Pretenden jubilar forzosamente al juez Castro

El juez Castro ha pedido ser nombrado magistrado emérito al prever su jubilación en diciembre de este año, cuando cumpla 70 años. Pero la Justicia balear no prevé que pueda instruir el caso Palma-Arena (19 de las 28 piezas del caso aún se encuentran en fase de instrucción) en el momento en que tenga que jubilarse. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) remitió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que señala que la petición del juez José Castro de ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa “no se adecua” a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial. El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJIB –compuesta por nueve magistrados– fue adoptado de forma unánime, si bien la decisión definitiva, no vinculante,corresponderá a la Comisión Permanente del CGPJ.
El informe del TSJIB entiende que, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuyo titular es Castro, “hay un número significativo de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración pública”, lo que posibilita el refuerzo del órgano con una jueza de adscripción territorial durante los últimos años. Sin embargo, señala que la Ley no contempla el nombramiento como magistrado emérito para los jueces de instrucción. En su petición, Castro señala que “lo que se viene a solicitar no es permanecer en activo, sin más, bajo la fórmula de magistrado emérito", sino que condiciona su pretensión a que se le permita proseguir la instrucción del caso Palma Arena hasta su culminación, renunciando así al tiempo que le restase una vez finalizada la causa.
Nacido en Córdoba, en 1945, Castro es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares. Lleva más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas. En el transcurso de la investigación se fueron abriendo nuevas vertientes como la del caso Nóos, que acabará sentando en el banquillo, por presunta corrupción, al cuñado del Rey Iñaki Urdangarin y por supuestos delitos fiscales a su esposa, la infanta Cristina. La semana pasada comenzó la última pieza abierta, la número 28, con el objetivo de investigar la compra y reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007). El portazo de PSJIB contra Castro no sólo supone impedir que continúe con la instrucción del caso Palma- Arena sino también que instruya la causa de la presunta financiación ilegal del PP en Baleares. El pronunciamiento se ha adoptado por unanimidad, pero es Consejo General del Poder Judicial, el organismo que debe decidir sobre la solicitud formulada por el juez Castro, tal y como ha informado el TSJIB en un comunicado. En breves palabras, que la burocracia puede seguir campando a sus anchas, imponiéndose por doquier, pese a quien pese. Veremos si el CGPG es capaz de entender la petición de este juez que se ha enfrentado con su coraje y valentía a gigantes armados hasta los dientes y ha sabido torear a bestias que deseaban empitonarle.