por Bárbara Ester y Esteban De Gori
El universo complejo y heterogéneo del progresismo latinoamericano enfrenta grandes desafíos en un momento crítico de la economía mundial. La crisis iniciada con el derrumbe de Lehman Brothers ha significado mucho más que el quiebre de un conjunto de empresas y bancos. Ha significado la introducción de fuertes dosis de inseguridad e incertidumbre -en un mundo ya poco seguro- y la remodelación del ámbito económico, lo que ha supuesto fuertes desequilibrios y desigualdades en los países emergentes, afectando a los sistemas políticos. El bienio 2008-2009 fue el inicio de algunos problemas o de profundización de los mismos en las economías latinoamericanas, afectando a gobiernos conservadores y progresistas, los cuales, a la luz de los hechos, fueron los más perjudicados. Ello, fundamentalmente, porque la pauta de distribución de la riqueza y el subsidio de algunos servicios debió cesar o reducirse. Las clases medias de muchos países progresistas que habían visto aumentar sus posibilidades de consumo y acceso a bienes culturales se introdujeron por un tubo a la tendencia global de declive de la clase media. Sólo China y la India, entre otros grandes jugadores emergentes, contuvieron dicho declive. Estas modificaciones mundiales impactaron en las economías y en el universo político. El Estado y la política pudieron hacer muy poco para resistir los embates globales y para reconducir algo que esa crisis había provocado: el desajuste entre el individuo y el Estado. Pero no sólo un desajuste de expectativas, sin un desajuste mucho más profundo: ese Estado y esa democracia particular no podían protegerlos de los efectos de la globalización. Los progresismos observaron atónitos la fuga de adhesiones y votos. Estos que habían distribuido riqueza y ampliado la participación política observaron cómo el mal humor social fue circulando por espacios ciudadanos que se creían adherentes centrales de sus proyectos. En la actualidad, si por un momento corremos del escenario la situación venezolana y la realidad política nicaragüense, los gobiernos de Bolivia, Uruguay y México parecen haber encontrado formas de gestión de esa crisis iniciada en 2008 y que no ha cerrado. Han intentado reconfigurar la relación entre individuo-Estado calibrando las formas de intervención y de interpelación. Las experiencias gubernamentales de Bolivia y Uruguay –que son las más largas- han limitado sus primigenias expectativas, pero mantienen el poder con un importante apoyo social y con ciertas chances de continuar en las presidencias. Podríamos, aunque sea muy temprano, pensar que AMLO podría recorrer un sendero parecido. Pero también existen progresismos que intentan volver al poder o mantenerse en un lugar gravitante de sus políticas nacionales. Éstos hoy poseen desafíos más importantes y necesidades más agudas, ya que será imposible repetir políticas como si ello implicase la fórmula del éxito electoral y político. Esas clases medias latinoamericanas que, aunque ven perder sus ingresos y posiciones, observan con dificultad apoyar experiencias progresistas que esgriman políticas anteriores, o sectores populares complicados en sus vidas cotidianas que se lancen directamente a los brazos de esos progresismos sólo arguyendo políticas universales (que, como sabemos, muchas de ellas fueron puestas en cuestión por esos sectores que las recibieron). Por tanto, este progresismo se enfrenta a grandes desafíos: por un lado, establecer un proyecto político teniendo en cuenta los desajustes económicos, políticos y culturales que abrió la crisis del 2008 y, por otro, intentar representar a electorados distintos sin caer en la búsqueda de la minoría intensa o del núcleo duro. Es decir, el progresismo latinoamericano se enfrenta a sí mismo. En el primer aspecto, estos proyectos supondrán refundar las relaciones entre el Estado, los individuos y la sociedad. Lograr mayor igualdad, pero en contextos de interpelación de lo individual. Más que focalizarse en la ayuda social, es importante que el momento igualitario –el momento de la igualdad de posiciones, como indica François Dubet[1]– se realice en consonancia con la realización individual. Acotar la brecha de desigualdad es tanto un tema de lo universal como de lo individual. En el segundo aspecto, los progresismos deben revisar la crisis de representación que existía y que se ha profundizado con la posmodernidad y con el quiebre económico mundial de 2008. Dicha crisis es inmanente a las ideas o proyectos colectivos. La suma de demandas individuales de consumo, de las identidades y de los actores colectivos no se transforma por ósmosis en proyectos de sociedad. La instancia principal de representación en los regímenes democráticos, los partidos políticos, presentan un debilitamiento en su capacidad de representar e interpelar. La crisis de los partidos políticos afecta a los progresismos dado que éstos fueron creados para representar identidades, no para representar demandas individuales, y ello debe ser revisado. La demanda individual posee alto contenido político y, muchas veces, fue comprendida como un contenido moral o inmoral. En este sentido, el marketing político y, en menor medida, la política en términos sustanciales, han sido clave a la hora de buscar representar individuos atomizados y se han servido con éxito de la volatilidad electoral. Otro mecanismo que aseguraba sistemas de representación era el voto, o el mecanismo electoral. La fluctuación, la variabilidad en general en el mundo del voto, hace que este exprese una respuesta inmediata, generalmente una oposición que asegure un mecanismo de relación entre gobernantes y gobernados. No hay electorados ni afinidades fijas. Ni siquiera se puede pensar que un beneficiado será un adherente. La política progresista debe vivir con una regla de hierro: los beneficiados por sus políticas no serán permanentemente parte de su apoyo político. A continuación se detallan algunos de los temas clave a los que se enfrentan los espacios políticos que aspiren a la realización de intereses desde la perspectiva de la igualdad de posiciones.- Polarización
- Corrupción, seguridad y orden social
- Igualdad de género
- Sustentabilidad
- Derecho a la ciudad
- Movimientos sociales