“Por las tierras de los tobas, hay una situación de intransigencia en Formosa”

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Escrito por Natan Skigin   
El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, repudió el violento desalojo... sufrido el 23 de noviembre por la comunidad aborigen Toba Qom, en Formosa, mientras cortaba una ruta como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia criolla, de apellido Celia, reclama como suyas. En ese territorio, que sería cedido por los Celia, el gobierno provincial planea construir una universidad. Alén aseguró que “es posible” una solución, aunque admitió que “hay una situación de intransigencia”.
-¿Qué opinión le merece la situación actual que se vive en Formosa?
-Éste es un conflicto de larga data que se fue agudizando con el transcurso del tiempo hasta llegar a la situación de este año, donde hubo dos cortes de ruta: uno a principios y otro a mediados de año, protagonizados por la comunidad La Primavera. El gobierno de Formosa adujo que un funcionario de Parques Nacionales había ofrecido un pedazo equivalente a la fracción que tenían los criollos como para resarcir a la comunidad aborigen. El problema es que no se puede ofrecer eso porque hay una ley que dice que no se puede desafectar el territorio por la voluntad de un funcionario. La secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), estuvo siempre presente en el conflicto.
-¿Cómo se debería actuar? ¿Cuál podría ser la solución?
-Nos reunimos con funcionarios del gobierno de Formosa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y les propusimos establecer una mesa de diálogo con nuestra participación, pero no la aceptaron. Pusieron condiciones inaceptables para la otra parte. Hay una situación de intransigencia. En el momento de los incidentes hubo una situación muy preocupante: un juez y una fiscal estaban presentes. Desde el 2003 en adelante, el Gobierno nacional tuvo una política muy clara: los problemas sociales no se reprimen. Esa nunca es la forma de solucionarlos.
-Entonces, ¿por qué se recurrió a la represión? El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es afín al gobierno nacional.
-El gobierno de Formosa es provincial y, como tal, tiene su autonomía. La decisión fue de las autoridades locales, no de las nacionales. Insfrán tiene una postura que reivindica la actuación policial. Dice que la policía actuó bajo las órdenes de un juez y un fiscal, lo cual es aún más grave: ellos no están para ordenar represiones sino para garantizar derechos. Además, aún no está esclarecido quiénes son los responsables.
-Luis Delía dijo: “Todo lo hecho por Insfrán fue ilegal, violó la ley nacional que suspende los desalojos aborígenes y fundamentalmente atropelló las prerrogativas constitucionales que tienen al respecto los aborígenes sobre sus tierras”. ¿Coincide?
-Hasta ahora no se ha determinado que esto haya sido una orden del gobernador. Según lo difundido, el juez Raúl Mauriño intervino y ordenó el desalojo a raíz de una denuncia que tenía de la familia Celía. Según la ley de Relevamiento de Tierras, se examinan las tierras y se determina cuáles pertenecen a los aborígenes, para luego proceder con la entrega. Formosa aún no la ha implementado. Su Gobierno siempre sostuvo que no se pudo hacer por oposición de la comunidad aborigen La Primavera. De todos modos, que exista un reclamo de una parte de los aborígenes no implica que no se pueda hacer el relevamiento. Su cumplimiento es obligación en todas las provincias porque es la forma de establecer a quién pertenecen.
-Hay legisladores que le pidieron una intervención más directa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
-La Presidenta no puede entrometerse en cuestiones del Poder Judicial. Hay legisladores que piden intervenciones federales, pero esos son juegos políticos, donde cada uno defiende sus intereses o posiciones. La Presidenta no tiene que intervenir directamente. Para eso hay órganos del Poder Ejecutivo que estuvieron presentes, como el INADI.
-¿Cuáles son las críticas que le hace al gobierno formoseño?
-Haber recurrido a la represión, que siempre lleva a estos resultados. Uno no se puede encerrar y usar la represión. No es el modo correcto de proceder que un juez ordene un desalojo violento. El Poder Judicial tiene facultades para ordenar ciertas medidas, pero el Ejecutivo tiene que tener la suficiente elasticidad como para cumplirlas sin poner en riesgo la vida de nadie.
-¿Cree que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se tiene que ir luego de admitir que “no sabe cómo seguir” frente al conflicto por la demanda de tierras?
-Su administración se tiene que ir cuando los votantes lo decidan o cuando haya una situación de una gravedad extrema en la cual no se garantice ningún funcionamiento institucional.
-¿Su posición se encuentra más cercana a la de la comunidad o a la del gobierno provincial?
-Hay una cuestión básica: no siempre hay simetrías en las situaciones. Si uno piensa cuál es la parte más débil, más desprovista de herramientas para reclamar por sus derechos y la que necesita una mayor protección, aparece la comunidad. Por eso, el INADI está trabajando allí. Hay que reestablecer un equilibrio, sin avasallamientos.
-Una de las banderas del gobierno son los derechos humanos. ¿Esto no incide negativamente en esa imagen tan valorada de la actual administración?
-La política de Derechos Humanos del gobierno nacional no cambió frente a este hecho. La crisis no fue provocada por el gobierno nacional. No es una mancha, porque es una cuestión provincial. En materia de Derechos Humanos uno nunca puede estar satisfecho con lo que hizo. Nadie puede creer que ya está todo hecho.
-De cara a los comicios del 2011, ¿hay algún candidato, que no sea del kirchnerismo, que pueda profundizar la política de derechos humanos?
-Estamos convencidos de que este rumbo va a ser reconocido cuando lleguen las elecciones. Pienso que la mejor candidata para seguir este camino es Cristina Fernández de Kirchner. No creo que otra fuerza vuelva a las privatizaciones. ¿Van a volver al endeudamiento con los organismos internacionales? ¿Prohibirán la Asignación Universal? Pienso que ningún gobierno va a volver atrás con estas políticas. No quiero que se retroceda, pero tampoco que se estanque, sino que se continúe y profundice y esto sólo es garantizado por el kirchnerismo.
-¿La desnutrición infantil es una de las deudas pendientes, al tiempo que la economía argentina crece? El gobernador de Misiones, Maurice Closs, admitió que seis mil chicos la padecen y que, en lo que va del año, ya murieron más de 206 niños en su provincia. Según el INDEC, en el país hay 750.000 niños en riesgo.
-Es un tema en el que siempre hay que trabajar, pero está atado a los demás. No se la puede combatir sola y de forma aislada. Para que no haya desnutrición infantil hay que garantizar que haya trabajo, viviendas dignas, sistemas de salud y educación. Sin eso, las consecuencias son la pobreza y la marginalidad. Se avanzó mucho, aunque todavía falta. Hay que tomar medidas que vayan al centro del problema, que es la redistribución de la riqueza.
-Respecto del caso Noble Herrera, ¿qué aporta que el ex secretario de redacción de Clarín, Roberto Bandini, haya afirmado que la adopción de Felipe y Marcela haya sido un “plan ideado” por el líder desarrollista Rogelio Frigerio?
-Una de las grandes deudas que tiene la democracia son los casi 400 chicos que están con su identidad sustituida, privados de su verdadera identidad. La declaración es un avance, puso en claro que no fue una adopción normal, sino irregular. El objetivo no era criar una familia ni darle un hogar a quien no lo tiene. Esto fue una cuestión de negocios. Como estaba en riesgo la herencia del doctor Noble, se decidió adoptar a dos chicos y ponerles su apellido, a pesar de que había muerto hacía siete u ocho años.
-¿En qué etapa está la causa?
-La jueza Sandra Arroyo Salgado tiene datos que aportaron los peritos, en los cuales hay perfiles de un hombre y una mujer, pero no se sabe de quiénes son. Arroyo Salgado deberá resolver si le basta con eso y constatar los ADN para determinar las verdaderas identidades.
-¿Piensa que se va a llegar prontamente a la verdad?
-Yo soy optimista. No creo en los poderes multimediáticos. Clarín acumuló un poder enorme a partir de su asociación con la dictadura militar en la apropiación ilegal de Papel Prensa, hecho que está siendo investigado en la fiscalía de La Plata. Si el dueño del papel impone condiciones, hay una evidente desigualdad que afecta a la libertad de expresión. Por eso presentamos el proyecto para que la producción de papel sea de interés público y no esté sometido a los arbitrios de dos empresas que determinan el precio y las condiciones para que los demás diarios puedan existir. Para que haya libertad de expresión debe haber pluralidad de voces.
-Suele haber consenso sobre la investigación por parte de la Justicia de lo ocurrido con Papel Prensa durante la dictadura, pero se cuestiona que recién ahora se vuelva prioritario, a raíz del conflicto con Clarín. ¿Por qué el tema recién salió a la luz hace unos meses?
-Decir que recién ahora salió a la luz es una mirada minúscula. Este es el Gobierno que más respetó la libertad de expresión. Esta es otra de las cosas sobre las cuales se desinformó. No es recién ahora: en 1985, el fiscal de investigaciones administrativas, Ricardo Molina, hizo una extensa investigación sobre Papel Prensa. Las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la clausura del proceso de Memoria, Verdad y Justicia impidieron que se investigara. Por eso, en su momento, los jueces lo archivaron. Ahora se pudo avanzar gracias a la decisión de Néstor Kirchner de impulsar un proyecto para lograr la anulación de estas leyes y poner a la lucha contra la impunidad como una de las cuestiones centrales de las políticas de Gobierno. Falta la investigación de lo que fue la pata civil de la dictadura y a eso apuntan las medidas que está tomando el Gobierno.
-¿Qué se hizo en relación a este caso entre 2003 y 2010?
-Lo novedoso es que hemos vuelto a poner en el tapete la cuestión de la pluralidad. Para nosotros no cabe ninguna duda de que fue una apropiación ilícita. Hay numerosos elementos que lo muestran. Francisco Manrique, capitán de navío, ministro de la dictadura de Alejandro Lanusse y jefe de la Casa Militar de la dictadura fusiladora que presidió Pedro Aramburu, dijo que la junta militar ordenó que la empresa pasara a propiedad de los tres diarios: Clarín, La Nación y La Razón. Lo mismo sostuvieron Miguel de Anchorena, cuyo hermano fue embajador de la dictadura en París, y Ramón Camps, uno de los mayores genocidas del país.
-El ex dictador Jorge Videla asumió su responsabilidad en la eliminación de opositores. ¿Cuál es su opinión respecto de la confesión?
-Videla es un personaje miserable. Lo que dijo fue una reafirmación más de su catadura moral. Es un señor que se constituyó en amo y señor de la vida de los argentinos y decidió quién era digno de vivir y quién no. Solamente sobre el fin de la impunidad se puede proyectar futuro. Es mentira que el pasado pasó y no tiene más consecuencias. Mientras no sea resuelto, sigue presente.
-La semana pasada se dio el primer debate sobre el aborto en Diputados. ¿Qué posibilidades hay de que se avance hacia la despenalización?
-Es una discusión que la sociedad debe llevar adelante. Hay que modificar la legislación actual, producto de un debate. El Congreso es el que debe resolver si se despenaliza o se amplía el espectro en los cuales el aborto no resulta punible. Personalmente, quisiera que se saque una ley que manifieste el respeto por la decisión de las personas sobre su propio cuerpo, aunque no hay una posición del Estado.
-Usted es hijo del historiador Luis Celestino Alén Lascano. Desde hace un tiempo, se comenzó a criticar la historia oficial. ¿Qué visión tiene sobre las nuevas tendencias y las críticas a un relato que parecía intocable?
-Mi padre luchó contra esa historia oficial, contada por los vencedores de la década de 1860: Mitre, Sarmiento y compañía. Fue una historia falsa que reflejaba sus propios intereses. Ahora surge la otra, la oculta, la real. Es una historia con capítulos muy dolorosos, transformada a gusto de quienes establecieron un Estado excluyente. Si uno lee los argumentos de Sarmiento podría pensar que están escritos por Videla, (Reynaldo) Bignone o cualquiera de los jerarcas de la última dictadura, porque son los mismos justificativos: desatar una guerra contra la propia población y someterla para imponer un determinado modelo a través del terror. Ese pasado mentiroso e irresuelto sigue teniendo efectos sobre el presente.
-¿En qué otras cosas nos mintieron?
-Uno de los grandes temas es la invisibilización a los pueblos originarios. Nuestra historia los excluye; no existieron. No se cuenta sobre su exterminio o su venta como esclavos para ser sirvientes de las familias de la clase alta de las ciudades más importantes. Hay un hilo conductor en nuestra historia: la utilización de la violencia física contra el disidente como método de resolución de conflictos. Nuestra historia terminó despersonalizando a los verdaderos próceres.
-¿Esta “nueva historia” viene a terminar con la idealización de los próceres?
-Los próceres no eran santos ni ángeles, sino seres humanos que tomaron decisiones y las llevaron adelante. Lo que nos quiere decir es que todos los seres humanos, en determinadas circunstancias, tenemos obligaciones éticas y caminos a seguir. Ése es el ejemplo que dan.
Fuente: politicaargentina.com