Programa electoral feminista

Lidia Franco

El próximo 24 de mayo de 2015, se elegirán más de 64.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas. Estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal y autonómica, que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derrotando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras, que se ha implantado en nuestro país en los últimos años.
En la actualidad, en España contamos con 5,7 millones de personas desempleadas, el 48% mujeres, se han eliminado escuelas infantiles, ambulatorios, plazas en los hospitales, con el despido o la no contratación de miles de profesionales, han aumentado los desahucios de viviendas y la violencia contra las mujeres. Estas condiciones sociales que estamos padeciendo, por todas y todos conocidas, pueden ser modificadas sustancialmente a favor de las mujeres y de los trabajadores con nuestro voto. Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% del gasto público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios. Los Ayuntamientos gestionaban hasta ahora el 13% del gasto público, y tienen el 95% de los cargos de elección directa, lo que significa que vienen a suplir las carencias en estos servicios que padecen las Comunidades.
En el año 2013, el Partido Popular, por la Ley de 27 de diciembre, llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sustituye a la de 1985 de Régimen Local, aprobó quitarle la competencia a los Ayuntamientos en servicios sociales, educación infantil de 0 a 3 años, atención a mayores y a víctimas de violencia machista y promoción de la igualdad. Esta medida es semejante a otras muchas que el gobierno del PP ha impuesto con la política de recortes económicos que ha hundido en la pobreza a la tercera parte de la población española. Pero en este caso este ahorro es realmente miserable porque  las llamadas políticas de igualdad entre hombres y mujeres representan el 0,005% del Presupuesto del Estado central, el 0,09 de los autonómicos y el 0,24 de los de los ayuntamientos. Y sin embargo se proponen hacer desaparecer las ayudas y atenciones que los municipios prestaban a las mujeres, niños y niñas y personas mayores.
En vísperas de que comiencen a celebrarse la serie de elecciones que jalonan el calendario de este año las  38 organizaciones feministas que hemos suscrito el PACTO FEMINISTA POR LAS MUJERES, hemos elaborado un programa donde se recogen las imprescindibles reformas y servicios que los partidos que se presentan deben incluir en sus programas electorales.
Las medidas que proponemos son imprescindibles para garantizar la participación social de las mujeres en condiciones semejantes a las de los hombres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad y de los Planes de Igualdad aprobados por el Parlamento. Ningún país puede considerarse avanzado y democrático si no tiene en cuenta las necesidades de la mitad de su población que cumple la tarea más importante: reproducir a todos los seres humanos.
 CORPORACIONES LOCALES
Los Ayuntamientos tienen que incorporar  políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres, servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico. Atención a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
Seleccionar a candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad de condiciones, sin estereotipos de sexo como la eterna juventud y la belleza de las mujeres y la experiencia e inteligencia de los hombres.
Establecer el equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios con menos de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Implantar un Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
Aprobar unos presupuestos participativos con perspectiva de género. Y constituir la Concejalía de Igualdad de la Mujer, los Agentes de Igualdad y un Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.
Promocionar a las mujeres en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales y fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores.
Es imprescindible también que los Ayuntamientos tomen medidas para prevenir y paliar la Violencia Machista, con suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
Y que se realicen campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes, para abogar por la abolición de la prostitución.
Urbanismo, vivienda, gestión de lo público y de los recursos naturales
Como dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y marginando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la Ley de Arrendamientos Urbanos, las hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción del crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda. Aunque el Poder Judicial no desglosa por sexos la cifra de cerca de 235.000 desahuciados de 2011 a 2014, la percepción es que las mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos llevan la peor parte. Por ello es imprescindible convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social y fomentar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de los jóvenes.
Hora es de ordenar la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomentar los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejorar el sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.
Y si realmente se pretende la conciliación de la vida laboral y privada de las mujeres es imprescindible crear servicios de proximidad y centros polivalentes. Entre los que se encuentran la creación y mantenimiento de jardines de infancia públicos para niños y niñas de 0 a 3 años a los que puedan servirse tanto las madres que trabajen fuera de su casa como las que se dediquen al trabajo doméstico. Así como residencias de personas mayores, geriátricos y centros de día
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los gobiernos de las Comunidades han recortado notablemente los presupuestos destinados a cubrir  las necesidades de las mujeres, que son las más desatendidas. Por ello es imprescindible establecer el siguiente programa.

Salud

Evaluar, con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto en la sociedad de tener un gasto sanitario público inferior a la media europea (5,8% del PIB frente al 7,2%), y en consecuencia aumentar el presupuesto destinado a ello.
·   Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas, (el incremento injustificado de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza).
Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal (100%) por la sanidad pública.
·   Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias.
·   Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).
·   Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.
·   Moratoria de la vacuna del Papiloma Virus Humano.
·   Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.
·   Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a  la población con menores recursos económicos.
·   Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
·   Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.
·   Educación
·   Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, (como Asturias y Cataluña), que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.
·   Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.
·   Plan obligatorio sobre la igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.
·   Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.

Ley de Dependencia
El número de personas atendidas por la Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado un 3,25% en los primeros 11 meses de 2014. Son 729.313 personas, 24.529 menos que en 2013 y 9.274 menos que en 2011. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas desde 2012, han sido excluidas hasta el 1 de julio de 2015.
·   Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.
·   Que la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia.
·   Eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.
·   Combatir activamente la discriminación de las personas por lugar de residencia, que hace que la cobertura oscile de más del 2% de la población en Castilla y León y Cantabria a menos del 1% en Canarias (0,6%), y C. Valenciana (0,8%).
·   Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
·   Participación de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.
Políticas activas de reparto igualitario del empleo
·   En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.
·   Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.
·   Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Democracia paritaria y participativa. Transversalidad
·   Equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.
·   Fortalecimiento del organismo autonómico de la Mujer (al menos Instituto o Dirección General)
·   Planes de Igualdad entre hombres y mujeres continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y participativa.
·   Participación de los Consejos de Mujeres (estatal, autonómicos y locales) en el seguimiento de estas políticas. Creación de Consejos autonómicos en las CCAA que no los tienen.

Violencia machista
·   Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
·   Un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía con los hombres, y en la separación o divorcio.
·   Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.
·   Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.
Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.
·   Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos,  dentro del horario lectivo.
·   Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.
·   Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.
·   Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.
·   Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.
·   Cambiar la legislación foral sobre derecho civil, aquellas Comunidades que sean competentes para establecer que la custodia compartida únicamente se podrá establecer cuando los progenitores del menor estén de acuerdo en ella y no exista ningún proceso abierto de violencia machista contra el padre.
·   Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución.
. Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.