Por Rosario Espinal.10/11/2021
Gobernar siempre es difícil, y más en tiempos de catástrofe como es una pandemia que trajo, primero, muertes y desempleo masivo, y luego, inflación.
Para combatir la pandemia y el desempleo los gobiernos tuvieron que gastar más, por tanto, endeudarse más, y ahora no hay fuentes nuevas para recaudar. La gente no quiere más impuestos. Por eso, el presidente Luis Abinader tuvo que cancelar la cacareada reforma fiscal.
Esta situación constituye un dolor de cabeza para el presidente. Sin más recursos, tendría entonces que reducir el gasto público, porque la deuda no perdona, hay que pagarla.
En este contexto, el presidente ha encontrado un tema siempre urticante entre los dominicanos para dominar la narrativa política y concitar apoyos: la crisis haitiana y el rechazo a la migración haitiana.
Todos sabemos que la situación política y socioeconómica en Haití es horrenda. No es ficción, es real. Pero en la República Dominicana el tema va y viene no tanto en función de lo que ocurre allá, sino aquí.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas y por Twitter, Abinader ha solicitado la intervención de Estados Unidos, Canadá y Francia en Haití: hasta ahora lo han ignorado.
El Gobierno también ha anunciado varias medidas: reforzamiento de la custodia militar fronteriza, revisión del visado a estudiantes haitianos, auditoría al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y no ofrecer servicios de salud a los inmigrantes indocumentados excepto en emergencias. Veamos cada una.
Cierto, el control militar fronterizo es crucial para impedir la migración indocumentada, pero ojo: por décadas, militares dominicanos han participado en el negocio de la migración ilegal. ¿Se comportarán ahora de otra manera?
Si el Gobierno tiene pruebas de emisión irregular de visas de estudiantes a haitianos, los responsables son los oficiales del servicio consular dominicano en Haití. ¿Los investigarán?
El Plan de Regularización es la única medida en la historia dominicana para adecentar la migración indocumentada. No se necesita auditarlo, sino decidir si la República Dominicana proseguirá regularizando esa población, o aumentará la cantidad de indocumentados retirando permisos a los regularizados. Ojo: el Gobierno no los deportará porque son la principal mano de obra en la agricultura y la construcción, por salarios de miseria y sin beneficios.
No ofrecer servicios de salud a la población migrante indocumentada es una violación a un derecho humano, pero, además, es crear focos de enfermedades. Imaginen que los inmigrantes con COVID no puedan acudir a un hospital público a chequearse.
Cuando los gobiernos tienen opciones limitadas para satisfacer la población, recurren con frecuencia al rechazo de algún grupo social, es una estrategia política muy conocida. Aquí son los inmigrantes haitianos.
Para enfrentar la migración ilegal (actual y futura) hay solo dos medidas efectivas: 1) control de frontera (eso depende de la probidad militar y de los oficiales de migración), y 2) multar severamente a los empresarios que contratan mano de obra indocumentada. ¿Hará el Gobierno dominicano eso? Ahí está el verdadero desafío. Lo demás solo sirve para generar aplausos al presidente a costa de los inmigrantes.Rosario Espinal, es politóloga. Reside en Santo Domingo.Editado en Neiba, Cabecera de la Provincia Bahoruco, República Dominicana. Contacto: [email protected]
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