Proyecto Castor, un ejemplo de fascismo económico

250 microseísmos se han producido en la costa norte de la provincia de Castellón y al sur de Tarragona desde que comenzó a llevarse a cabo el proyecto Castor para el almacenamiento subterráneo de gas, otorgado por concesión  a la Unión Temporal de Empresas entre la canadiense CLP (30 %) y la española ACS, de Florentino Pérez.

La Generalitat Valenciana, el Gobierno y la empresa se encuentran estudiando la razón por la que se producen estos microseismos, aunque todo parece indicar que hay una relación directa entre el fracking en la costa levantina y los temblores de tierra.

El proyecto Castor trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar en el que almacenar un volumen de gas suficiente para suministrar hasta un tercio de la demanda nacional. Es una montaña sobre el lecho del mar y está sellada con arcilla y fango, lo que impide, a priori, que se escape el gas.

El proyecto Castor está gestionado desde una plataforma marina fija en la superficie, encima del depósito, desde la que se han perforado 13 pozos para poder inyectar primero gas natural y después extraerlo. También forma parte del proyecto una planta de operaciones terrestre situada en Vinaròs y un gaseoducto de 30 kilómetros. De éstos, 22 son submarinos y 8, terrestres. La función del gaseoducto es conectar el depósito submarino con la planta de operaciones.

La inversión en la plataforma del proyecto Castor ha sido de 1.300 millones de euros entre las obras y la inyección de gas, y fueron aportados por un consorcio de 19 bancos internacionales, cinco de los cuáles son españoles. De hecho, el mayor de los costes fue la inyección de gas, lo que mantuvo paralizado durante algunos años el proyecto hasta que se inició en 2013 gracias a un cambio realizado por el Ministerio de Industria, quien permitió que se desembolsara una cantidad de dinero que ACS no tenía, lo que demuestra de nuevo y trato de favor preferente hacia las operaciones empresariales que no garantizan ni mucho menos la seguridad ciudadana, a pesar de que el Ministerio de Industria justifica esta decisión a que se está en contacto permanente con los institutos encargados de elaborar el informe para conocer si la causa de estos movimientos se debe a la actividad del proyecto. El Instituto Geográfico Nacional está ultimando un estudio que contempla la posibilidad de que la inyección de gas haya podido alterar el equilibrio del subsuelo.

Al final, por estas dudas y por presiones de grupos ecologistas y oposición de muchos ciudadanos levantinos que sufren en sus carnes los seísmos, el día 26 de septiembre, Industria dio la orden de paralizar la inyección de gas. A partir de ahora, las decisiones que se vayan a tomar con respecto a la actividad del proyecto Castor estarán en directa relación con las conclusiones extraídas de los informes técnicos solicitados al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico.

Una vez paralizado el proyecto, el problema que se nos avecina es otro. Hace poco más de un mes, es decir en medio de la mayor oleada de escándalos de corrupción y despilfarro de dinero público, se aprobó el real decreto ley 13/2014 que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones del proyecto Castor indefinidamente. Este importe debía ser abonado en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto. El plazo vencía el 14 de noviembre, a día de hoy la indemnización ya ha sido cobrada por ESCAL, sociedad participada por ACS. No sabemos si es más increíble que se haya aceptado la indemnización o que ya la haya cobrado, cuando hay dependientes que llevan dos años esperando a cobrar los atrasos de las ayudas que el Estado les debe.

El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Es decir, es como si al comprarte unos zapatos te hacen pagar también otros que no te vas a llevar y que se los va a poner otra persona gratis.

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

Tal y como están los ánimos, esto constituye un escándalo en el que de nuevo se demuestra que hay ciertos sectores económicos que están por encima del bien y del mal en nuestro país. Por ello, varias entidades, como la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, así como el partido Equo, han firmado un manifiesto en el que urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el real decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. Estas  organizaciones hacen un llamamiento para que la ciudadanía no pague la deuda del proyecto Castor y para que las instalaciones sean desmanteladas, lo que, aseguran, el real decreto imposibilita.

Según estas organizaciones es más que probable que, en la práctica, la cantidad total que asumirían los ciudadanos podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones del proyecto Castor, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.