Petroleando

De nuevo se preparan en Canarias manifestaciones de protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol se propone iniciar en noviembre en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Este fin de semana se reúnen en Gran Canaria las organizaciones ecologistas de las islas y el próximo lo harán en Fuerteventura las de otros puntos del país en donde también hay proyectados sondeos. En ambos casos el objetivo es intentar detenerlos por la vía de la presión social a la espera de lo que ocurra en las vías administrativa y judicial, además de en la consulta popular que se prevé llevar a cabo antes de finales de noviembre. 
Hasta el momento son tres los recursos de alzada presentados contra la resolución del 13 de agosto – no es casual que fuera en plena canícula y con todo el mundo de vacaciones – en la que el Ministerio de Industria dio el visto bueno a la petrolera de Brufau para que empiece a perforar el lecho marino en busca de oro negro. El primero en presentar recurso fue el Gobierno de Canarias, que no arroja la toalla en su lucha contra un proyecto impuesto a golpe de decreto por el ministro Soria sin consenso social ni político previo alguno. En las últimas horas han seguido sus pasos los ecologistas de Greempeace y los de WWF. Piden también que el expediente se retrotraiga al principio y que se someta a análisis y a información pública la documentación aportada por la petrolera y que – según los recurrentes – no figuraba en la declaración de impacto ambiental. 
Como ya hay experiencia contrastada sobre el modus operandi de Industria en este asunto, Gobierno canario y ecologistas dan por descontado que la respuesta será negativa. El siguiente paso será entonces acudir a la Audiencia Nacional con un nuevo recurso que, en este caso, pedirá expresamente la paralización cautelar de los sondeos hasta que se entre en el fondo de la cuestión.
Casi al mismo tiempo conocíamos esta semana una respuesta del todavía comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea a un europarlamentario que le había preguntado por escrito sobre el cumplimiento por parte de España de la directiva comunitaria sobre informes de impacto ambiental. En su contestación, el comisario asegura que, ”por la información de la que dispone”, la tramitación ha sido acorde con la normativa de la UE. Los partidarios del petróleo han interpretado inmediatamente que Bruselas cierra la puerta a las quejas canarias y han obviado que lo único que ha dicho el comisario – que ya está haciendo las maletas - es transmitir la información que le había hecho llegar el Gobierno español pero sin entrar en el meollo de la cuestión. 
Por tanto, a priori no cabe hablar de portazo de Bruselas a las quejas de Canarias, máxime cuando en la reciente sentencia del Supremo que avaló la convalidación del decreto con el que el ministro Soria resucitó las prospecciones en Canarias, dos de los tres magistrados de la Sala emitieron sendos votos particulares en los que advertían de que el asunto debería elevarse al Tribunal Europeo de Justicia para que dictamine al respecto. 
De todos estos detalles, por cierto, se olvida sospechosamente un reciente editorial de EL PAÍS que carga las tintas contra el Gobierno de Canarias por su rechazo de las prospecciones, una posición que según diversas encuestas es compartida por una buena parte de la sociedad canaria que el periódico de PRISA ignora soberanamente. Ni una palabra hay tampoco en ese editorial sobre la falta de diálogo del titular de Industria con las autoridades de las islas desde que en 2012 reactivó un asunto que Zapatero había aparcado ante la falta de consenso en Canarias y ni una línea se incluye sobre la doble vara de medir del PP con su rechazo al petróleo en Baleares y su apoyo en Canarias. 
Pero como no hay dos sin tres, hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que pretenden crearse en aguas de Lanzarote y Fuerteventura por su rica biodiversidad marina para incorporarlos a la Red Natura 2000. No es casualidad que la decisión se haya tomado poco después de que Industria autorizara a Repsol a iniciar sus trabajos petrolíferos a escasos 10 kilómetros de la zona que ahora se pretende proteger. De hecho, el expediente de este LIC lo había guardado con primor en un cajón el ahora comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, cuando era ministro de Medio Ambiente. 
Mientras, fueron saliendo a información pública los LIC de otros nueve lugares de toda España en donde, claro está, no había prospecciones de por medio. Únicamente ese Ministerio y quienes solo ven en el petróleo un futuro venturoso – para Repsol – y ningún riesgo para Canarias, son capaces de negar la evidencia y sostener al mismo tiempo que los sondeos y el LIC pueden convivir sin problemas a pesar de encontrarse tan cerca entre sí. Cabe preguntarse entonces por qué no se sacó antes a información pública – de hecho, el expediente debía de estar concluido en 2013 – el LIC canario como ocurrió con los otros nueve. ¿Hubiera podido aprobar el Ministerio de Medio Ambiente una declaración de impacto ambiental favorable a los intereses de Repsol con un LIC que casi se solapa con el área de los sondeos? Blanco y en botella en este caso es petróleo.