Propuestas para una limpieza ética de la Administración Pública –se recomienda aplicarlas sin piedad, pero con mascarilla-.

No dejamos de hablar de lo mismo, ¿verdad? Parece que nuestro mundo se ha reducido a un eterno darle vueltas a la crisis. El diagnóstico de lo que no ocurre está bastante claro, y suficientemente expresado. Pero uno echa de menos propuestas concretas destinadas a que las cosas cambien, a salir de ésta sentando las bases de una sociedad mejor. Pienso que cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestro conocimiento sectorial derivado de la formación y/o el trabajo, deberíamos poner en circulación ideas para reconstruir el mundo. A veces nos sorprende encontrar algunas que, en términos macroeconómicos, nos explican que existen alternativas para reducir gastos y obtener ingresos. Claro que nunca llegan a los telediarios, pero aun así mucha gente las lee a través de la red y uno piensa que ese conocimiento colectivo acabará teniendo algún sentido.
Aquí van las mías, referidas al concreto ámbito de la Administración Pública. Últimamente se nos intenta convencer de que es el centro de nuestros males, y se habla de ella como de una realidad sin matices, se la quiere arreglar a brochazos –o mejor, tijeretazos-, y se la presenta como una suerte de comuna hippie, en el sentido paródico del término, llena de vagos y gente de mal vivir mantenidos por el resto de esforzados trabajadores. La descripción, en realidad, tiene algo de cierto, pero se equivoca en su objeto. Generalizar es la manera más directa de sembrar la injusticia. Empecemos:
-Los jueces tienen un régimen estricto de actuación en el caso de presentar alguna clase de afectación personal relacionada con el caso que enjuician. La ley les impone el deber de apartarse, y la posibilidad de que las partes lo promuevan, cuando existe algún grado de parentesco, amistad o incluso intereses más difusos relativos a lo que se discute o a quiénes lo discuten. Pues bien, la misma incompatibilidad ha de existir en lo que atañe al acceso a la administración pública. Nadie puede obtener plaza o puesto de trabajo en una administración donde ejerza su autoridad un pariente, amigo o similar. Sé que esto provocaría un inmediato recurso de constitucionalidad por vulneración del principio de igualdad. ¿Es que mi hijo no puede acceder a una plaza en el Ayuntamiento del que soy Alcalde?, dirían. La respuesta debe ser no, y el mismo fundamento que sustenta las prohibiciones a los jueces sería perfectamente aplicable por analogía. El juzgador debe decidir sobre la libertad o los bienes de una persona, y la ley le impone que ningún factor emocional incida en esa toma de decisión. Del mismo modo, el responsable político debe decidir sobre el trabajo y el proyecto vital de los ciudadanos cuando se enfrentan a las pruebas de acceso a la administración. Sin duda que muchos de estos casos son más relevantes que cientos de juicios donde un juez se ve obligado a apartarse del caso. No es difícil de entender.
Para ello se establecería, en primer lugar, esa incompatibilidad referida a un ente administrativo, departamento o dependencia concreta. Pero también una legitimación activa, amplia, para que cualquier trabajador público pudiese denunciar la existencia de esa relación de familiaridad, amistad o interés entre quien decide y quien aspira a ser elegido.
Hasta ahora algunos jueces han dado alas a la corrupción con base en un criterio grotesco: el de que la alta autoridad administrativa, pongamos en concejal, el consejero, ministro o diputado, no es quien se sienta en el tribunal de oposición y no es, por tanto, quien tiene la última palabra. Efectivamente, no es él quien lo hace… sino sus directos subordinados. Los funcionarios escogidos para formar parte de un tribunal calificador no necesitan que alguien les explique que tal o cual aspirante es el sobrino de no sé quién o que se trata de un fiel militante del partido que ha ayudado en la campaña electoral. La ley debe proteger a estos profesionales para que ni siquiera tengan la posibilidad de sentirse coaccionados.
Con esta medida poco arreglaríamos, porque entraría en juego inmediatamente el intercambio de cromos: yo coloco a tu hijo en la ciudad X y tú al mío en la cudad Z. De ahí la importancia de esa legitimación amplia para que cualquier persona pudiese ser denunciante, hasta de los cromos.
-Para articular estos controles se crearían medios de supervisión a cargo no de los representantes políticos, sino de profesionales provenientes de la sociedad civil. Al igual que se escogen peritos judiciales, por sorteo, de entre los especialistas en una materia determinada, así ocurriría en ese caso. Un auditor laboral analizaría la corrección del proceso y le daría el visto bueno, con posibilidad por supuesto de impugnación ante el juez.
Estas medidas, al menos, dificultarían las prácticas que han sido regla general en un buen número de administraciones.
-Y en el mismo sentido debería actuarse frente a eventuales recortes de personal público. Con una ignorancia cercana a la temeridad se habla de interinos y contratados como si se tratase de tipos sospechosos, cuando en muchas ocasiones se trata precisamente de los profesionales más valiosos, procedentes del mercado laboral privado. Dentro de ese mismo argumentario se alude a los funcionarios en un sentido sacramental, cuando un número importante de ellos apenas resistirían una revisión objetiva de las pruebas que les han dado acceso a su plaza, sobre todo en la Administración local, donde existe esa cercanía nefasta de carácter sanguíneo, amical o partidista -no así en educación, justicia o sanidad-. Los recortes de gasto en materia de personal no deberían ser en ningún caso generalizados, como lo ha sido la eliminación de la paga extra. Se necesitarían, de nuevo, auditorías laborales que examinasen la pulcritud de los procedimientos de acceso, la necesidad de los puestos de trabajo, etc. Nos llevaríamos muchas sorpresas, para lo cual sería igualmente necesaria la participación de los trabajadores públicos con la posibilidad de informar a los auditores. ¿Demonización de la casta política? Sí, claro, la misma que ahora se está realizando sobre quienes prestan servicios en las administraciones de manera tan genérica como injusta.
En la Administración autonómica y local podemos encontrar verdaderos linajes familiares en ciertos departamentos con plantillas infladas hasta reventar; organismos creados ad hoc para proporcionar servicios a la propia administración mediante formas societarias que sólo buscan eludir el régimen funcionarial para colocar gerentes y directores con remuneraciones obscenas; pruebas selectivas en las que, desde la misma redacción de las bases, se ha facilitado la incoporación a dedo, y otras que directamente constituyen un ejemplo típico de prevaricación. 
-En relación con lo anterior, las pruebas selectivas del futuro deberían eliminar cualquier posibilidad de corrupción: se acabaron todas aquellas que quepa filtrar, es decir, que no dependan del azar (sacar tres temas por un sistema de bolas es puro azar; responder a un test es relativamente fácil si te lo han proporcionado 48 horas antes). Los tribunales deberían estar compuestos por funcionarios ajenos a la concreta administración convocante e incluir un profesional del mundo privado. Formar parte de la administración como funcionario debería ser muy exigente, y por lo tanto indiscutible. En cuanto a la contratación en régimen laboral –puesto que muchas necesidades no se pueden dotar con carácter permanente- requeriría de un proceso selectivo en el que contase el currículum y la superación de pruebas prácticas mediante tribunales escogidos con el mismo criterio anterior.
-Se deberán eliminar de raíz todos aquellos organismos, entes instrumentales y demás satélites administrativos que presten servicios que puedan ofrecer los operadores privados. Pongo un ejemplo: una administración crea una sociedad de participación pública al cien por cien con el fin de realizar informes técnicos y desarrollar proyectos relacionados con las carreteras o el medio ambiente. Para ello la dota de personal público ya existente en la misma, traduciéndolo al castellano, los curritos que cobran un sueldo; pero sobre ellos se crea un organigrama de gerentes, asesores, directores generales, etc. que casualmente son miembros del partido o sobrinos tontos del concejal. Supresión inmediata. Esos servicios los pueden desempeñar profesionales del mundo privado, los funcionarios “regresarían” a su dependencia, y los asesores, a la calle. Así estaríamos recortando gastos y abriendo oportunidades en el mercado de trabajo.
-El ahorro que supondría eliminar todo aquello que únicamente ha servido para colocar amigos se emplearía, además de reducir el déficit, por supuesto, en dotar mejor a los servicios de inspección contra el fraude fiscal y laboral. Aquí contribuimos todos. Se acabó la picaresca de los de más arriba y de los de más abajo: el entramado societario realizado con el fin de evadir toda clase de responsabilidades, pero también el aprovechamiento espurio de quien cuenta con Seguridad Social gratuita a través del cónyuge y prefiere cobrar en negro por su trabajo. Los distintos ministerios contarán con una web donde podrán realizarse denuncias anónimas y a las que se responderá, en principio, con un requerimiento de información al presunto defraudador. ¡Qué barbaridad, una sociedad de denunciantes, como en el nazismo!, dirán algunos –aquí siempre que se toca a los sinvergüenzas echan mano del holocausto judío… hay que tener valor-. Pues sí: ya no podemos confiar en la ética ciudadana, en especial tras estos años gloriosos en que mucha gente se convirtió en especulador con el ladrillo, en experto defraudador y perito en pagas, pensiones y subvenciones. Solidaridad para todo aquel que lo necesite, recursos para fomentar la igualdad de oportunidades, o mejor, de “capacidades” en términos de Amartya Sen. Pero a partir de ahí, mano dura con el pícaro, a quien hasta ahora se ha aplaudido, y todo el mundo a trabajar.

¿Por qué los partidos políticos nunca tomarían estas medidas de limpieza de la Administración? Porque los afecta directamente. Se negarán, está claro, y nos dirán que las soluciones vienen por otro lado. Pero han de tenernos enfrente con la legitimidad que nos da nuestra condición de ciudadanos.

Hay una regla importante, una especie de “prueba del nueve” de la calidad profesional: consiste en comprobar si todo aquel que está en política, o trabaja en la Administración, tendría igualmente hueco en el mercado privado de trabajo. Si no es así, se encuentra bajo sospecha. Necesitamos que dedicarse al servicio público, en cualquiera de sus facetas, sea motivo de orgullo, y no señal de estar muy bien relacionado. Sea cual sea el escenario macroeconómico que nos aguarde a medio plazo, si no abordamos estos cambios todo seguirá igual, y la hecatombe se repetirá tarde o temprano. Más allá de medidas fiscales, de reordenación competencial del Estado o de maneras de obtener recursos, se hace preciso imponer a hierro una concepción ética del trabajo público. Y para eso la civilización nos ha dotado de una herramienta muy clara y directa: el derecho, la capacidad de normativizar la existencia, y de contar con una justicia independiente que controle el respeto de la norma.