Perú, la corrupción explícita y el cariz del 2019.

por Bárbara Ester y Alonso Marañon

 Ester y Alonso Marañon Tras un 2018 de crisis política total, el 2019 peruano ha comenzado candente. En la noche del 31 de diciembre, el fiscal Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público, decidió alejar de su labor en el caso Lava Jato Perú a dos fiscales clave: Rafael Vela y José Domingo Pérez. Vela era, nada menos, que el coordinador del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato y el fiscal Pérez -figura vital de dicho equipo-, tenía a su cargo, precisamente, las investigaciones, contra el expresidente Alan García Pérez y a la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La remoción de dos personajes clave del caso implicaba, además, poner fin a las negociaciones previstas para el 11 de enero en el marco de la Colaboración Eficaz (más popularizada en su variante Ley del arrepentido, que permite reducir pena y otorgar beneficios a reos a cambio de delaciones clave). La noticia era irrisoria e indignante, entre otras razones, por la amplia popularidad de la que gozan los personajes asociados a la lucha contra la corrupción. Según una encuesta a nivel nacional, el presidente Vizcarra, el fiscal Domingo Perez y el juez Carhuancho –responsable de colocar a Keiko en prisión preventiva- son las tres figuras más destacadas del 2018.[1] Lo paradójico del Lava Jato peruano es que pasó de ser la causa de destitución del presidente electo de Peruanos Por el Kambio a ser el leitmotiv de su sucesor. De sufrirlo, el oficialismo pasó a aprovecharlo, pues la lucha contra la corrupción se ha convertido en la bandera del  Gobierno. El referéndum convocado por Vizcarra para realizar reformas políticas, concretado el 9 de Diciembre, mostró un amplio apoyo de la población a la gestión del nuevo presidente y un rechazo frontal a las fuerzas políticas en el Congreso. Con ello como trasfondo, la decisión de Chávarry fue percibida como un intento desesperado para beneficiar a sus aliados, Keiko Fujimori y Alan García. La movilización ciudadana no se hizo esperar. Si en la Nochebuena de 2017 los peruanos se manifestaron contra el indulto a Fujimori, en el año nuevo de 2019 lo harían contra Chávarry. A las 11 pm del 31 de diciembre, cientos de personas realizaron un plantón a las afueras de las oficinas de Domingo Pérez, quien se encontraba adentro resguardando los documentos de las investigaciones. Una bandera peruana gigante era sujetada por la gente y las arengas expresaban un apoyo total a los fiscales destituidos y un repudio a Pedro Chávarry y sus aliados políticos. Los manifestantes hicieron una vigilia hasta la madrugada, cantando el himno peruano en la transición al año nuevo. Al día siguiente, cientos de personas volvieron a reunirse para marchar hacia la Procuraduría Pública, donde Vela y Pérez dieron una conferencia de prensa para mostrar su desacuerdo con el fiscal de la Nación. Los fiscales destituidos fueron vitoreados por la población. El presidente peruano aprovechó la indignación ciudadana y colocó a Chávarry como su principal enemigo. Al enterarse de las destituciones no escatimó en gestos rápidos y certeros: tomó un avión y volvió inmediatamente al país desde Brasil (se encontraba en la asunción de Jair Bolsonaro). El presidente no sólo repudió la decisión sino que llegó al Congreso, caminando entre una multitud de aplausos, con un proyecto de ley para declarar en crisis y reorganizar el Ministerio Público, destituyendo al fiscal de la Nación (Chávarry) y a los fiscales supremos para conformar una Junta de Fiscales transitoria. El proyecto fue entregado en carácter de urgencia y ha ocasionado divisiones en la alianza entre fujimoristas y apristas. Mientras Keiko se dejó torcer el brazo, prefiriendo preservar su bancada de nuevas fisuras internas, el partido aprista se opuso enfáticamente temiendo perder su influencia en el Ministerio Público. Ante el asedio de críticas, el miércoles 2 de enero Chávarry restituyó al equipo de Lava Jato, es decir, a los fiscales Vela y Pérez, a quienes acababa de cesar en su cargo. En un intento por justificar tan contradictoria postura, el fiscal de la Nación alegó que prefiere salvaguardar la “autonomía del Ministerio Público” ante el proyecto de ley presentado por Vizcarra, intentando falsamente convencer de que las investigaciones por el caso Lava Jato no corren peligro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. José Domingo Pérez informó que el acuerdo con Odebrecht ya no se suscribirá el 11 de enero y, por tanto, se posterga el viaje a Brasil para los interrogatorios a los exfuncionarios de la empresa. Por ahora, el fujimorismo y el aprismo han ganado algo de tiempo, a costa de sacrificar a Chávarry e impulsando la figura del presidente como paladín de la lucha anticorrupción. Lo que comenzó como una demostración de impunidad más del fujiaprismo terminó por abrir la puerta de una nueva reforma institucional liderada por Vizcarra. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha convocado a un pleno extraordinario para el lunes 7 de enero con el propósito de decidir sobre la declaración de emergencia del Ministerio Público y la reforma del sistema de Justicia. Aún queda por ver cómo será el saneamiento del Ministerio y la conformación de la Junta de Fiscales Supremos que elegirá al sucesor de Chávarry, ya que en las actuales filas hay muchos con ascendencia a las bancadas de Fujimori y García.

Perspectivas a futuro: ¿estilos populistas vs. oligárquicos en la política peruana?

En torno a la crisis reciente, el terreno político viene delineándose bajo una división entre un estilo populista y otro oligárquico. El primero, liderado por Vizcarra y sectores de la derecha liberal, tiene un discurso de “lucha democrática contra la corrupción” mediante un contacto directo y constitucional con las demandas institucionales/morales del pueblo. El presidente, que no cuenta con un partido ni con una bancada oficialista, se ha legitimado a partir de mensajes a la nación (televisados y en redes sociales) y mecanismos como el referéndum y la cuestión de confianza al Congreso[2]. Sus principales enemigos son los políticos y jueces corruptos, representados en el sentido común por el fujimorismo, el aprismo y personajes como Cesar Hinostroza. En este proceso, se ha apoyado en -y al mismo tiempo impulsa- un tipo de movilización ciudadana que levanta las abiertas e inexactas banderas de la democracia, el pueblo y la justicia. En la otra orilla, se encuentra el cada vez más desgastado estilo “oligárquico” de fujimoristas, apristas y expresidentes como PPK. En el contexto de Odebrecht y los grandes casos de corrupción, estas fuerzas se han dedicado con absoluto cinismo, ya sea desde el Congreso o desde la Presidencia, a defenderse o atacarse entre ellos, ignorando las demandas y expresiones de la opinión pública. El indulto a Fujimori y la temporal remoción de los fiscales del equipo Lava Jato, ambas decisiones tomadas a fin de año y sin ningún tipo de aviso o consulta previa, son dos ejemplos de este estilo oligárquico. Un espectáculo que genera la imagen de poderes estatales y políticos corruptos, totalmente desconectados del pueblo. El estilo de Vizcarra le da, por el momento, la iniciativa y protagonismo, mientras debilita continuamente la de sus adversarios. Pero más allá de esta coyuntura las preguntas para el futuro contexto conciernen a las consecuencias del empoderamiento del sujeto ciudadano y de las fuerzas políticas que ocuparán la centralidad que tenían el fujimorismo y el aprismo en la conducción estatal. Sobre la primera cuestión, es posible advertir que las banderas de la democracia y la justicia podrían orientarse también hacia temas económicos o de otra índole. De la misma forma en que crítica a sus adversarios, el Gobierno aprobó el 31 de diciembre una política nacional de competitividad, de corte neoliberal, que afecta directamente a los derechos laborales. Veremos qué ocurre en torno a las protestas que se preparan contra ella. [1] https://elcomercio.pe/politica/encuesta-ipsos-personajes-destacados-2018-noticia-592742 [2] https://elpais.com/internacional/2018/12/30/america/1546204386_593537.html Anuncios