El juez Ruz de la Audiencia Nacional procesa a 11 altos cargos marroquíes (8 militares y 3 civiles) por delitos de genocidio en el Sáhara Occidental, ocurridos entre 1975 y 1992.
El magistrado se basa en las conclusiones del informe “Meheriz. La esperanza posible”, elaborado por investigadores del Instituto Hegoa y la sociedad de ciencias Aranzadi, que permitió documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis llevadas a cabo por el Ejército marroquí.
Este proceso es importante por dos razones. Una, porque confirma que la ley penal española se extiende al menos a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde ocurrieron los hechos. Y dos, porque demuestra que la ley internacional puede utilizarse en el Sáhara Occidental contra individuos responsables de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra contra el pueblo saharaui que se encuentra bajo la ocupación marroquí.
Y una consecuencia práctica de todo esto es que los 11 marroquíes procesados como presuntos genocidas no pueden viajar ni a España ni a Europa, o a países miembros de la Corte Penal Internacional, ya que serían arrestados.
El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de familia español por el hecho de haber nacido en unos territorios que España consideraba “provincias” suyas, ha evitado que la investigación fuera archivada por la reforma de la justicia universal del PP en marzo de 2014.
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