Presidente y director ejecutivo de ANDA dieron contrato a una de sus empresas

elipe Rivas, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y Manuel Serrano, director ejecutivo de la autónoma (“el número 2”) aparecen como accionistas de una empresa que ganó una licitación para construir pozos en San Vicente.

En el marco del Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Profundos a Nivel Nacional, Primera Etapa –que constaba de tres obras, de las cuales una fue considerada desierta y para la cual se realizó una nueva licitación– se trabajó en las estaciones de bombeo Los Pozos y Ana Guerra de Jesús, por un costo total de $642,837.81.

Las obras fueron ejecutadas por las empresas Constructora Ventura Zarruk Sociedad Anónima de Capital Variable (CONSTRUVEZA S. A. de C. V.) y AP&G CONSTRUCTORES S. A. de C. V., respectivamente.

Ambas empresas fueron convocadas a una licitación por invitación, a la que también se sumó la empresa Tierra Segura S. A. de C. V., según consta en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno con fecha 21 de junio de 2018.

De las tres, dos realizaron ofertas. Tierra Segura S. A. de C. V. no se presentó al concurso luego de la invitación.

Construveza es una microempresa, según la clasificación que se hizo en agosto pasado en la lista de proveedores que se encuentra en el Sistema Electrónico de Compras de El Salvador, que fue constituida en octubre del año 2011 y a la que se liga como accionista y uno de sus propietarios el actual presidente de la autónoma, Felipe Rivas, junto con Manuel Serrano, director ejecutivo de la misma.

El presidente de la autónoma negó tener vínculos con la empresa al responder: “Qué bueno… entonces que me pasen las acciones y las utilidades”, luego de ser consultado por este medio el pasado fin de semana sobre su participación en la empresa.

Construveza, en su oferta, aseguró contar con equipo como “camión grúa con brazo telescópico giratorio” y un “pick-up de dos toneladas”, entre otro equipo requerido para el trabajo de perforación “de 250 metros de profundidad, más la instalación de tubería y equipo electromecánico que incluye un motor de 200 caballos de fuerza, para la producción de 650 galones de agua por minuto”, según se dijo el pasado 14 de enero cuando ANDA informó sobre los últimos trabajos que se realizaban en la zona.

Por su parte, AP&G Constructores es una pequeña empresa, según la misma clasificación de Comprasal, y que también aseguró, en su oferta de participación, que contaba con los mismos requerimientos, los cuales el acuerdo de adjudicación establecía que podían ser arrendado o en propiedad.

“Si la maquinaria o el equipo son rentados, la empresa deberá presentar las cartas compromisos del arrendamiento de los equipos, en que se confirme la responsabilidad contraída por este, de dar los equipos en alquiler a la empresa, por el período necesario de la ejecución de las obras”, se lee en dicho acuerdo de adjudicación de obra como muestra de garantía.

“Siempre ha habido un privilegio a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), pero realmente todo depende de los procesos licitatorios; nosotros no controlamos eso”, expresó Rivas.

Al ser consultado sobre la calificación técnica a las empresas, el presidente de ANDA dijo que se realiza “sin duda, sino no pasan. La calificación es legal, técnica y financiera, entre otros factores que se evalúan. Estas empresas pasan por todo un proceso (de adjudicación, de monitoreo, de administración, de supervisión y de liquidación) en la Junta de Gobierno”.

Uno de los puntos a destacar dentro del proceso es que Rivas –quien al asumir como presidente aseguró que ANDA sufría una quiebra técnica– como presidente de la institución, y por establecimiento de ley desde marzo de 2010, el que conformó “las comisiones evaluadoras de ofertas que se necesitan en los diferentes procesos de adquisiciones de obras, bienes y servicios”, según el acuerdo de adjudicación.

A pesar de que el contrato entre la autónoma y Construveza se firmó el 6 de julio de 2018 y el plazo de ejecución de trabajo era de 150 días calendario, la obra se extendió hasta casi los 170 días sin que se establecieran las multas debida que establece el “Contrato de obra 32-2018” y el “Contrato de obra 33-2018”, que dicen en su parte novena que “se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública)”, que establece que en los primeros treinta días de retraso la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno por ciento del valor total del contrato, que en este caso era de más de $642 por día.

De esa manera se excusó y exoneró de responsabilidad a las empresas por los retrasos, los cuales pueden en algunos casos incluso llevar a la finalización de los contratos.

“Desde mayo de 2018, ANDA trabajó para garantizar el servicio de agua potable al cien por ciento del municipio de San Vicente. El primer pozo entregado fue el del sistema conocido como Los Pozos. El segundo pozo fue entregado en enero y corresponde a la planta Ana Guerra de Jesús. Con estos dos pozos ANDA dio fin al problema histórico de San Vicente, que antes prácticamente estaba en sequía. Ahora cuentan con servicio continuo y de calidad más de 55,000 usuarios”, divulgó ANDA en Twitter el pasado 20 de febrero, sobre las obras realizadas por la empresa de Rivas.

En total, ANDA trabaja en 36 nuevo pozos en diversas zonas del país.