Lo denunció un diputado nacional de Juntos por el Cambio y pidió la interpelación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Ya hubo sanciones a los agentes que irrumpieron en las viviendas de los trabajadores durante la madrugada.
El denunciante fue el radical Álvaro de Lamadrid, integrante de la alianza macrista y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, cuyo reclamo fue hoy replicado por el diario Clarín. El legislador aseguró que el parte es una prueba "de cómo la Gendarmería Nacional realiza espionaje interno para controlar la protesta social que se da en la minera de Andocollo".
"El gobierno nacional ha hecho inteligencia interna y espionaje a los trabajadores. Se infiltraron en sus asambleas, en sus actividades, para determinar qué van a hacer. Todo esto lo hace la Gendarmería siguiendo las directas de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Son episodios graves", aseveró.
Según se citó en la nota periodística, el informe contiene información sobre las propuestas que se iban realizando en las reuniones con el gobierno y las medidas que tomaban los trabajadores en consecuencia. Muchos de esos datos eran consignados también por los medios de comunicación y las propias redes sociales de los mineros, quienes hacían transmisiones en vivo para narrar su protesta.
Consultados hoy sobre el tema, uno de los delegados indicó que harán una reunión en la semana para unificar una postura respecto de las denuncias.
Desde el ministerio de Frederic se indicó a RÍO NEGRO que, en caso de tener pruebas de que hubo una tarea ilegal de inteligencia, "se iniciarán todas las medidas administrativas y judiciales correspondientes". También aclararon que la información que se recibe de Gendarmería es a través de partes oficiales de los operativos y procedimientos una vez concluidos.
Esta no es la primera vez que esta fuerza nacional queda en medio de una polémica por su accionar en el conflicto minero. Desde Seguridad se confirmó a este diario que "hubo sanciones a los gendarmes que notificaron por la madrugada a las familias de los trabajadores cuyos vehículos fueron secuestrados por orden judicial".
Legisladores del Frente de Todos habían solicitado por ese motivo que también se investigue la actuación de la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, para saber si se trató de un procedimiento inconsulto de la Gendarmería o fue por orden de la magistrada.