Podemos descubre su rostro tiránico

Podemos, si gobierna, nombrará jueces y magistrados, sin respetar la independencia de la Justicia. Ni siquiera disimulan la tiranía y el desprecio a la democracia. Los dirigentes de Podemos creen, quizás con razón, que a los españoles, que no son demócratas, les importa un bledo que ellos tampoco lo sean. Por eso plantean abiertamente el sometimiento de la Justicia y el fin de la independencia y separación de los poderes básicos del Estado. Quieren un dictadura en la que todo esté controlado por ellos. Quien les vote en adelante no podrá sentirse engañado cuando la bota del poder le aplaste el cuello. --- El documento que Podemos envió el pasado lunes al PSOE como base para formar un Gobierno de coalición “con garantías” ha escandalizado a los demócratas españoles y, en especial, a los profesionales de la Justicia y las principales asociaciones judiciales y de fiscales. El programa del partido de Pablo Iglesias plantea que algunos puestos clave de la justicia, como el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su “compromiso con el programa del Gobierno”. Las asociaciones consideran que esta exigencia de adhesión política supone un ataque a la independencia del Poder Judicial.

Los medios destacan que el documento programático de Podemos reserva su parte final a una serie de cargos de “especial relevancia” que, según la formación de Pablo Iglesias, han de ser seleccionados y elegidos por consenso. Estos altos cargos se dividen en cuatro grupos —económicos y fiscales, Justicia, Seguridad y Educación—. En el apartado de Justicia, el documento cita seis puestos: los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado.

El programa de Podemos sostiene que “estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. Y, a renglón seguido, remacha: “La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”. Nunca antes se había recogido expresamente que la adhesión de un fiscal o un juez al proyecto político del Gobierno fuera un criterio para su designación como fiscal general, magistrado del Constitucional o vocal del Poder Judicial.

Las asociaciones de jueces y fiscales de todo signo ideológico y con ellas muchos demócratas y ciudadanos decentes y amantes de la libertad consideran que esta fórmula es totalitaria y atenta no sólo contra la independencia judicial, sino contra la esencia de la democracia, convirtiendo al Estado en dueño y señor de las vidas y de los ciudadanos en una nación sometida, sin ciudadanos y sin sociedad civil.

Los valiosos embates de Podemos contra la corrupción y los abusos de poder en España pierden credibilidad y consistencia cuando, como alternativa al mal gobierno de los viejos partidos, propone un sistema sin libertades que ha demostrado en la Historia, con creces, su fracaso y su capacidad de generar pobreza, dolor y hasta muerte.

Es lógico pensar que el PSOE, un partido que siempre se ha declarado democrático, no pacte jamás un gobierno con estos pequeños dictadores, a pesar de la loca ambición de Pedro Sánchez. Si lo hace, nadie le perdonará, ni siquiera sus militantes.