Está el PSOE en pelea consigo mismo tras la exigencia de Pere Navarro, líder catalán y aliado que cada día desconcierta más al socialismo español, de reformar la Constitución para eliminar los privilegios forales de las Diputaciones vascas y de Navarra, demanda a la que se suma únicamente UPyD.
Vascos y navarros de toda ideología respondieron airados negándose a renunciar a sus “derechos históricos”, que en algunos casos permiten pagar menos impuestos que el resto de los españoles, además de que aportan también menos que los ciudadanos de otras regiones al sostenimiento del Estado.
Aunque los políticos traten de negarlo, la creación de las Autonomías, con ventajas especiales constitucionales para el País Vasco y Navarra, se debió en gran medida a los atentados crecientes de ETA durante la Transición.
Sólo en 1978, año en el que se discutió la Constitución, ETA produjo 64 asesinatos, veinte más que todos los habidos durante el franquismo, desde 1960 hasta la muerte del dictador, en 1975.
Creían los constituyentes, reunidos desde junio de 1977 hasta el referéndum aprobatorio del 6 de diciembre de 1978, que su documento lograría que ETA dejara de matar.
Además, los asesinatos políticos habían sido amnistiados en octubre de 1977.
Y para contentar aún más al nacionalismo vasco, pacífico y violento, se introducía en la Ley de Leyes la Disposición Transitoria Cuarta, que posibilitaba la incorporación de Navarra al Consejo General Vasco, embrión del Parlamento de Vitoria.
Pero ETA mató más, y en 1979 exterminó a 84 personas, y en 1980 alcanzó la mayor cifra de su historia, 93 asesinatos.
Así renacieron los privilegios forales vascos y navarros, basados en leyes medievales, y que siguen a contrapié de una sociedad que debería ser igualitaria.
Tenemos una Constitución que, huyendo del franquismo, nació buenista, y que resultó secuela del terrorismo.
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