El lunes 4, los trabajadores de Materfer ocuparon la planta, ante la negativa de la patronal a indemnizar a seis trabajadores cesanteados y por una deuda salarial con los 270 trabajadores de la planta. La ocupación se levantó cuando la patronal retrocedió. El presidente de la firma, hijo de Sergio Taselli, un cristinista de primera hora, atribuyó la situación a la compra, por parte de la Nación, de 500 coches eléctricos a China para los ferrocarriles Mitre y Sarmiento.
Junto al piquete de Materfer, los trabajadores metalúrgicos de la fábrica de elásticos Faesa organizaron uno propio para reclamar la reincorporación de doce compañeros, despedidos sin causa y sin aviso previo. El delegado gremial de la fábrica anunció en los medios que “con los subsidios que les está dando el gobierno, en realidad están indemnizando a la gente que despiden”.El nuevo secretario general de la UOM, Rubén Urbano, declaró que “desde principios de año se detectaron despidos en varias empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba, incluyendo retiros voluntarios y suspensiones. Lo que tememos es que esta situación se generalice hacia otras empresas”.
Automotrices
En las automotrices, el año empezó con 19 despidos sin causa en Volkswagen. La gran mayoría de los cesanteados había participado en noviembre de la lista opositora. Omar Dragún, titular del Smata, es también ministro de Trabajo de la provincia.
Fiat e Iveco han despedido a un centenar de trabajadores de planta; al igual que en Renault, no han renovado los contratos a numerosos trabajadores. El informe que dio a conocer la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) para 2013 anunciaba que “para hacer frente a la creciente pérdida de competitividad será necesario reducir costos”. Son cada vez más numerosos los trabajadores contratados, que cobran un tercio del salario de los de planta. Fiat ha llegado al límite mensual autorizado de contrataciones. El ritmo de trabajo en las líneas de producción ha crecido en la mayoría de las terminales automotrices. El salario real ha caído (sin contar que el mínimo no imponible le retiene mensualmente, a un sector importante de la planta, casi el monto de un alquiler).
La lucha contra el impuesto al salario ha cobrado un carácter explosivo.
Construcción y call centers
Según Ramón Palacios, secretario gremial de la Uocra, “Actualmente hay entre 1.500 y 2.000 operarios a la espera de que se reactiven los trabajos públicos en la provincia”. De los 150 obreros con los que empezó una de las principales obras públicas de la provincia -hoy sólo quedan 35-, el resto está suspendido. Si se suma la obra privada, tres mil trabajadores han perdido su trabajo este año.
Al igual que en la industria, la precarización laboral y el número de accidentes laborales fatales ha generado movilizaciones crecientes.
Para cerrar este cuadro, el martes 12, el mayor call center de la provincia, el holding Jazzplat, beneficiado por exenciones impositivas y otros incentivos del Estado, informó el cierre de sus puertas en Córdoba, lo cual efectiviza el despido de 159 empleados, que se suman los 1.200 cesanteados con anterioridad. En los últimos años casi un tercio de los 30.000 ha perdido su fuente de trabajo.
Que se prohíban los despedidos y suspensiones
De la Sota y su ministro de Industria le pasan la factura al gobierno nacional, al que adjudican la parálisis de la obra pública y el “atraso cambiario”. Este último es la queja principal de las multinacionales que exportan a Brasil.
Lo concreto es que la crisis la pagan los trabajadores. El Frente de Izquierda presentó a fines de 2008 un proyecto de ley para prohibir los despidos y suspensiones y que se repartan las horas de trabajo disponibles. Ese proyecto está cajoneado en la Comisión de Trabajo de la Legislatura. Exigimos su urgente tratamiento y aprobación.
Convocamos a los trabajadores a deliberar en asambleas, para enfrentar las suspensiones y despidos.
Que se repartan las horas de trabajo entre toda la fuerza laboral sin afectar los salarios; igual salario entre contratados y los de planta; apertura de los libros de las empresas bajo control obrero.
Alejandro Roqueiro