Pobreza, política e ilegalidad

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Por Ricardo Kirschbaum
Julio Alak dio ayer muestras de vida, luego de un largo tiempo en que sus competencias, particularmente...
 el manejo de las fuerzas de seguridad, aparecieron oscurecidas por el control de hecho de otros funcionarios.
No es un secreto para nadie -se supone que tampoco para él- que el jefe de Gabinete sigue manteniendo una fluida y, a la vez, efectiva relación con las fuerzas de seguridad, particularmente la Policía Federal. Aníbal Fernández construyó esa relación desde el ministerio del Interior, primero, y luego como titular de Justicia. Cuando Alak llegó al gabinete, formalmente recibió las competencias pero el mando efectivo quedó en las manos de Fernández.
Ahora, Alak reapareció para anunciar una investigación sobre las responsabilidades de la Federal en el desalojo del Parque Indoamericano.
Alak avanzó aún más, en un claro intento de dejarle a Macri la brasa ardiendo. Mientras los ocupantes del Parque se multiplicaban, traídos desde otros distritos, el ministro dijo que la Policía Federal no volvería a intervenir y que el problema debía resolverlo la Metropolitana.
Lo concreto fue que tanto la Ciudad como la Nación dejaron la situación a su suerte. Y eso es gravísimo.
La cuestión supera competencias y oportunismos políticos. Se trata de un problema social de gran envergadura que necesita una respuesta del Estado en todos los niveles. La pobreza no es un problema de un partido político sino que debiera ser encarado desde el Estado con una política consensuada entre todas las fuerzas políticas en sus aspectos básicos: vivienda, seguridad, salud, trabajo y combate al narcotráfico.
La ausencia del Estado hace aún más vulnerables a los sectores más débiles y los deja en manos de quienes se benefician con la ilegalidad.
Fuente: clarin.com