Por una política nacional de alimentación escolar

Cecilia Veleda y Gala Díaz Langou
La alimentación saludable es un derecho humano y una condición indispensable para el crecimiento, la salud y el aprendizaje.  Aunque la desnutrición aguda está por debajo del 5% en la Argentina, la malnutrición se ha convertido en una verdadera epidemia. Un 40% de los niños en edad escolar padece sobrepeso, tendencia creciente que genera enfermedades crónicas, y afecta la autoestima y las capacidades cognitivas de los niños. 
En este preocupante escenario, la alimentación escolar adquiere un enorme potencial: la mitad de los alumnos desayuna y un 20% almuerza en las escuelas estatales (cerca de cuatro millones y medio de niños).
Sin embargo, en buena parte de las provincias la inversión en los servicios de alimentación es insuficiente, por lo que también lo es la calidad de las comidas. Además, la asignación no se basa en indicadores objetivos, y la administración cotidiana suele recaer sobre los directores, que disponen entonces de menos tiempo para las tareas pedagógicas. Al mismo tiempo, la preparación de las comidas está a cargo de madres o de personal informal sin capacitación específica; las leyes sobre alimentación escolar son infrecuentes; la educación nutricional es casi nula; los controles bromatológicos y las auditorías financieras, escasos. Así, no solo la escuela no corrige la malnutrición infantil, sino que la profundiza.
Para revertirlo, es indispensable la intervención del gobierno nacional. Urge concebir e institucionalizar una política nacional de alimentación escolar que fije estándares de calidad; aporte recursos a las provincias con mayores restricciones fiscales y niveles de pobreza; produzca mejor información sobre el servicio; sugiera los modelos de gestión más adecuados según los contextos; genere las condiciones para una mejor articulación entre los ministerios a cargo (educación, salud y desarrollo social); elabore protocolos para las escuelas, y lidere una política permanente de educación alimentaria.
Otros países de la región, como Brasil, Chile, Colombia y México, ya tienen políticas nacionales en la materia. También existen buenas políticas provinciales. Por dar solo algunos ejemplos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa, Mendoza y Santa Fe tienen normas específicas; Río Negro implementó un interesante modelo de municipalización del servicio y la CABA de privatización, con exigentes condiciones para los proveedores; en Santa Fe el “ecónomo escolar” asume la gestión en las escuelas; Mendoza exige capacitaciones periódicas a los cocineros, y La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Fe tiene personal de cocina rentado.
El desafío es grande: una política así es compleja porque involucra aristas y actores muy diversos. El recambio de equipos gubernamentales a nivel nacional ofrece una oportunidad renovada para liderar un cambio en materia de nutrición y educación alimentaria desde el sistema educativo. Está en juego, nada más ni nada menos, que la salud física y mental de nuestros niños y niñas.
Cecilia Veleda y Gala Díaz Langou 
Miembros de CIPPEC Fuente: clarin.com