Andrés Ollero, un catedrático que fue diputado del PP durante 17 años, y que tras volver a la docencia durante una década fue nombrado el pasado junio magistrado del Tribunal Constitucional, es miembro del Opus Dei y el ponente de la sentencia sobre la Ley del aborto de Zapatero.
Se pronunció claramente en contra de ese acto médico-quirúrgico, pero deberá redactar el fallo aunque sea contrario a su ideología.
Cuando se cubrieron en junio cuatro vacantes de magistrados en el Tribunal, Ollero heredó, según la norma, las causas de las que era ponente Elisa Pérez Vera, magistrada progresista saliente, defensora del aborto y ponente de la legalización definitiva de las proetarras Sortu y Bildu, en contra de las sentencias del Tribunal Supremo.
En el caso de la Ley del aborto y el Constitucional, el periódico prosocialista más influyente y los partidos de izquierda le rechazan ese derecho a Ollero y exigen que se abstenga, cuando aplaudían la postura abortista y todas las sentencias supuestamente progresistas de Pérez Vera.
Esta es otra muestra de la politización del Constitucional con reparto de magistrados socialistas, populares y nacionalistas, y ausencia de técnicos no ideologizados.
También es señal de que llamado progresismo exige que se acepten sus posturas como un “imperativo categórico” kantiano, que coloca la razón, frecuentemente subjetiva, sobre toda consideración ética o moral.
El "imperativo categórico" kantiano que justificó los actos de Hitler llega en España cuando nos habíamos liberado finalmente del imperativo religioso único como imperativo progresí y religión rival que niega el derecho a cualquier otro pensamiento.
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