El día de ayer, un grupo de sexoservidoras fueron amordazadas, torturadas y grabadas por una célula delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación. Según La Vanguardia, el objetivo era amedrentar a todas las sexoservidoras y redes de prostitución locales, a fin de anunciar que estos delincuentes tienen intención de asentarse en la región con este negocio tan lucrativo.
En la ciudad de México, se estima que hay 250,000 sexoservidores. La población que se dedica a esto es muy diversa: hay hombres, gente LGBT, mujeres, madres, personas de la tercera edad, menores de edad, víctimas de trata de personas, gente que lo hace por voluntad propia y porque no tienen otra opción. La ley no marca una legalidad, ni tampoco ilegalidad desde que en 2014 un grupo de mujeres presentó un amparo ante la ley local y ganaron. Ahora bien, aunque el gobierno capitalino ha otorgado permisos para los sexoservidores en busca de protegerlos ante los abusos policiacos, es evidente que siguen siendo una población marginal, sin un reglamento que los protega, sin seguridad laboral, de salubridad, sin educación ni esparcimiento para ellos o para sus familias.
Esta falta de acción gubernamental se puede explicar en los tratados internacionales que México ha suscrito, donde se reconoce que la prostitución es una forma de denigración a la mujer, y que ningún estado debe promoverla o regularla. Ante este panorama vemos una inacción del gobierno, y un gran hueco legal que es aprovechado por la delincuencia organizada, por algunos policías para aprovecharse de ellos. Algo es claro, con o sin legislación, con o sin reglamento o con o sin autoridad que vigile el cumplimiento de los derechos humanos, la prostitución va a continuar.
Y es allí donde el estado mexicano tiene su obligación de cumplir los derechos humanos de todos los mexicanos. A través de la legislación concreta es posible mejorar la calidad de vida de este sector de la población; sería insofructo aplicar medidas sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de los principales implicados: es necesario que los sexoservidores hablen de su situación, de lo que necesitan, de lo que desean y que el gobierno colabore con la sociedad civil y la academia para poder mejorar su situación.
Al mimso estado le conviene regular estas actividades, pues al no existir en la legislación no pagan impuestos de ningún tipo. A través de la Dirección General de Sexoservidores que se creó en 2014 es posible continuar trabajando para cambiar la situación, escuchar a los implicados, ofrecerles seguridad y salubridad (chequeos por enfermedades venereas) y la posiblidad de estudiar o trabajar en cosas disntintas para los que así lo deseen. Tomando el enfoque que la ONU recomienda.
Al final y al cabo, lo importante es conscientizar a la población sobre este hecho. No hay prostitución si no hay cliente. Cosa que no se habla en nuestro país y tendemos a criminalizar a las personas que viven de este tipo de actividades. Pero ¿cómo hacerlo en una sociedad con una sexualidad tan escondida y avergonzada por estos temas que incluso los considera tabú?
Y ustedes, ¿que piensan?