Uno de los primeros signos de que el sistema chavista comienza a infiltrarse en España es el proyecto de ley regional conjunto PSOE-Podemos en Aragón que creará una policía política que podrá espiar a los ciudadanos sin control judicial.
Un proyecto que se presenta como Agencia contra la corrupción de los funcionarios regionales y de quienes se relacionen profesionalmente con ellos.
Los 1,3 millones de habitantes de Aragón deben mantener una gigantesca burocracia política, pero ahora su gobierno se propone implantar esa policía que suplanta o reitera varias funciones de las instituciones estatales, como las judiciales y de las fuerzas de seguridad, de la Agencia Tributaria y del Tribunal de Cuentas.
El gobierno está presidido por el socialista Javier Lambán, que protesta por no disponer de más fondos para sanidad y educación, mientras prepara su costosa policía política.
Lambán, gobierna desde 2014 con apoyo de la izquierda regionalista, IU y especialmente de Podemos, que cuando era la Fundación CEPS aconsejó la creación de agencias similares en Venezuela.
Al amparo de la lucha contra la corrupción las policías especiales, que enseguida resultaron ser las más corruptas, espiaron a los funcionarios para descubrir discrepantes del chavismo y depurarlos.
Así fueron instalando los escalones del sistema que controla las estructuras oficiales del país, incluido el Tribunal Supremo que acaba de anular Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
El PSOE no había establecido algo parecido desde Largo Caballero, en la II República, cuando copió a impulso de los comunistas un sistema similar bolchevique para fichar a la población “hostil”.
La lucha contra la corrupción desde el populismo y el pensamiento totalitario termina siempre apoderándose y pervirtiendo por contagio las organizaciones democráticas, como podían ser las del PSOE aragonés y de toda España.
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