Una señal de que las democracias están en peligro es cuando las masas persiguen a los jueces con complicidad gubernamental por dictar sentencias siguiendo las leyes que contradicen los juicios populares o de la parte más emotiva de la sociedad, la irreflexiva.
Ocurrió con la connivencia de políticos demócratas, tornados en populistas, en tiempos previos al comunismo y al fascismo.
En España se repiten ahora esas situaciones. Un caso es relacionado con los cinco miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión cada uno por abuso pero no violación de una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.
Uno de los tres magistrados del tribunal –en el que hay una mujer--, firmó un voto particular señalando que dudaba de la versión de la agredida y consideraba que el sexo con los cinco no había sido violento.
Tras dos años en prisión provisional han sido puestos en libertad vigilada hasta el fallo del Tribunal Supremo.
Masas de feministas crecientemente agresivas comenzaron a denunciar y a amenazar con nombres y apellidos a los magistrados por no haber condenado a La Manada a la veintena de años que pedían la Fiscalía y las acusaciones.
Tienen que llevar escoltas, ellos y sus familias, como ocurría con los jueces amenazados por ETA y los italianos perseguidos por la mafia.
Pero el mayor problema viene de los políticos metidos a populistas: antes con el PP y ahora con el PSOE, los responsables de justicia y orden público sugieren que los jueces protegen a los delincuentes sexuales.
Que los gobiernos alimenten la venganza de masas enfurecidas socava las bases mismas de las democracias, como ocurrió al aparecer los grandes totalitarismos –comunismo y fascismo--, y se observa ahora con Trump y demagogos parecidos.
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