Poseídos por la fiebre de la privatización

Hace unos días se confirmó la sospecha de que el ministro de Justicia y derecho a la vida antes de nacer, Alberto Ruiz Gallardon, mientras se libraba la batalla de la ley del aborto, aprovechó para llevar a efecto la privatización del Registro Civil, lo que significa que ya no será gratuito –bueno, en realidad nunca lo ha sido, para eso están los impuestos- pedir una partida de nacimiento, un acta de defunción, certificados de matrimonio, etc.

Lejos de hacerse eco, los medios de comunicación, los partidos de la oposición y demás agentes supuestamente opositores a las políticas de este gobierno, de nuevo han reaccionado con un sorprendente silencio que no nos explicamos, como si lo consideraran un asunto menor o inoportuno –las noticias y debates estaban en torno a la ley del aborto- pues esta esquilmación de un bien público se producía en un mal momento informativo. Está claro que lo del aborto era lo más importante, pero también es cierto que la privatización de un organismo público como el Registro Civil no se puede pasar por alto porque supone otro atropello más de un gobierno contra sus ciudadanos.

Y es que siempre que el el PP gobierna, España pierde una considerable parte de su patrimonio. Durante el mandato de Aznar se privatizaron las eléctricas, Telefónica –hoy llamada Movistar- y parte del servicio de Correos y Telégrafos, en lo que supuso un golpe de efecto por parte de aquel gobierno que sólo buscaba un superavit económico que avalara su política y diera apariencia de prosperidad a un país que no se daba cuenta de que lo único que estaba ocurriendo es que estaba siendo desmantelado.

Ahora, con el gobierno de Rajoy y con la excusa de que los servicios públicos son deficitarios y que la crisis no permite una buena gestión pública, según ellos porque el sistema de empresa pública no es sostenible, algo que aún no han sido capaces de demostrar y que, en cambio, sí ha sucedido al contrario porque la deuda que estamos pagando es precisamente porque lo público ha rescatado a lo privado, se han lanzado de nuevo a la privatización de todo aquello que se les pone por delante, poseídos por una enfermiza fiebre de mal comerciante que pretende liquidar todo su género para cerrar su actividad. Así, han recortado hasta la extenuación todos los servicios sociales que han podido, han llevado a la educación pública a una precariedad de medios vergonzosa, han colapsado los servicios de sanidad pública e iniciado procesos de privatización –en unos casos con sonoros fracaso como el de la Comunidad de Madrid- y siguen intentando convencer a la opinión pública de que RTVE no es rentable –por eso los contenidos que se emiten llevan un grado de manipulación que da pena verla, así pierden audiencia y esa es la excusa para decir que no es rentable, como ha ocurrido con Telemadrid o Canal 9-

El precio que pagaremos en un futuro como consecuencia de este desmantelamiento será muy alto ya que las empresas públicas no son empresas en sí, su finalidad no es el beneficio económico, sino proporcionar un servicio público que las manos privadas no van a proporcionar, primero porque no les corresponde a éstas sino al gobierno, y segundo porque su objetivo es la obtención de dividendos no la de mejorar el estado del bienestar. Si continúa esta privatización indiscriminada lo poco que queda de democracia –la cual se basa en la igualdad de oportunidades, algo muy difícil de garantizar si el factor dominante para poder estudiar o tratar enfermedades es si te lo puedes costear- será un lejano y vago recuerdo en el colectivo general, tan difuso que no podremos recuperarlo nunca.