Presidente electo

Finalmente, el jueves en la noche el Tribunal electoral resolvió la última impugnación que pesaba sobre la elección del primero de julio. Determinó la desestimación –por unanimidad– de la demanda del Movimiento Progresista, en donde pedía que se invalidara.

En la resolución, el Tribunal sostuvo que “los agravios contenidos en el juicio de inconformidad por la coalición Movimiento Progresista en forma alguna han sido acreditados ante esta Sala Superior, por lo que no ha lugar a acordar su petición de nulidad.” A la mañana siguiente, resolvió que la elección era válida y en consecuencia establecía que el presidente electo era Enrique Peña Nieto. Apenas unas horas después, en sesión solemne, éste recogía la constancia que lo acredita como vencedor.

Según el cómputo oficial, el candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) obtuvo la mayoría de votos: 19 millones 158 mil 592; López Obrador ocupó el segundo sitio con 15 millones 848 mil 827 sufragios; el PAN, y su candidata, obtuvieron 12 millones 732 mil 630; y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, consiguió 1 millón 146 mil 85 votos.

El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, rápidamente rechazó la decisión. “No puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado valida la elección presidencial, las elecciones no fueron limpias, ni libres, ni auténticas (…) No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes, actuar de otra manera implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa, a favor de un cambio verdadero”, dijo el tabasqueño.

En su conferencia de prensa fue más allá y dijo que “la desobediencia civil, es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo”.

Al día siguiente, el periódico español El País, publicó un editorial que define con gran exactitud el dilema que enfrenta la izquierda mexicana. “La izquierda, que se colocó en segundo lugar tanto en las presidenciales como en las parlamentarias, ocupa una posición relevante en el Congreso y tiene un claro futuro. Le toca decidir si quiere influir o no en las reformas que van a transformar a México para proyectarlo en el siglo XXI (…) México necesita una izquierda fuerte y activa que contribuya a una colosal transformación del país que no olvide la justicia social”, afirma el diario.

Creo que esa es precisamente la disyuntiva que tendrá que resolver en las próximas semanas. Usar su enorme capital político –y presencia en el Congreso–, para que los cambios venideros incluyan sus propuestas, o lanzarse a la calle y mandar “al diablo las instituciones”, y una vez más quedar fuera de la negociación política.

El resultado electoral, tras el fallo de la semana pasada, está cerrado. No cabe apelación o recurso alguno. Ahora el punto es decidir si va a repetir lo de 2006 –con el consiguiente desgaste– o buscará incidir en la vida institucional y demostrar que es una oposición responsable (y por tanto una alternativa de gobierno).

Del otro lado el reto tampoco es sencillo. La mayoría de los mexicanos están escépticos y a la expectativa –y una parte francamente enojados– sobre el regreso del PRI. Temen una restauración autoritaria, el regreso del dinosaurio. El próximo presidente debe tener muy claro que este país ha cambiado mucho en los últimos años. Que las cosas ya no son –y no pueden ser– como antes.

Concuerdo plenamente con el editorial del diario español, que concluye que “tras el dictamen que declara la validez de las elecciones, México debe dejar atrás esta disputa y ponerse a trabajar.” Falta nos hace.

Posdata. Una de las lecciones que debería aprender el Movimiento Progresista es la necesidad de conformar un mejor equipo jurídico. El escrito de impugnación estaba lleno de errores e inconsistencias: faltas de ortografía, presentación errónea de hechos, cifras que no cuadraban –por ejemplo, refiriéndose al supuesto gasto realizado en la campaña priista, primero hablaban de 374 millones de pesos, luego de 3,095 millones–, pruebas extremadamente débiles, cuando no francamente absurdas, argumentos endebles, y un largo etcétera. Y lo peor es que no es la primera vez.

 Publicado en SinEmbargo.mx, 3 de septiembre de 2012