Por una Ley de Transparencia

Hace un año aproximadamente, la prensa informó de que el Gobierno preparaba una Ley para la Transparencia, es decir, una norma legal de carácter general en la que se reconocería "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública". La elaboración de este texto legal iba a ser coordinada por la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, partiendo del reconocimiento del derecho constitucional a saber, es decir, se cambiaba el enfoque: no era el ciudadano quien debía justificar su interés en conocer un dato, sino que era la Administración la que debía explicar su negativa a facilitárselo. Esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública era un compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.
El anteproyecto de ley que se filtró consideraba información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no solo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas [desde empresas de recogida de basuras a universidades], siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte.
Pero "nuestro gozo en un pozo", que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos ya no es una prioridad para el Gobierno. Hace unos meses supimos que este proyecto está enterrado y no verá la luz en esta legislatura. Con la decisión del Gobierno de colocar el borrador de esta ley en su cajón de promesas electorales incumplidas, se pierde, por ejemplo, la oportunidad de evitar episodios como el de la negativa de la Generalitat Valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.
Según datos de la Coalición Pro Acceso, promovida por la ONG Access Info Europe, sólo cinco de los 27 países de la UE no han regulado aún el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones. España es uno de esos cinco países, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. El nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un "indicador de la calidad de los sistemas democráticos". No solo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. En este campo, al contrario que en otros como la igualdad de género o el matrimonio homosexual, España no está en la vanguardia sino en el furgón de cola. La mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia y el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales en el que, en buena medida, se inspiraba el anteproyecto del Gobierno.
Desde hace ya unos meses las plazas de muchas ciudades españolas han sido tomadas por una parte de la juventud española, que reclama una "democracia real ya" ante un sistema que les ha fallado en lo que se refiere a economía, estado de bienestar, representación ciudadana o lucha contra la corrupción. Este amplio movimiento social, cada vez mejor organizado, ha puesto en marcha esta semana un grupo de trabajo denominado "leydetransparenciaya!".
Pero existen otras iniciativas en la Red en torno a esta cuestión. Por ejemplo, en la titulada Ley de Transparencia Ya (por una ley que obligue al estado a facilitar información al ciudadano), además de dar explicaciones sobre la necesidad de esta normativa, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas. Por su parte, ATTAC lo considera una asignatura pendiente.