Política de simulación

Ahora que los dirigentes políticos han obligado a convocar nuevas elecciones porque fueron incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, pretenden que éstas puedan considerarse como una especie de “segunda vuelta” que concentre el voto que fragmentó el Parlamento en minorías incompatibles. Simulan una segunda vuelta que no es posible porque no discrimina a los que no consigan un dintel mínimo de votos y, por tanto, no evita que vuelvan a obtenerse los mismos o parecidos resultados que las anteriores, si ese fuese el deseo de los ciudadanos. Juegan, pues, al engaño para no reconocer su fracaso y poder cargar, así, sobre el ciudadano la responsabilidad de decidir el futuro candidato para la investidura. Lo que los partidos no supieron o no quisieron acordar entre ellos mediante negociación y pactos, quieren que lo decidan los votos en las urnas, aunque arrojen idéntico resultado: cuatro o cinco minorías condenadas a entenderse. Es probable que nuevas elecciones sean preferibles a un mal gobierno, pero ninguna de estas opciones puede ser imputable al votante sino a la incapacidad de los dirigentes políticos de acordar un gobierno que refleje la voluntad ciudadana y responda a los intereses generales del país y no a los particulares de cada formación. Son ellos, los partidos con representación parlamentaria y sus líderes, los que no logran ponerse de acuerdo y, en consecuencia, los que obligan a repetir unas elecciones que no hacen más que alargar el problema unos cuantos meses más.

No sería la primera vez que los políticos simulan cosas distintas a la realidad. Del mismo modo que no existe ninguna “segunda vuelta”, tampoco nuestro sistema político es presidencialista, sino parlamentario. Aquí no elegimos presidente de Gobierno sino a parlamentarios que lo seleccionan en función de las mayorías que consigan formar en el Congreso de los Diputados. Exigir, como hacía el Partido Popular, que se le dejase gobernar porque era la minoría mayoritaria, era otra simulación, otro intento de engañar al ciudadano, ya que se inviste presidente al candidato que reúne mayoría de votos en el Parlamento. Pero se insiste en crear confusión con la intención de que la opinión pública presione a su favor en las negociaciones para conseguir esa mayoría de apoyos. Una falacia si nadie quiere pactar y cuando se impide que otros recaben esos apoyos. En España es inconcebible que el que no puede Gobernar deje que otros lo hagan para evitar al país un período excesivamente largo sin Gobierno “efectivo”. Aquí, no solo se prefiere alargar la interinidad de un Gobierno “en funciones”, sino que se propugnan “vetos” para que nadie consiga llegar a pactos conducentes a la formación de Gobierno. Si para ello hay que simular que se debe eligir al candidato de la lista (minoritaria) más votada, se expresa abiertamente tal infundio, aunque haya que repetir nuevas elecciones. Nuestra democracia admite el simulacro.
Hasta el Rey, que hoy firmó el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el próximo 26 de Junio, adopta como Jefe de Estado un comportamiento más parecido al Presidente de República que al de un monarca que accede al cargo por transmisión hereditaria. Intenta mostrar una neutralidad exquisita en sus actuaciones, ateniéndose a lo establecido legalmente en la Constitución en el ejercicio de sus funciones representativas y cumpliendo con los actos debidos que le corresponden en nombre del Gobierno y las Instituciones. Pudiendo dar pábulo al infundio que interesadamente se propalaba y designar al candidato de la lista más votada para que recabe los apoyos que le permitan ser investido presidente de Gobierno, prefirió que fueran los líderes políticos los que ofrecieran su propia candidatura para ello. Esa decisión alargó el proceso innecesariamente hasta que, culminado el plazo sin que Rajoy moviera un dedo, otro candidato asumió la responsabilidad de intentarlo de manera infructuosa. Desde el 20 de diciembre pasado, el país asiste a un doble intento electoral por formar Gobierno, sin que nada garantice otro escenario distinto al de un Parlamento fragmentado en minorías intransigentes que actúan simplemente por tactismo partidista. Al final, el Rey disuelve las Cortes, no por decisión gubernamental, sino con el refrendo del presidente del Congreso. Todo lo contrario a las iniciativas de una monarquía absolutista y más semejante a los actos reglados de un presidente republicano. Incluso en su vida personal, el Rey de España rehúye de las exhibiciones de una realeza dedicada al boato y el dispendio, que se rodea de una corte de aristócratas manijeros, para mostrarse con la austeridad y el decoro ejemplar de quien está al servicio del país y depende de las instituciones democráticas que regulan su función, y no persigue que el país esté a su servicio y por encima de las instituciones.
Los únicos que no simulan son los ciudadanos, que se declaran frustrados y contrariados con la convocatoria de nuevas elecciones por culpa de unos partidos que no fueron capaces de alcanzar acuerdos para la gobernabilidad del país. Pero también ese hartazgo está previsto de antemano por quienes consideran que la abstención favorece sus expectativas. Ningún cálculo puede darse por válido hasta su confirmación ulterior en las urnas, pero la repetición de resultados más o menos idénticos supondría un correctivo de los votantes a los partidos para que asuman de una vez por todas la voluntad popular y se sienten a pactar ese Gobierno que precisa España y que ya no se puede demorar más. El mensaje emitido con los votos sería el de que dejaran de simular y afronten la realidad tal cual es: plural, diversa y sin que nadie posea la verdad en exclusiva. Que se comporten con un poquito de humildad, dialoguen, cedan, pacten y acuerden un Gobierno estable, eficaz y duradero. Por el bien del país, que para eso se presentaron a las elecciones sin que nadie los obligara, señorías.