¿Podemos, de una puñetera vez, hablar en este país de algo más que de banderas? Las pensiones, sin ir más lejos.

La gravísima situación creada en Cataluña por la colisión de intereses de los gobiernos de las respectivas derechas nacional (PP) y autonómica (PdCat) está afectando a cuestiones sociales de primer orden, que se están viendo relegadas. Como el sistema público de pensiones, al que la política actual conduce al abismo. Y a los pensionistas actuales al umbral de la pobreza: el 50% cobra menos de 677 euros al mes.
El conflicto planteado ahora mismo en Cataluña es absolutamente demencial. Demencial el empleo desmesurado de la policía antidisturbios, enviada por el Gobierno central, que ha golpeado a la gente que pretendía, legítimamente, ejercer su derecho al voto. Y en este punto, los catalanes no deberían sentirse discriminados, pues reciben de la policía el mismo trato aplicado en Madrid a participantes en protestas mineras, marchas de la Dignidad, y que hace tan sólo unos días golpeaba en Murcia a manifestantes que pedían un cambio en el trazado del AVE.
Demencial que los Mossos, ya que optaron por desobedecer las instrucciones de colaborar en la represión del referéndum, no actuaran al menos como 'fuerza de interposición' entre la gente y los antidisturbios, evitando así tanto los daños a las personas como el deterioro de la imagen de España en el contexto internacional. 
El colmo de la demencia se pone de relieve cuando todo este empeño en el ejercicio del voto —que desde la perspectiva de los derechos civiles es absolutamente legítimo— iba destinado a "decidir" sobre una ilegalidad chapucera organizada por las propias y bien remuneradas autoridades autonómicas. De manera que para entender este conflicto sin caer también en las redes de la demencia sólo cabe utilizar, o bien un análisis marxiano —de Groucho, naturalmente—, o aplicar cierta aguda observación de Wittgenstein: "Puesto que nuestros objetivos no son elevados sino mediocres, nuestros problemas no son difíciles sino absurdos".
Pues bien, todo este absurdo "se ha convertido en el mayor problema institucional de la democracia española y no solo tiene en vilo al Gobierno de Mariano Rajoy, a toda la clase política española y la sociedad catalana sino al conjunto del mundo financiero y empresarial", se puede leer en Cinco Días, que delimita con claridad los principales afectados por el conflicto independentista: junto a la sociedad catalana, el Gobierno, la clase política española y el conjunto del mundo financiero y empresarial.
¿Y qué hay de la ciudadanía de a pie? ¿Qué hay de la gente que está soportando sobre sus espaldas el coste de la crisis? ¿Acaso no está en vilo la gente que, a través de la merma de sus salarios y los recortes en las los servicios y prestaciones sociales, está pagando los sueldos del Gobierno, de la clase política española y los beneficios del conjunto del mundo financiero y empresarial?
¿Qué hay de los desempleados? Recuerda David Trueba la fecha del 31 de agosto de este año. "En solo esa jornada perdieron su empleo 315.000 personas. Esa fecha vergonzante de récord no conmovió a nadie, pese a que significa un zarpazo al proyecto de vida de una legión de familias, de esa gente que no despierta ni la empatía ni la emoción, ni la solidaridad ni el empeño de los gerentes de la pasta porque están ocupados en otras cosas mucho más significativas para los libros de Historia y su cromo".
España todavía no está rota, pero su sociedad sí lo está. ¿Podemos, de una puñetera vez, hablar de algo más que de banderas? ¿Podemos hablar de las cosas de comer? Las pensiones, sin ir más lejos. Porque hay pensionistas a los que la paga apenas si les llega para comer.
En España (incluyendo, hoy por hoy, Cataluña), la mitad de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. Los nuevos pensionistas del régimen general entran en el sistema cobrando una pensión de unos 1.500 euros de media. 

Según denuncia UGT la pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros mensuales. De las 9.473.482 pensiones que se abonaron en 2016, el 50% no llegaron a los 677 euros, el límite que marca la exclusión social para 2016 según la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las peor paradas son las pensiones de orfandad, ya que el 86% de ellas no supera el umbral de la penuria". Entre los 2,3 millones de pensiones de viudedad, el 69% son pensiones de escasez y entre las pensiones de jubilación, el 40% no supera el umbral de la pobreza. Las mujeres son mayoría entre las pensiones de viudedad (el 89,4%) que son, en general, de menor cuantía.
En conjunto, la paga de los pensionistas se deteriora por la reforma aplicada por el Gobierno de Rajoy en virtud (más bien vicio) de la cual, la revalorización anual es de tan sólo el 0,25%. Mientras que en 2017, el Índice de Precios de Consumo ya alcanza el 1,8% en tasa interanual, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
Según el simulador de la Autoridad Fiscal, se necesitaría inyectar en el sistema unos 25.000 millones de forma permanente hasta 2022, siempre que se mantengan unas proyecciones razonables de PIB e inflación. Es decir, ese es el dinero que haría falta al año para que las prestaciones no perdiesen poder adquisitivo, dado el déficit que existe de 18.000 millones y que con ese agujero la ley no deja subirlas más allá del mínimo legal del 0,25%. Desde que entró en vigor en 2014, este será el primer año en que los jubilados claramente pierdan capacidad de compra.
¿Recuerdan alguna actuación decidida para abordar este problema por parte del conjunto de formaciones políticas que ocupan los 350 escaños del Congreso de los Diputados? Les invito a comprobarlo.
En este sentido, el pasado 30 de septiembre se iniciaron las marchas a favor de Pensiones Dignas convocadas por UGT y CCOO en todo el país, en defensa de una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Tres columnas, partidas desde Gijón, Santander, Málaga, Santiago de Compostela y Castellón, tienen previsto confluir las cinco en Madrid el lunes 9 de octubre.