica de “espectacular”. Por su parte, el propio presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, comenta que son numerosos los testimonios y biografías de personalidades dentro de la élite comercial y empresarial del Perú que hace una década eran taxistas o pescadores.
El despegue en materia exterior
El epicentro de esta transformación macroeconómica se encuentra dentro de los acontecimientos derivados del Consenso de Washington para Latinoamérica, bautizado de esta forma debido a que los tres principales organismos multilaterales que dieron luz al acuerdo de reforma —el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial— poseen su sede en la capital estadounidense.
Las políticas de reajuste trazadas en estos acuerdos tenían un corte liberal manifiesto; abogaban por una figura de libre mercado que nutriese las finanzas públicas acompañadas de un aperturismo internacional y una menor intervención estatal en la actividad pública y empresarial, dejando de lado el modelo de desarrollo proteccionista de las décadas previas.
El posicionamiento internacional no existía. Desde la Administración gubernamental del presidente Alberto Fujimori se optó por llevar a cabo acuerdos comerciales con toda clase de socios en la esfera internacional para adoptar e incubar dentro del país los proyectos que requirieran inversión extranjera. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se adhirió al Foro de Cooperación Asia-Pacífico en un intento de atraer inversores de los países situados a ambas aguas del océano Pacífico.
Perú conseguía de esta forma abrir las puertas a la financiación asiática por medio de reducciones arancelarias a las importaciones —principalmente a China, Japón e India— y la búsqueda de socios comerciales amplía sus horizontes con acuerdos de colaboración con los países de la región sudamericana por medio de la Comunidad Andina y la Asociación Latinoamericana de Integración.
En el actual sistema de globalización de la economía mundial es prácticamente imposible navegar con un rumbo firme en el comercio exterior si no se cuenta con una sólida alianza estratégica con Estados Unidos y Europa. De este hecho tomó perspectiva la Administración del presidente Alejandro Toledo, que dio inicio a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, México y Canadá.
Con la firma de este acuerdo de promoción, los productos peruanos consiguieron una apertura perenne a uno de los mercados de mayor volumen de nuestros días: el norteamericano. Del mismo modo, en la legislatura del presidente Ollanta Humala, tras unas complicadas negociaciones con Bruselas, se firma en Madrid el Acuerdo Comercial Horizontal con la Unión Europea.
Una de las medidas de cohesión que más ha cambiado las relaciones macroeconómicas en Latinoamérica fue la creación en 2011 de la llamada Alianza del Pacífico. Esta nace fruto de la iniciativa de Perú, junto con Colombia, México y Chile —que aúnan la mitad del volumen total de exportaciones en América Latina—, de integrar política y económicamente sus relaciones hacia una forma progresiva de desarrollo en un entorno de libre mercado alternativo a Mercosur.
De forma análoga a otros procesos integradores de la esfera internacional, esta alianza buscaba algo más que salvaguardar unas buenas relaciones comerciales. En la filosofía de la organización se consideró como requisito de habilitación que en el ordenamiento jurídico interno de cada país se garantizasen unos principios constitucionalmente protegidos tales como el Estado de Derecho y la democracia. La formación de este eje permitió a Perú la entrada en el Centro de Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), uno de los organismos rectores y más vanguardistas en materia de desarrollo en el sistema multilateral actual.
Un nuevo orden administrativo
La internacionalización de la economía fue una herramienta útil para impulsar la actividad industrial y empresarial, pero también requería enlazarla con una profunda reforma a nivel estatal. En Perú existían severos problemas de burocratización de la actividad en diferentes sectores, donde el sector público podía llegar a la sobrerregularización de las materias administrativas y obstaculizaba la expansión por iniciativa privada.
Para evitar esta tendencia, era absolutamente esencial el diálogo entre la Administración pública y el sector privado, por lo que el Gobierno del Perú, junto con el BID, creó las llamadas mesas sectoriales ejecutivas, que reunían a los representantes de ambas partes en conflicto. La metodología de estas mesas ejecutivas se basa en la puesta en común de información correspondiente a un proyecto de interés para detectar los fallos de gobierno y coordinar políticas productivas dentro de un marco de íntegro respeto institucional.
Con ello se consiguió eliminar ciertas prácticas anticompetitivas que se venían llevando a cabo en las pasadas décadas, tales como exenciones tributarias e insumos públicos a sectores de dudosa rentabilidad. Desde el Ministerio de la Producción se ha manifestado que, entre otros, los sectores forestal, acuícola y textil —tres grandes pesos en la economía peruana— han reflejado un gran índice de modernización gracias a la utilización de esta herramienta.
Finalmente, en materia de recaudación y potenciación de la actividad emprendedora, se buscó modernizar las pymes con el fin de erradicar el masivo informalismo empresarial que imperaba en el país. Muchos trabajadores preferían ser independientes y emprender negocios “no formales” —microempresas familiares que no declaran impuestos y evitan contratar personal, por lo general poco productivas— a vincularse con una corporación que retuviese parte de su salario en contribuciones. Se lograron ciertos avances, pues se hicieron reducciones impositivas para evitar esta trampa tributaria y se dotó a los emprendedores de un nuevo aire empresarial con mejores formas de acceso al sistema de contratación. Aun así, en Perú el problema del informalismo sigue siendo grave y una vía de ingresos para muchas familias del país.
Por el momento, las dos principales agencias calificadoras —Moody’s y Standard & Poor’s—, que miden principalmente el riesgo de inversión, colocan los bonos de deuda soberana de Perú y su divisa, el sol peruano, como activos estables y de reinversión positiva. Estos indicadores son síntoma de estabilidad macroeconómica dentro del país y anima a los inversores a aventurarse en el país andino.
Los cambios sociales en un modelo inclusivo
No solo la liberalización de la economía fue clave en este fenómeno. El éxito se logró también con el acompañamiento de una serie de programas sociales que dieron resultados positivos y eficientes. La calibración de un término medio entre el libre mercado y el progreso social abrió las puertas a la transformación y brindó a la sociedad peruana una distribución de la riqueza como rara vez se había visto en Latinoamérica.
La situación de mejora en el PIB tras la nueva implantación económica veía necesaria la canalización de los recursos para extender la red de servicios básicos en las zonas del país peor provistas. La conexión hidráulica, los créditos para la promoción de viviendas de protección oficial y los préstamos para la iniciativa empresarial de estas comunidades fueron medidas de lucha directa contra la pobreza.
Pero de nuevo es necesario recalcar el papel del desarrollo inclusivo. Pese a que el beneficio del rápido crecimiento económico fue mayoritariamente en favor de los estratos más pobres del país, las familias con una posición más acomodada también se vieron beneficiadas por los cambios en la esfera sociocultural. Como narra la economista Carolina Trivelli, “los programas sociales han conseguido ayudar a quienes están en el fondo como a los que se ubican en la cima”.
Mientras que en materia económica se cortó el grifo de subsidios y ayudas a ciertos sectores, en materia social se hizo todo lo contrario: se diseñó un programa de transferencias condicionadas de recursos a las familias más desamparadas con la visión de crear nuevas oportunidades a las generaciones venideras y así hacer frente a la desigualdad. Dentro de este marco, se estructuraron diversos planes de asistencia, como Qali Warma —‘niño vigoroso’ en quechua—, dentro del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que garantiza el servicio de comedores a las zonas más desaventajadas del país, como las comunidades nativas de la Amazonia peruana.
Por su parte, el programa Pensión 65 ofrece asistencia para los adultos de más de 65 años cuyas condiciones básicas rozan la subsistencia, mientras que el plan Cuna Más busca dar apoyo a las familias que poseen niños menores de tres años en riesgo de exclusión social. Habría que incluir asimismo una serie de medidas tomadas por el Gobierno en favor del acceso a la educación gratuita obligatoria, la inclusión laboral de la mujer y la lucha contra la mendicidad.
Desde la ONU, se elaboró un proyecto específico para el Perú llamado Programa País dentro de su Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con vistas al periodo 2006-2011. A modo de auditor, desde el organismo se busca monitorizar el progreso de los programas implantados mientras se instruyen diversas medidas de control a la gestión para evitar desviaciones y otras prácticas ilícitas.
Un amplio margen de mejora
El gran desempeño en materia de economía del desarrollo llevado a cabo por Perú es innegable. Sin embargo, para que Perú pase la prueba de fuego es necesario que supere la gran barrera que suele neutralizar los periodos de crecimiento en toda Latinoamérica: la sobredependencia de sus exportaciones en periodos de bonanza de las materias primas. El caso se repite más allá del Perú: en el comercio internacional es difícil encontrar una industria latinoamericana consolidada que lidere algún sector de actividad. Las grandes reservas de recursos naturales que pueblan el subcontinente sudamericano tienden a acomodar la economía local, por su gran demanda, fuera del país e inhiben la búsqueda de fórmulas innovadoras para la gestión de su industria.
Dejando de lado las exitosas campañas de modernización y prosperidad económica, los últimos presidentes del Gobierno peruano se encuentran entre los más impopulares del continente. El expresidente Alberto Fujimori cumple condena por crímenes de lesa humanidad, mientras que sobre Alejandro Toledo recae una orden de arresto por tráfico de influencias y lavado de activos que también implica al último presidente, Ollanta Humala, aunque este último solo como investigado.
Los casos de corrupción son un tema frecuente y endémico entre los gabinetes y dirigentes de la región latinoamericana. Si bien estos casos vienen creando mucha indignación social, el simple hecho de que vayan saliendo a la luz y se esté investigado en procesos penales a importantes figuras políticas no deja de ser un síntoma esperanzador para muchos peruanos que creen en la independencia judicial y en el orden de la ley.
El desarrollo en Perú se palpa de diversas maneras a pie de calle y es lo que ha asombrado al mundo. La revista Forbes incluye por primera vez en su famosa clasificación a empresarios peruanos, cada año se registra un número mayor de turistas que se acercan a ver sus monumentos y maravillas naturales, el ladrillo y el cemento de sus edificios comienza a ser sustituido por estructuras de vidrio y metal, las tasas de escolarización no paran de crecer y la telefonía inteligente cada vez está más accesible para cualquier usuario. El país posee una nueva identidad, un nuevo orgullo; en los peruanos renace el concepto de ciudadanía tan vivamente como su prosperidad.
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