Política de Drogas y discursos de batalla - Repuesta a las declaraciones del Dr. Silvestre Begnis

(A propósito de las declaraciones del Dr. Silvestre Begnis al programa radial Molinos de Viento el 14 de Febrero de 2012)   Lic. Fabián Chiosso. Presidente de FONGA
En principio queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a las declaraciones del Dr. Silvestre Begnis en relación al trabajo de las Comunidades Terapéuticas. Las generalizaciones y acusaciones difusas que se formulan en el programa no proponen el intercambio de ideas. Son producto de una modalidad autoritaria y simplista de plantear un problema complejo,  que tiene como consecuencia la exclusión del debate de la sociedad en general y de los actores directamente involucrados que no piensan como el Dr. Begnis, ya que quedan descalificados  moral e intelectualmente desde el inicio.
Sobre las Comunidades Terapéuticas
Uno debería hacerse la siguiente pregunta: ¿son las Comunidades Terapéuticas el eje central de la discusión sobre una política de drogas que de cuenta de la situación actual? Si la respuesta es afirmativa, deberíamos establecer ámbitos de debate teórico sobre el modelo de CT y sus posibles –o imposibles- aportes a la salud mental en general y a las adicciones en particular. Si la respuesta es negativa, deberíamos preguntar –preguntarnos- porqué la CT sigue siendo el blanco predilecto de ciertos discursos superestructurales que devienen en slogans puramente ideológicos que se repiten de manera mecánica.
Para hablar seriamente de Comunidades Terapéuticas podemos hacer referencia a dos trabajos del Dr.  Domingo Comas Arnau[1]: “Las Comunidades Terapéuticas en España” y “La metodología de la Comunidad Terapéutica”[2]: Allí propone el modelo de CT como una metodología alternativa a los modelos tradicionales en el abordaje de diferentes problemáticas de salud mental -entre las cuales se encuentran las adicciones- en el contexto de la España actual con un importante y valorado desarrollo en su sistema de salud mental  y adicciones.
"Sin duda el desmantelamiento de las viejas redes residenciales –los manicomios españoles- supuso un notable avance en el desarrollo de los derechos humanos y en los derechos de ciudadanía, pero la forma improvisada en la que, en muchas ocasiones, se realizó esta tarea ha supuesto la emergencia de una población que, hoy en dia, no tiene reconocidos sus derechos básicos. Reivindicar la metodología de la comunidad terapéutica, supone, en este momento particular, hablar de derechos humanos. Aquellos que siguen asimilando la Comunidad Terapéutica con los viejos manicomios y otras formas poco sensatas de internamiento, son gente que vive en 2011, pero a la que se le paró el reloj del conocimiento hace 30 años." (Comas Arnau, Domingo, 2010: 10)
También podemos recurrir a los excelentes estudios que realizaron los Observatorios de Drogas de SEDRONAR y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los centros de tratamiento[3] con los cuales cada organismo trabaja desde hace varios años. Estudios que surgen de un trabajo científico sistemático y responsable.
Estos son dos puntos de partida interesantes para quien pretenda establecer una discusión saludable y democrática sobre el problema de las drogas, sobre el modelo de Comunidad Terapéutica en general y sobre las Comunidades Terapéuticas que trabajan en Argentina en particular.
Discursos de batalla
Sostener, como lo hace el Dr. Begnis, que “las comunidades terapéuticas tienen poco de comunidades y nada de terapéuticas. Son especuladores de la internación, solo van por las becas de SEDRONAR”  implica adherir a una serie de ideas que, además de no tener fundamentos coherentes, son anacrónicas. Ideas que son parte de un discurso de batalla que corresponde a otro contexto y otro momento.  Esta línea de pensamiento deja en evidencia, por lo demás, que no existe la intención de proponer una crítica constructiva que genere un debate serio. Más bien  plantea una posición cerrada, que pretende establecer campos de discurso absolutamente antagónicos e irreconciliables. En el mismo movimiento establece un manto de sospechas sobre todos los individuos que trabajan en las diferentes comunidades terapéuticas y victimiza a todos los individuos que reciben tratamiento allí. Lo cual resulta, por lo menos, abusivo e irresponsable. Si pretendiera ser coherente con el perfil de funcionarios que asumieron recientemente en los distintos organismos provinciales y nacionales  a cargo de las políticas públicas en adicciones, entendería que hoy es tiempo de debatir democráticamente, consensuar, tolerar el disenso  y construir hacia el futuro.
Cuando alguien repite a ciegas un discurso vacío de contenido, no le importa la relación que ese discurso tenga con la realidad. Por el contrario, todo aquello que lo contradiga debe ser dejado de lado. Así, en la entrevista mencionada, se pone de manifiesto el lamentable desconocimiento de ciertos datos que serían de gran utilidad para la reflexión. De las aproximadamente 6000 plazas de tratamientos que ofrecen las Ong’s federadas en FONGA –la gran mayoría Comunidades Terapéuticas- mas del 50 % son plazas de tratamiento ambulatorio y sólo el 34 % de todos los pacientes que reciben tratamiento fueron derivados por organismos del Estado. Organismos que pertenecen a los ámbitos nacional, provincial y municipal –en algunos casos- y no exclusivamente a SE.DRO.NAR. Por lo cual son inaceptables las afirmaciones del Dr. Begnis cuando dice que en las Comunidades Terapéuticas “se internan chicos por la becas de SEDRONAR”. Y esto es así por varios motivos: SEDRONAR  no hace otra cosa que garantizar el derecho a la asistencia a personas que lo necesitan en todo el país (al igual que muchos otros organismos estatales); solamente interna personas adultas –no chicos- que fueron diagnosticadas por un equipo de profesionales especializados; los controles por parte de SE.DRO.NAR –y de todos los organismos estatales- son extremadamente estrictos. Con lo cual se debería aclarar qué se dice cuando se afirma que hay “abuso de internaciones”, para poder identificar y sancionar a los responsables y proteger los derechos de los pacientes. No hacerlo implica, lisa y llanamente, ser cómplices de las irregularidades.
La falta de control efectivo por parte del Estado se verifica  sobre las organizaciones que trabajan de manera informal, y estas organizaciones tienen facilidad para proliferar debido a la enorme carencia de políticas públicas. El único control estricto y sistemático por parte del estado se realiza sobre las Ong’s formalmente habilitadas
SE.DRO.NAR y la posición de FONGA
La Federación ha presentado al Dr. Bielsa un pedido formal de audiencia junto al que hemos entregado el documento “Lineamientos para una comprensión del problema de las Drogas. Educación, Prevención y Asistencia en Adicciones Desde la Perspectiva de las Organizaciones no Gubernamentales”. En el sostenemos, en el punto n° 9, que “Nuestra vasta experiencia nos permite sugerir que la respuesta al problema del consumo de drogas debe estar orientada por una perspectiva integral que, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, articule claramente las dimensiones legales, psicológicas, antropológicas, sanitarias, sociales, culturales y educativas que le son constitutivas. Esa perspectiva debe priorizar el fortalecimiento de todos los dispositivos, educativos, preventivos y de atención que garanticen un abanico de posibilidades para su abordaje, incorporando los modelos de reducción del daño y todos aquellas estrategias de trabajo que surjan a la luz de los actuales avances en las ciencias sociales y de la salud.”
Es decir: queremos ser actores en el debate sobre política de drogas, y aportamos una mirada integral sobre el abordaje de esta problemática que, lejos de sostener la internación como única alternativa, plantea un modelo integral e integrado de diferentes modalidades de abordaje y distintos niveles de articulación entre el Estado y los actores sociales involucrados.
Persecuciones y Ley de Salud Mental y Adicciones
Es incorrecto afirmar que la policía dejó de encerrar a los jóvenes gracias a que la ley de Salud Mental definió que las adicciones son una enfermedad. La ley 26657 viene a coronar un debate previo que se inicia con el fallo “Arriola” y continúa con la propuesta de reformular la ley 23737. En ese marco aparece el tema de la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal y se fortalece la idea de no criminalizar a los consumidores. Lo que debería agregarse a esto es que el modo en que ese debate fue planteado en los medios de comunicación[4] tuvo como consecuencia, también, una sensible baja en la percepción del riesgo del consumo de sustancias por parte de los jóvenes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires[5]. Y que si bien bajaron las detenciones, los jóvenes siguen presentando crecientes niveles de consumo de sustancias –legales e ilegales- aspectos sobre los que el Dr. no presentó ninguna reflexión importante. Otro de los detalles que se debería incluir en esta discusión, es que en el debate sobre la reforma de la ley 23737 y de la ley 26657, los tratamientos residenciales dejaron de ser considerados como un recurso terapéutico posible entre varios otros, para pasar a ser considerados casi como un instrumento de castigo que debe evitarse por todos los medios.   
Los verdaderos ejes de discusión
No se puede pretender instalar a las Comunidades Terapéuticas y a los tratamientos residenciales  como el problema central de la política de drogas en la Argentina. Hacerlo es una elegante manera de esquivar los problemas de fondo mientras se sostiene un discurso políticamente correcto.
Discutir seriamente este problema implica animarse a abordar los temas estructurales que continúan sin resolverse. En ese marco, la evaluación crítica sobre los dispositivos actuales de prevención y asistencia es necesaria y queremos asumir la responsabilidad de una discusión coherente. Pero el eje central del debate pasa por tres temas que generalmente no aparecen ante la opinión pública: a) la imposibilidad histórica de asignar los recursos adecuados a los programa estatales y no estatales de asistencia y particularmente de prevención de las adicciones en todos los niveles; b) la ausencia de una política clara y eficaz en cuanto a la persecución del narcotráfico; c) una evaluación sistemática de los modelos de intervención diseñados desde el Estado que están operando en este momento en distintas provincias.
En este último punto ofrece una riqueza enorme para el aprendizaje a partir de modelos de intervención en pleno desarrollo – algunos de ellos con importantes logros - que deberían servir de referencia teórico - práctica a cualquiera que se preocupe seriamente por las políticas públicas en adicciones. Los modelos comunitarios de Chubut, Salta y Entre Ríos, ofrecen una variada gama de experiencias en cuanto a la inserción del Estado en la sociedad civil y al desarrollo de dispositivos comunitarios y centros de día. El trabajo en prevención en la primera infancia en La Pampa y la articulación del Estado y Ong’s que está desarrollando son otras de las experiencias que deberían evaluarse. Particularmente el programa de prevención en edades tempranas, algo que no se ha sistematizado a nivel país y que debería ser una de las cuestiones estratégicas de cualquier política pública. La experiencia de “La Casa del Paco” en la Ciudad de Buenos Aires, que muestra la complejidad del abordaje de niños y adolescentes afectados por la problemática del “paco”, pone sobre el escenario el desafío de articular saberes profesionales y no profesionales en el diseño y aplicación de las estrategias y nos obliga a pensar en la cuestión de la inclusión social vinculada al consumo de sustancias. Finalmente, la tormentosa experiencia de la Pcia. de Buenos Aires, que supo desarrollar el modelo estatal de prevención y  asistencia de las adicciones más importante de américa latina y hoy se encuentra en una crisis que la coloca al borde del abismo, ofrece ella sola una enorme cantidad de elementos para analizar y sacar conclusiones sobre bases concretas.
Es cierto que esto exige un coraje político muy importante y obliga a salir de un discurso acusatorio abstracto y hacerse cargo de lo que cada uno dice y es capaz de hacer.  Quienes conformamos la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina aceptamos hace mucho tiempo este desafío, lo respaldamos con nuestro trabajo cotidiano y exigimos el respeto y la consideración que nuestra gente se merece.
LIC. FABIAN CHIOSSO
La crisis interminable de la provincia de Buenos Aires