Los ciudadanos, en democracia eligen a sus gobernantes no para que gobiernen, sino para que solucionen los problemas y trabajen para el bien común. Pero en España ocurre justo lo contrario: los políticos no son elegidos por el pueblo porque son los partidos los que elaboran las listas electorales y, por otra parte, una vez designados por el voto, rara vez solucionan los problemas existentes y sus principales esfuerzos se orientan a conservar el poder y fortalecer el partido al que pertenecen, contraviniendo el principio universal de que los ciudadanos, en democracia, tienen derecho no sólo a ser bien gobernados, sino a sentir también satisfacción ante las acciones del gobierno. Los políticos han estafado a los españoles durante las últimas décadas. Lo han hecho gobernando mal, incumpliendo sus promesas, cobrando impuestos abusivos, mintiendo y violando reiteradamente la Constitución y la democracia, pero de todas las estafas políticas padecidas por el pueblo, la de la representación es la mayor de todas. Los que elegimos en las urnas como representantes no representan realmente a los ciudadanos sino a sus propios partidos y a los líderes que les designan para que formen parte de las listas. Sólo rinden cuentas a sus propios partidos y ni siquiera conocen a los ciudadanos y ciudades a las que dicen representar. Sin representación, no hay democracia y la democracia española no existe porque carece de piezas fundamentales y porque ignora o devalúa la lucha por el bien común. ---
Una de las claves del fracaso de la política española está en que los políticos interpretan de forma antidemocrática y torticera el concepto de "representación". Hay dos aberraciones terribles en la manera como la política española interpreta y ejerce la representación: la primera es que los representantes elegidos solo dependen de las élites de sus respectivos partidos, nunca del ciudadano, al que desconocen y cuyos intereses rara vez defienden; la segunda es que ejercen la política como déspotas, como si hubieran recibido de los ciudadanos, al ser elegidos, un cheque en blanco, una especie de patente de corso que les permite todo, cuando la realidad, en democracia, es que solo han recibido el mandato de gobernar y solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos y a la nación.
Los últimos gobiernos de España se comportaron como dictadura camufladas de partidos políticos que, tras ganar las elecciones y gobernar, no sólo no han logrado solucionar los grandes problemas de la ciudadanía, sino que los han empeorado, además de crear, con su ineptitud y mal gobierno, otros nuevos, lo que significa, en términos democráticos, una violación clara del mandato popular, todo un fracaso político de grandes proporciones que, además, puede interpretarse como una estafa, ya que no han cumplido lo que prometieron a los ciudadanos durante la campaña electoral y lo que es lícito esperar de los que gobiernan en democracia.
Ese enorme fracaso de la política y esa estafa a la ciudadanía permanecen impunes porque los administradores no asumen su fracaso y han creado un sistema injusto y arbitrario que les permite mantenerse en el poder y seguir gozando de sus muchos privilegios a pesar de gobernar mal, fracasar e incumplir sus compromisos con la ciudadanía. En una democracia auténtica, los fracasados deberían dimitir o ser expulsados de lo público, pero en España eso no funciona y los fracasados y corruptos consiguen atrincherarse en el poder.
Los políticos afirman que tienen un "mandato" del pueblo para gobernar, recibido en las urnas al ser elegidos, que deben cumplir, pero así no funciona la democracia. Lo que los políticos reciben en las urnas es el mandato provisional de gobernar bien, con eficacia y decencia. Si no lo hacen, si incumplen sus promesas electorales y si gobiernan de manera corrupta y perjudicial para la nación, pierden la confianza y el favor popular, quedando obligados a dimitir y, si no lo hacen, merecen ser expulsados del poder, aunque hayan sido elegidos en las urnas.
El fracaso de los políticos españoles es aterrador y el balance que ofrecen a la ciudadanía después de cuatro décadas de falsa democracia, desde la muerte del general Franco, es sobrecogedor: han destruido los valores, empobrecido el país, llenado la sociedad de desempleados y nuevos pobres, prostituido la democracia, construido un Estado obeso e incosteable, con cientos de miles de políticos (más que Alemania, Francia e Inglaterra juntos) viviendo de la política, han destrozado el prestigio de España en el mundo, han sembrado el país de tristeza y desesperación, han logrado que los ciudadanos odien a los políticos y han hecho de España una potencia mundial en casi todo lo sucio y deleznable: prostitución, blanqueo de dinero, tráfico y consumo de drogas, captación de dinero sucio, baja calidad de la enseñanza, desempleo, avance de la pobreza, fracaso escolar, delitos, inmigración sin integración, corrupción, abuso de poder, urbanismo salvaje y otras muchas fechorías y canalladas, todas ellas protagonizadas por una de las clases políticas más ineptas y degradadas del planeta.
Francisco Rubiales