Política antiterrorista del PP

Foto de portada por: juantiagues

Hubo un tiempo en que el Partido Popular, estando en la oposición, no tenía reparos en utilizar la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno. Era cuando acusaba al Ejecutivo de “estar traicionando a los muertos” y que la política antiterrorista servía sólo para “fortalecer a ETA”. Ninguna medida gubernamental parecía del agrado de un Partido Popular que enarbolaba la bandera de las víctimas y se colocaba tras las pancartas de las manifestaciones, rompiendo el frente unido entre los demócratas contra el terror para asumir postulados maximalistas, desde los que exigía medidas extremas.

Mientras estuvieron en la oposición se convirtieron en adalides del cuestionamiento de cualquier instrumento que no fuera únicamente la fuerza policial para vencer a ETA, socavando con sus críticas los esfuerzos emprendidos para evitar los asesinatos, el cese de la violencia y las salidas para reconducir las aspiraciones de los independentistas por vía de la legalidad, a través de cauces pacíficos y democráticos de participación política.
Tal estrategia que recusaba todo consenso que no se limitase a la mera asunción de los postulados radicales de los populares era de fácil ejecución y proporcionaba enormes réditos electorales a los conservadores, aunque supusiera fracturar la unión entre demócratas y faltar a la lealtad con el Gobierno en un asunto de Estado que requiere discreción, tacto y enormes dosis de responsabilidad en los partidos con posibilidad de gobernar.

Dos veces ha repetido el Partido Popular esa estrategia de confrontación en materia de política antiterrorista: la primera, durante los gobiernos de Felipe González que acabaron enfangándose en una “guerra sucia” contra ETA, dirigida desde el Ministerio del Interior, y de la que se lucraron algunos altos responsables y determinados elementos policiales gracias al uso de fondos reservados sin ningún control. Una deriva que degeneró de la obsesión por afrontar, por “atajos” y a cualquier precio, las crueles campañas criminales de ETA, capaz de cometer más de cien asesinatos en una legislatura.

Esa situación puso en bandeja a José Mª Aznar la posibilidad de auparse a la presidencia del Gobierno merced a una frase insistentemente pronunciada en cada debate parlamentario y cada mitin: “¡Váyase, señor González!”. La dura oposición de Aznar, que se nutría de los casos de corrupción en las filas socialistas y de lo que se denominó “terrorismo de Estado”, sirvió para que el líder de la oposición se hiciera eco de las insinuaciones que señalaban al presidente de Gobierno como el “Sr. X” que dirigía la trama de los GAL, policías y mercenarios que combatían a ETA con la anuencia de determinados cargos del Gobierno. Y dio resultado: tras cuatro legislaturas de gobiernos socialistas (1982-1996), Aznar consiguió que el Partido Popular accediera al Poder.

La segunda ocasión fue cuando retornaron a la oposición por obra y milagro de José Luis Rodríguez Zapatero, quien contra todo pronóstico desalojó a los populares del Poder tras los atentados cometidos por terroristas islamistas en Atocha. Otra vez los populares volvieron a la estrategia radical, sobre todo durante la primera legislatura del socialista, acusando al Gobierno de rendirse a ETA y claudicar ante sus exigencias, al impulsar un “proceso de paz” con el que pretendía acabar con la existencia de la banda terrorista mediante el diálogo y negociación. Los populares y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se conjuraron para manifestarse repetidamente contra la política antiterrorista del Gobierno, rechazando incluso las medidas de reinserción de los presos que se desvinculan de la banda o los beneficios penitenciarios (prisión atenuada, permisos, etc.) que pudieran serles aplicados.

Sin embargo, toda esa estrategia radical contra la política antiterrorista del  PSOE se vuelve en contra cuando el Partido Popular tiene oportunidad de gobernar. Porque, inviable la derrota de ETA exclusivamente por vía policial, debe aplicar mecanismos basados en aquello que criticaba ferozmente desde la oposición. Entonces no recuerda sus exigencias maximalistas y las pancartas tras las que se parapetaba para denunciar chantajes y traiciones ante cualquier iniciativa antiterrorista.

Ni el mismísimo Jaime Mayor Oreja, convertido en el “martillo” de la oposición al Gobierno en esta materia, es capaz de recordar su paso al frente del Ministerio de Interior desde el que acercó presos de ETA a las cárceles del País Vasco, excarceló a decenas de ellos y tuvo que escuchar la referencia de su presidente al “movimiento de liberación vasco” cuando Aznar autorizó el inicio de negociaciones con ETA en la tregua de 1998.

Entonces, y ahora también bajo el Gobierno de Rajoy, lo que era cesión se transforma en cumplimiento estricto de la ley, la “blandura” ante presos enfermos son medidas penitenciarias humanitarias y los planes de acercamiento y reinserción son actuaciones gubernamentales que se basan en “cumplir la ley en la lucha contra ETA para derrotar a ETA”. Salvo las propias bases más extremistas del Partido Popular, nadie niega la legitimidad del Gobierno para diseñar y aplicar la política antiterrorista, así como el consenso y lealtad con que ha de ser secundado en su labor, precisamente para no mostrar ninguna fisura entre los demócratas que pudiera beneficiar a los asesinos. Pero esa actitud ha de mantenerse tanto si se gobierna como si se está en la oposición, cosa que no hace el Partido Popular y por eso la estrategia se le vuelve en contra. ¿Aprenderá alguna vez la lección?