El Vaticano mantiene aún un peso notable en la vida española, como se comprueba estos días al protagonizar tres noticias importantes, una relacionada con ETA, otra con la Ley de Educación, y una tercera con su obra social, Cáritas.
La primera fue la revelación de que Roma se negó a que Zapatero negociara con la organización terrorista ETA en la Nunciatura de Madrid, según uno de los mensajes secretos revelados por el “mayordomo infiel” del Papa, con órdenes para el Nuncio en España, Renzo Fratini.
El Vaticano decretaba que se le pidiera a ETA su disolución incondicional, postura que apoyaba el joven y nada nacionalista obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, sucesor de los torvos nacionalistas Setién y Uriarte.
Otra de las muestras del peso del Vaticano, porque triunfa su postura moral, aparece en el nuevo proyecto de Educación para la Ciudadanía del Gobierno popular, que elimina “las cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”.
La ley retirará las menciones a la homosexualidad, a la homofobia, a la sexualidad libre y las incitaciones a crear una mentalidad de carácter socialdemócrata, cuyas exigencias frecuentemente chocan con la doctrina católica.
Aunque, traicionando la promesa de numerosos dirigentes del PP de eliminar esa asignatura zapaterista, Rajoy la mantiene y rompe así su promesa de que la formación sobre derechos y deberes constitucionales sería transversal, distribuida en asignaturas como Filosofía o Historia de la Cultura.
La última muestra del poder del Vaticano viene tras las propuestas izquierdistas de cobrarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios eclesiásticos.
El cardenal Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, advirtió que entonces podría resentirse Cáritas, organización que atiende diariamente a casi un millón de personas.
Una advertencia intimidatoria: con menos Cáritas las calles pueden llenarse de hambrientos iracundos.
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