Por un puñado de…

Otro caso más. Amaia Egaña, vecina de Barakaldo, decidió acabar con su vida cuando la iban a echar de su casa. Tenía 53 años. Una edad a la que, si te quitan tu casa, te quitan tu vida. Ocurre un día después de que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) afirmase que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas de las hipotecas de los bancos. La hipoteca de Amaia la gestionaba Building Center S.A., una empresa de La Caixa. La Caixa había puesto en venta ese piso hace un año, con un anuncio en un portal que decía: “¿Te gusta? Haznos tu propuesta”; con el aviso de “llaves no disponibles temporalmente”. La entidad eliminó el anuncio el viernes por la tarde. La misma entidad que en 2005 condonaba al Partido Socialista de Cataluña 6,5 millones de euros de un préstamo y acordaba con los socialistas pagar el resto al 3% en 15 años. Para Amaia y las demás personas desahuciadas o bajo amenaza de desahucio no hubo esa oportunidad. Para rescatar a los que no pueden pagar sus casas no hay acuerdos, sólo la ley. Para rescatar a los verdugos sí que hay acuerdos y dinero (europeo, además).

Ayer mismo, el Gobierno convocó una reunión urgente para tratar el tema de los desahucios. El Gobierno parece no conocer la existencia de la Plataforma para Afectados por la Hipoteca (PAH), que existe desde que, ante una notificación de desahucio, una persona afectada decició que quería oponer resistencia y no permitir que el banco le quitara la casa. Fue Lluís, de la Bisbal del Penedès, el 3 de noviembre de 2010. Así que “sólo” han hecho falta dos años de mirar hacia otro lado, dos suicidios con éxito y uno en grado de tentativa, para que nuestros gobernantes se planteen hacer algo para solucionar este problema social (aunque intento no pensar en que el hecho de que Amaia fuera la esposa de un ex-concejal tenga algo que ver con esto).

El mismo día en Tenerife, Carmen Oñama tuvo que permanecer 5 días en huelga de hambre para conseguir un alquiler “flexible”, que también consiguió Inmaculada Estupiñán; mientras para otro afectado, Alejandro, se aceptó la dación en pago. En ninguno de esto casos ha intervenido el Gobierno, sino la Plataforma para Afectados por la Hipoteca y un gesto populista y oportunista del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el de amenazar con retirar millón y medio de euros de la cuenta que el Ayuntamiento tiene en Bankia, que ha servido para hacer cambiar de opinión a la entidad bancaria.

Muertes, dinero, votos… Son las únicas cosas que parecen servir de motor a nuestros gobernantes y nuestros bancos. Por eso cada día me considero más anti-sistema, por eso cada vez me da más vergüenza ser español.