El fiscal José Domingo Pérez notificó sorpresivamente la madrugada del miércoles 11 de marzo que la investigación en curso a Keiko Fujimori y Fuerza Popular había terminado, y que desde ahora iniciará un juicio público.
Pérez presentó la acusación penal contra Fujimori y otros 39 dirigentes vinculados a su partido una hora y media después de arrancar las actividades en la administración pública.
Victor Zúñiga fue el responsable de presentar de manera escrita la acusación donde se les atribuyen los cargos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Se deduce que las acciones del fiscal proviene del temor a que la defensa de Fujimori presentara cualquier recurso legal para darle más larga a la acusación penal.
Una vez el juicio ha sido público, el juez Zúñiga tiene un plazo de 10 días para verificar que la acusación esté acorde con todos los protocolos para la posterior notificación a los acusados.
Los papeles entregados deberían señalar por parte del fiscal todas las acusaciones con sus respectivas pruebas y testigos de los 39 implicados en el caso. Y aunque es común, se espera que los documentos no sean devueltos por algún error.
Luego de este paso, inicia el control de acusación donde se discutirán los cargos en audiencias públicas, y también será la oportunidad para que la defensa presente sus pruebas.
Keiko Fujimori no se quedó callada
La candidata presidencial respondió las acusaciones de una forma directa y señaló al fiscal Pérez de estar “obsesionado” con ella. Además dijo que iba a defenderse a través de los medios y las redes.
Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021
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Larga “experiencia” en acusaciones graves
Ya Perú tiene un antecedente de este tipo de caos, como el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que apenas está por finalizar luego de casi 2 años de audiencias continuadas, y solo tenían 12 involucrados.
Se estima que para agosto del presente año se de inicio del control de acusación, y para el 2023 se pasará al juicio público que estará a cargo de otros jueces.
Para evitar dilatar todo el proceso, y sabiendo la cantidad de acusados del caso, el fiscal Pérez solicitó a las instancias jurídicas del país más jueces asignados a la investigación preparatoria.
Pérez señaló que también han presentado acusación en los casos del Metro de Lima y Ecoteva, que están a la espera de que se realice el respectivo control de acusación.
