Prisión permanente: las víctimas como moneda de cambio

Flaco favor se han hecho esta semana a sí mismas, a la sociedad y a las víctimas de crímenes violentos las fuerzas políticas. Después del inane debate electoralista sobre las pensiones, el bronco pleno sobre la prisión permanente revisable añadió aún más distancia entre los políticos y el mínimo de racionalidad que se les supone. Ante un asunto tan delicado, que merecía un debate calmado y sustentado en argumentos técnicos y jurídicos, lo que se vivió fue un despropósito de principio a fin. Cuando los representantes de la soberanía se comportan con la irresponsabilidad con la que lo hicieron el jueves los españoles, hay un coste ineludible en términos de enfrentamiento social, hartazgo de que los políticos sean incapaces de mirar más allá de sus  intereses electorales más inmediatos y enquistamiento de los problemas. Como poco, faltó el mínimo de cordura exigible a los representantes públicos para haber aplazado el pleno a una fecha en la que las emociones por el caso del pequeño Gabriel no estuvieran tan a flor de piel. 
En lugar de eso, portavoces como los del PSOE y el PP optaron por explotarlo con fines electoralistas sin importarles ni mucho ni poco su nauseabundo proceder. Tan nauseabundo como la publicitada reunión del presidente Rajoy y la presidenta del Congreso con unos cuantos padres de niños asesinados para llevar el agua a su molino prometiéndoles que convencerá a la oposición para que no derogue la pena. Si lamentable y vergonzosa fue la intervención socialista en ese pleno, justo es reconocer también que han sido el PP y el Gobierno los primeros en empujar con todas sus fuerzas el carro del populismo punitivo. Fue el PP quien impulsó la prisión permanente revisable y quien ha llamado a los ciudadanos a firmar contra la derogación. El Gobierno ha cumplido su tarea aprobando una ampliación de los supuestos de aplicación de la pena y haciendo todo esto al calor de crímenes como el de Diana Quer, es decir a golpe puro y duro de titulares a cual más escandaloso. Ni en los planes del Gobierno, ni en los del PSOE y Ciudadanos, parece haber estado nunca la conveniencia de serenar el debate y alejarlo de los sentimientos y de las emociones, las peores consejeras imaginable para legislar sobre el alcance de las penas de privación de libertad. A nadie le interesa fundar sus argumentos en razones jurídicos o constitucionales ni en datos estadísticos: por citar solo uno, España es el tercer país por la cola de la UE en número de homicidios pero está en la media de reclusos por esa causa. Claro que, en la era de la posverdad, lo que cuentan no son los datos fríos sino la realidad que yo mismo me fabrique de acuerdo con mis intereses. Así, Ciudadanos ha pasado de hablar de populismo penal a apoyar la prisión permanente pasando entre ambos extremos por un sinfín de cambiantes posiciones según sople el viento de las encuestas. Al PSOE hay que recordarle que recurrió la prisión ante el Constitucional lo que, sin embargo, parece que se le ha olvidado o le importa bien poco por la manera en la que se desempeñó su portavoz en el lamentable pleno sobre este asunto. 
Si no mediara tanto interés meramente partidista, hubiera sido lo más razonable que tanto quien propone y defiende la derogación como quien apoya la pena se hubieran puesto de acuerdo para aguardar por la decisión del Constitucional. Si el Estado cuenta con una institución para, entre otros objetivos, determinar la constitucionalidad de las leyes, no tiene mucho sentido recurrir a él para ignorarlo cuando no interesa esperar por sus decisiones o nos importa un pimiento lo que decida. Se le puede instar a que resuelva con mucha más celeridad cuando están en juego derechos básicos, si no con tanta como la que exhibe cuando se trata de Cataluña, sí al menos de forma que sus decisiones no pierdan toda eficacia por extemporáneas. En resumen, un acuerdo entre las fuerzas políticas para esperar por el Constitucional, para aplazar el pleno o, al menos, para no tirarse el dolor de los familiares de las víctimas a la cabeza buscando rédito político, hubiera sido aplaudido sin reservas por todo los españoles, estén en contra o a favor de la prisión permanente. Han optado en cambio por despreciar una nueva oportunidad para recuperar parte del respeto social que han perdido por culpa de una visión alicorta y egoísta de la política.